Reglamento de la Ley Vial Prioritaria acumula 11 meses de atraso

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria fue concebida para acelerar proyectos estratégicos, reducir tiempos de ejecución y crear un modelo técnico de planificación para la red vial del país.  

• Sin embargo, a casi 21 meses de su entrada en vigor, la principal herramienta para hacerla operativa sigue pendiente. El Estado acumula 16 obligaciones vencidas y apenas seis compromisos cumplidos. La implementación de una de las reformas más importantes para la infraestructura continúa incompleta. 

Por qué importa. Los efectos del atraso ya son visibles. Existe un presupuesto de GTQ 402M destinado al funcionamiento de la DIPP que depende de la activación plena de los mecanismos contemplados en la ley.  

• Además, la primera evaluación de la red vial prioritaria debió realizarse en abril de 2026 y todavía no se concreta.  

• Sin diagnóstico, sin reglamento y sin ejecución integral, el país continúa postergando decisiones clave para mejorar su competitividad. 

Qué destacar. El reglamento de la ley debió publicarse el 20 de noviembre de 2025; ya tiene casi 11 meses de retraso.  

• Se trata de la obligación más relevante que permanece pendiente dentro de la normativa.  

• Sin este instrumento, la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) no puede operar plenamente ni desplegar todas las herramientas previstas en la ley.  

• Lo que nació como una reforma para agilizar la construcción de carreteras sigue detenido por incumplimientos administrativos. 

Datos clave. Los atrasos no se limitan al reglamento. 

• También siguen pendientes la evaluación primaria de la red vial prioritaria, la publicación de informes técnicos y diversos procedimientos administrativos contemplados en la ley.  

• Varias de estas obligaciones vencieron hace meses y otras debieron completarse durante el 2026.  

• El resultado es una reforma que avanza a un ritmo muy inferior al establecido por el propio Congreso. 

Balance. Consultada sobre el estado del reglamento, la Secretaría General de la Presidencia indicó que el documento se encuentra en la fase final de revisión.  

• La entidad explicó que aún existen detalles por revisar para garantizar su solidez jurídica y que, aunque prevé una pronta aprobación, no puede confirmar una fecha de publicación. 

• La respuesta también señala que el texto ya cuenta con los pronunciamientos de las instituciones involucradas y llegó recientemente a la Secretaría General.  

• Aun así, la principal condición para la plena implementación de la ley continúa pendiente. 

Voces. Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de FUNDESA, la principal falla es la capacidad de ejecución del Estado.  

• “El problema no es solo de leyes, sino de ejecución”, sostiene.  

• A su juicio, Guatemala logró aprobar una legislación moderna para transformar la gestión vial, pero ha sido incapaz de cumplir sus propios plazos.  

• “Si 20 meses después no hay reglamento, no hay fondos y no hay equipo técnico, el mensaje para el inversionista y para el ciudadano es que el Estado puede legislar, pero le cuesta mucho cumplir lo que legisla”, añade. 

Sí, pero. La falta del reglamento no ha impedido por completo la utilización de la ley.  

• El Ministerio de Comunicaciones ha adjudicado alrededor de GTQ 1300M en proyectos, principalmente de mantenimiento, utilizando el mecanismo previsto en el artículo 95. 

• Esta disposición permite procedimientos especiales de contratación por emergencia sin recurrir a licitaciones ordinarias.  

• No obstante, el uso de una excepción no sustituye el modelo institucional y de planificación estratégica que buscaba establecer la reforma, enfatiza Zapata. 

En conclusión. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria fue diseñada para acelerar obras y superar décadas de rezago en carreteras.  

• Casi dos años después de su entrada en vigor, la principal barrera ya no es la falta de legislación ni de recursos disponibles.  

• El problema es el incumplimiento de los plazos establecidos por el propio Estado para hacer funcionar la reforma.  

• Como resume Zapata, “una ley que no opera termina siendo un delito de incumplimiento de deberes”.