EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), creada por el Decreto 29-2024 del Congreso, comienza a dar sus primeros pasos institucionales tras meses de incertidumbre, demoras y tensiones entre actores públicos y privados.
Qué destacar. Aunque esta semana se celebró la publicación del Acuerdo Ministerial 692-2025 por parte del Ministerio de Finanzas Públicas —un paso técnico clave para la formalización contable de la DIPP—, el proceso ha estado lejos de ser fluido.
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El acuerdo, publicado en el Diario Oficial el 10 de octubre, modifica el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público para incluir a la dirección como una entidad institucional.
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Esto permite que, por primera vez, se le asignen recursos desde el presupuesto nacional, lo que habilita la contratación de personal y el inicio de operaciones.
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Sin embargo, se advierte que este avance llega con meses de retraso y tras una resistencia inicial del MINFIN a efectuar el cambio. Aparentemente, por tratarse de una propuesta impulsada desde el sector privado.
Sí, pero. La publicación del clasificador es un gran avance, pero no suficiente. Aún falta que la Oficina Nacional de Servicio Civil, emita una respuesta formal y que se trabaje en la estructura presupuestaria para que la directora ejecutiva pueda ser contratada.
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Aunque la gerente (Claudia Cáceres) ya fue nombrada, no ha podido asumir funciones oficialmente por falta de mecanismos legales para su remuneración. Esta semana se celebró una reunión del directorio de la DIPP en la que se discutió una versión preliminar del reglamento general de la Ley.
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El sector privado solicitó: un informe circunstanciado sobre los plazos incumplidos desde la entrada en vigencia de la Ley, y el inicio del trabajo para formular reglamentos específicos que pueden ser aprobados directamente por el directorio, sin necesidad de acuerdos gubernativos.
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Estos reglamentos, todavía en proceso de definición, serán clave para establecer las normas operativas internas de la nueva entidad.
Punto de fricción. El fondo del problema, sin embargo, persiste. La Dirección aún no cuenta con la independencia plena ni con los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir su mandato.
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Aunque se establece que la institución será desconcentrada, su autonomía operativa depende de que se consolide su estructura administrativa y financiera.
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La posibilidad de recurrir a vías legales para exigir el cumplimiento de la Ley no ha sido descartada, se indicó, pues se requiere retomar su espíritu inicial.
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La DIPP perdió su autonomía en septiembre al ser absorbida por el Ministerio de Comunicaciones, lo que desmanteló su estructura ágil y especializada.
Lo que sigue. En cuanto a los recursos, el presupuesto del próximo año ya contempla asignaciones que comenzarán a ejecutarse a partir de julio de 2026.
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Estos fondos provienen de dos fuentes principales: asignaciones directas del Tesoro y un porcentaje de los ingresos derivados de la distribución del petróleo.
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A partir de 2027, la nueva entidad recibirá el 30 % del saldo de caja del presupuesto. Esto fortalecerá su capacidad financiera para emprender proyectos de gran escala.
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Se espera que los primeros proyectos puedan comenzar a estructurarse a finales de 2026 o principios de 2027.
En conclusión. Uno de sus primeros mandatos será llevar a cabo un estudio exhaustivo del estado de la red vial nacional, como lo establece la Ley. Este diagnóstico será la base para diseñar un plan estratégico de infraestructura que priorice los proyectos más urgentes y de mayor impacto.
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La pregunta que queda en el aire es si la DIPP superará los obstáculos fundacionales. Si transformará la red vial, o quedará atrapada en la maraña burocrática que ha frenado el desarrollo de infraestructura en el país.
La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), creada por el Decreto 29-2024 del Congreso, comienza a dar sus primeros pasos institucionales tras meses de incertidumbre, demoras y tensiones entre actores públicos y privados.
Qué destacar. Aunque esta semana se celebró la publicación del Acuerdo Ministerial 692-2025 por parte del Ministerio de Finanzas Públicas —un paso técnico clave para la formalización contable de la DIPP—, el proceso ha estado lejos de ser fluido.
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El acuerdo, publicado en el Diario Oficial el 10 de octubre, modifica el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público para incluir a la dirección como una entidad institucional.
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Esto permite que, por primera vez, se le asignen recursos desde el presupuesto nacional, lo que habilita la contratación de personal y el inicio de operaciones.
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Sin embargo, se advierte que este avance llega con meses de retraso y tras una resistencia inicial del MINFIN a efectuar el cambio. Aparentemente, por tratarse de una propuesta impulsada desde el sector privado.
Sí, pero. La publicación del clasificador es un gran avance, pero no suficiente. Aún falta que la Oficina Nacional de Servicio Civil, emita una respuesta formal y que se trabaje en la estructura presupuestaria para que la directora ejecutiva pueda ser contratada.
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Aunque la gerente (Claudia Cáceres) ya fue nombrada, no ha podido asumir funciones oficialmente por falta de mecanismos legales para su remuneración. Esta semana se celebró una reunión del directorio de la DIPP en la que se discutió una versión preliminar del reglamento general de la Ley.
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El sector privado solicitó: un informe circunstanciado sobre los plazos incumplidos desde la entrada en vigencia de la Ley, y el inicio del trabajo para formular reglamentos específicos que pueden ser aprobados directamente por el directorio, sin necesidad de acuerdos gubernativos.
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Estos reglamentos, todavía en proceso de definición, serán clave para establecer las normas operativas internas de la nueva entidad.
Punto de fricción. El fondo del problema, sin embargo, persiste. La Dirección aún no cuenta con la independencia plena ni con los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir su mandato.
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Aunque se establece que la institución será desconcentrada, su autonomía operativa depende de que se consolide su estructura administrativa y financiera.
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La posibilidad de recurrir a vías legales para exigir el cumplimiento de la Ley no ha sido descartada, se indicó, pues se requiere retomar su espíritu inicial.
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La DIPP perdió su autonomía en septiembre al ser absorbida por el Ministerio de Comunicaciones, lo que desmanteló su estructura ágil y especializada.
Lo que sigue. En cuanto a los recursos, el presupuesto del próximo año ya contempla asignaciones que comenzarán a ejecutarse a partir de julio de 2026.
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Estos fondos provienen de dos fuentes principales: asignaciones directas del Tesoro y un porcentaje de los ingresos derivados de la distribución del petróleo.
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A partir de 2027, la nueva entidad recibirá el 30 % del saldo de caja del presupuesto. Esto fortalecerá su capacidad financiera para emprender proyectos de gran escala.
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Se espera que los primeros proyectos puedan comenzar a estructurarse a finales de 2026 o principios de 2027.
En conclusión. Uno de sus primeros mandatos será llevar a cabo un estudio exhaustivo del estado de la red vial nacional, como lo establece la Ley. Este diagnóstico será la base para diseñar un plan estratégico de infraestructura que priorice los proyectos más urgentes y de mayor impacto.
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La pregunta que queda en el aire es si la DIPP superará los obstáculos fundacionales. Si transformará la red vial, o quedará atrapada en la maraña burocrática que ha frenado el desarrollo de infraestructura en el país.
