EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) hizo un llamado urgente para que se cumpla con la implementación inmediata del Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. A más de dos meses del vencimiento de los primeros plazos legales, el inicio de esta normativa, clave para el desarrollo vial del país, continúa sin concretarse.
Por qué importa. El Decreto 29-2024 obliga al Ministerio de Finanzas a transferir Q30 millones a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), pero los fondos aún no han sido desembolsados. Tampoco se ha completado la codificación presupuestaria, ni los trámites administrativos necesarios para operar.
- Además, el Ministerio tampoco emitió los procedimientos requeridos para garantizar los contratos bajo el nuevo esquema.
- A esto se suma el inminente vencimiento de la fecha límite para que el IGSS, la SAT y el Registro Mercantil habiliten el portal interinstitucional para empresas extranjeras. La falta de cumplimiento podría afectar seriamente la apertura del sistema de contratación a operadores internacionales.
- La DIPP, concebida como una unidad autónoma con independencia técnica, económica y funcional, corre el riesgo de quedar absorbida por la estructura tradicional del Estado. De no otorgarle la clasificación institucional adecuada, se vería obligada a operar bajo procesos obsoletos, con limitaciones en la contratación de personal especializado y sin agilidad para ejecutar proyectos.
Qué destacar. La ley fue aprobada tras seis años de discusión y plantea un modelo innovador: contratos de disponibilidad sin cobros de peaje, que permitirían modernizar la red carretera, aumentar la competitividad y reducir costos logísticos.
- Sin embargo, cada mes de atraso incrementa el costo de oportunidad y retrasa el crecimiento económico del país.
- ATAL solicita al Congreso de la República que exija a las entidades responsables un cronograma público y vinculante para la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
- Asimismo, pide que las comisiones de Finanzas Públicas y de Comunicaciones den seguimiento permanente al proceso, y que se agilice la emisión de reglamentos, clasificaciones presupuestarias y el plan de transición de proyectos desde la Dirección General de Caminos (DGC) y COVIAL hacia la nueva Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).
En conclusión. La puesta en marcha del Decreto 29-2024 no solo representa un compromiso legal, sino una oportunidad estratégica para transformar la infraestructura vial de Guatemala.
- Sin avances concretos, los beneficios prometidos en eficiencia, competitividad y conectividad nacional siguen siendo solo potenciales en el papel. La falta de acción no es solo una omisión administrativa: es un freno al desarrollo.
- ATAL advierte que el tiempo se agota y que seguir aplazando la implementación equivale a dejar pasar una oportunidad histórica.
- El llamado al Congreso es claro: convertir la ley en acción, porque un país moderno no puede avanzar sobre una red vial obsoleta.
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) hizo un llamado urgente para que se cumpla con la implementación inmediata del Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. A más de dos meses del vencimiento de los primeros plazos legales, el inicio de esta normativa, clave para el desarrollo vial del país, continúa sin concretarse.
Por qué importa. El Decreto 29-2024 obliga al Ministerio de Finanzas a transferir Q30 millones a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), pero los fondos aún no han sido desembolsados. Tampoco se ha completado la codificación presupuestaria, ni los trámites administrativos necesarios para operar.
- Además, el Ministerio tampoco emitió los procedimientos requeridos para garantizar los contratos bajo el nuevo esquema.
- A esto se suma el inminente vencimiento de la fecha límite para que el IGSS, la SAT y el Registro Mercantil habiliten el portal interinstitucional para empresas extranjeras. La falta de cumplimiento podría afectar seriamente la apertura del sistema de contratación a operadores internacionales.
- La DIPP, concebida como una unidad autónoma con independencia técnica, económica y funcional, corre el riesgo de quedar absorbida por la estructura tradicional del Estado. De no otorgarle la clasificación institucional adecuada, se vería obligada a operar bajo procesos obsoletos, con limitaciones en la contratación de personal especializado y sin agilidad para ejecutar proyectos.
Qué destacar. La ley fue aprobada tras seis años de discusión y plantea un modelo innovador: contratos de disponibilidad sin cobros de peaje, que permitirían modernizar la red carretera, aumentar la competitividad y reducir costos logísticos.
- Sin embargo, cada mes de atraso incrementa el costo de oportunidad y retrasa el crecimiento económico del país.
- ATAL solicita al Congreso de la República que exija a las entidades responsables un cronograma público y vinculante para la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
- Asimismo, pide que las comisiones de Finanzas Públicas y de Comunicaciones den seguimiento permanente al proceso, y que se agilice la emisión de reglamentos, clasificaciones presupuestarias y el plan de transición de proyectos desde la Dirección General de Caminos (DGC) y COVIAL hacia la nueva Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP).
En conclusión. La puesta en marcha del Decreto 29-2024 no solo representa un compromiso legal, sino una oportunidad estratégica para transformar la infraestructura vial de Guatemala.
- Sin avances concretos, los beneficios prometidos en eficiencia, competitividad y conectividad nacional siguen siendo solo potenciales en el papel. La falta de acción no es solo una omisión administrativa: es un freno al desarrollo.
- ATAL advierte que el tiempo se agota y que seguir aplazando la implementación equivale a dejar pasar una oportunidad histórica.
- El llamado al Congreso es claro: convertir la ley en acción, porque un país moderno no puede avanzar sobre una red vial obsoleta.
