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Ley de Ciberseguridad nace entre dudas legales
El Decreto 26-2026 fue publicado este 17 de noviembre, pero expertos advierten vacíos legales y posibles choques constitucionales.
El Congreso finalmente convirtió en ley la esperada normativa de ciberseguridad. El Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, fue publicado el 17 de noviembre en el Diario de Centro América y entrará en vigor dentro de 30 días.
- Sin embargo, la publicación no puso fin al debate. Por el contrario, abrió una nueva etapa marcada por cuestionamientos jurídicos, constitucionales y regulatorios que podrían llevar la norma a los tribunales.
Qué destacar. Entre las voces más críticas figura el economista y analista Mariano Rayo, quien sostiene que la ley conserva defectos estructurales que no fueron corregidos durante la discusión legislativa.
- A su juicio, el problema no es la necesidad de contar con una ley de ciberseguridad, sino la manera en que fue redactada y aprobada.
- Uno de los principales cuestionamientos apunta a la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad. La ley lo define como ente rector nacional de la ciberseguridad y le asigna funciones estratégicas, de coordinación y supervisión.
- Según Rayo, esto causa una posible duplicidad con el ya existente Consejo Nacional de Seguridad, órgano que desde 2008 coordina la política de seguridad nacional. La ley no establece con claridad cuál de los dos tendría la autoridad final ante un ciberataque que comprometa la seguridad del Estado.
En el radar. Otro de los puntos más sensibles está en el régimen sancionatorio. El decreto clasifica las infracciones en leves, graves y gravísimas, pero deja al reglamento la definición de las conductas específicas y de las sanciones aplicables.
- Para los críticos, esto traslada al Organismo Ejecutivo una facultad que corresponde al Congreso y podría entrar en conflicto con el principio constitucional de legalidad.
- Las dudas también alcanzan el procedimiento administrativo. La norma otorga apenas dos días para responder cargos y cinco días para presentar pruebas.
- En un ámbito tan especializado como la ciberseguridad, donde suelen intervenir auditorías, análisis forenses y peritajes técnicos, esos plazos han sido considerados insuficientes para garantizar una defensa efectiva.
Sí, pero. El sector financiero también había advertido riesgos de doble supervisión.
- Aunque la versión final incorporó mecanismos de coordinación con la Superintendencia de Bancos y otras entidades vinculadas al combate del lavado de dinero, la ley no incorporó a la banca central ni a los reguladores financieros dentro de los órganos superiores de decisión, manteniendo la preocupación por eventuales conflictos regulatorios.
- Otro foco de controversia es el papel otorgado al Ministerio de la Defensa Nacional. El decreto le asigna funciones determinantes en la respuesta a incidentes de máxima gravedad y le encomienda elaborar el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas Digitales.
- Según los cuestionamientos planteados, ese catálogo podría terminar influyendo directamente en la aplicación de agravantes penales y en la activación de protocolos extraordinarios, pese a tratarse de una definición administrativa.
En conclusión. Las observaciones también alcanzan las facultades de acceso a datos, preservación de información e interceptación de comunicaciones.
- Aunque el texto incorpora control judicial en diversas etapas, persisten dudas sobre la precisión de varias disposiciones y sobre si cumplen plenamente con los estándares constitucionales relacionados con privacidad, debido proceso y protección de las comunicaciones.
- Para Rayo, la ley contiene avances importantes en materia de persecución del ciberdelito y cooperación internacional. Sin embargo, sostiene que conserva vacíos, contradicciones y delegaciones excesivas de facultades que podrían convertirse en el centro de futuras acciones de inconstitucionalidad.
- Así, la primera Ley Marco de Ciberseguridad del país inicia su vigencia rodeada de una paradoja: busca fortalecer la seguridad jurídica frente a las amenazas digitales, pero llega acompañada de dudas sobre su propia solidez constitucional.
Fotografía de KeepCoding en Unsplash