Fiscal García Luna se reúne con Justicia de EE. UU. en medio de ofensiva contra el narco de Guatemala

La visita del fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, al Departamento de Justicia de Estados Unidos ocurre en un momento particularmente sensible para la cooperación bilateral contra el crimen organizado.

• Washington anunció el 13 de noviembre sanciones contra Los Mendoza y Los Huistas, además de designar a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera, en una de las acciones más contundentes de los últimos años contra estructuras criminales guatemaltecas vinculadas al narcotráfico.

Es noticia. La señal fue enviada desde la propia cuenta de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense.

• “Guatemala se consolida como un aliado sólido en la lucha contra la delincuencia transnacional. Fue un placer recibir nuevamente al fiscal general Gabriel García Luna. Desde detenciones hasta extradiciones, nuestra cooperación está dando resultados. Y esto es solo el comienzo”, señaló la dependencia estadounidense.
• El mensaje no surge de forma aislada. Forma parte de una estrategia que Washington viene fortaleciendo desde septiembre, cuando una delegación sin precedentes de fiscales federales estadounidenses visitó Guatemala para coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de personas y otras estructuras criminales transnacionales.
• Participaron representantes del Departamento de Justicia, DEA, FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos.

Por qué importa. Durante esa visita, el encargado de negocios de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews, afirmó que el objetivo era perseguir a narcotraficantes, traficantes de personas y a quienes les brindan protección, incluyendo actores vinculados a la narcopolítica.

• También se anunció un fortalecimiento de la cooperación en extradiciones e investigaciones financieras.
• La reunión de García Luna en Washington coincide ahora con un nuevo escalón en esa ofensiva. El Departamento del Tesoro sancionó a Los Mendoza y Los Huistas por brindar apoyo logístico al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que el Departamento de Estado incluyó a Los Lorenzana en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
• Según Washington, los tres grupos son actores clave en corredores utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y mantienen capacidad de influencia territorial, económica y política en Guatemala.

En el radar. Las autoridades estadounidenses sostienen que Los Mendoza facilitan operaciones de transporte y logística para el Cártel de Sinaloa, con presencia en Petén, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.

• Los Huistas, por su parte, son señalados de proporcionar apoyo logístico y protección a cargamentos de narcóticos, además de haber construido relaciones con empresarios, funcionarios y actores políticos locales que facilitaron sus operaciones.
• Los Lorenzana fueron catalogados como una amenaza de carácter terrorista por sus vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

En conclusión. La coincidencia temporal entre las sanciones y la visita del fiscal general refuerza el mensaje que Washington ha venido transmitiendo durante los últimos meses: la cooperación ya no se limita a capturas y extradiciones, sino que busca atacar las finanzas, la infraestructura y las redes de protección que permiten operar a las organizaciones criminales.

• De hecho, durante la visita de fiscales estadounidenses a Guatemala en septiembre, tanto funcionarios de Estados Unidos como autoridades guatemaltecas identificaron como prioridades el combate al lavado de dinero, el financiamiento ilícito y los vínculos entre estructuras criminales y actores que facilitan su operación.
• En ese contexto, el encuentro de García Luna en el Departamento de Justicia aparece como una continuación de una estrategia más amplia.
• Mientras Washington estrecha el cerco financiero y legal sobre Los Mendoza, Los Huistas y Los Lorenzana, ambos gobiernos buscan fortalecer los mecanismos de investigación, judicialización y extradición contra organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.