Foppa: víctima de la narcopolítica enquistada en las fuerzas de seguridad
La narcopolítica, con mareros como peones, se enquistó en el Estado; el crimen de Solórzano Foppa y la fallida respuesta oficial lo evidencian.
Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en público, a plena luz del día y frente a decenas de testigos; ese es un hecho tan lamentable como incontrovertido e irrefutable.
Respecto de los móviles del crimen, se puede especular: su función como fiscal de delitos contra la vida llevó a la condena de varios mareros y peligrosos criminales que, desde hacía un tiempo, estaban saliendo de prisión al haber cumplido su condena.
La venganza es, por supuesto, uno de los móviles más comunes para delinquir, algo sobre lo que ha discurrido desde Lombroso y Carnelutti, pasando por Merton, Sutherland y Becker, hasta la actualidad. Será luego de la investigación del Ministerio Público (MP) y que se pruebe en un juicio que se determinará, al dar con los autores.
Pero hay un elemento adicional en esta trama: la evidente colaboración y encubrimiento —en más de alguna forma— de las autoridades, desde los agentes de la PNC asignados a su seguridad, hasta esferas más altas de ese cuerpo y, posiblemente, del Mingob.
No es ningún secreto que la PNC y el Mingob han sido penetrados por el crimen organizado —maras y narcotráfico, entre otros— desde hace buen tiempo, algo que denunció constantemente Solórzano Foppa, incluyendo a los elementos y las autoridades actuales.
El desparpajo con el que fue cometido el asesinato —con cerca de 50 disparos— sin respuesta alguna de su “seguridad” es el primer elemento que perturba; luego, la ridícula incriminación por parte de agentes de la PNC a un par de hermanos, repartidores, a quienes se les implantó un fusil —de un calibre que no fue utilizado en el asesinato— a quienes capturaron a pocos minutos, pero a varios kilómetros de distancia. Uno de los captores, incluso, fue grabado cuando le decía a uno de ellos: “cerrá la boquita”, al ingresar a la torre de tribunales.
Pero no se quedó ahí la cosa; horas más tarde, la PNC emitió un vergonzoso comunicado en el que poco faltó para inculpar y condenar sumariamente a los capturados. Tan burda puesta en escena fue desmontada de entrada, en la audiencia de primera declaración de los hermanos Choc Toz. A la luz de ello, tanto el comunicado de la PNC como las declaraciones del propio ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, no solo resultan insustanciales, sino que, pero aún, comprometedoras.
La narcopolítica —que incluye, como peones, a los mareros— se ha enquistado en el Estado; el asesinato de Solórzano Foppa y el terrible manejo de las autoridades de seguridad del país, lo evidencian una vez más.
En vísperas de un proceso electoral, es indispensable tomar conciencia de que Guatemala está ante una amenaza existencial: permitir que el crimen organizado tome el control total del Estado —ya está en las fuerzas de seguridad, alcaldías y diputaciones— o hacer un inusitado esfuerzo para que los más conspicuos “representantes” de la narcopolítica no obtengan escaño alguno en la próxima legislatura y, por supuesto, que los candidatos a la presidencia con claros vínculos con el narcotráfico no tengan el más mínimo chance.
La responsabilidad de este fiasco —por acción, omisión o incapacidad— del director de la PNC y del ministro de Gobernación debe ser evidenciada, si no en tribunales, en cuanto espacio público de discusión se pueda, pero la responsabilidad penal de los agentes que permitieron, habilitaron y encubrieron el asesinato, debe ser, ahí sí, llevada a juicio. Solo así, garantizando la certeza de castigo, es que se disuade y combate al crimen organizado.
Se debe hacer justicia; los deudos de Solórzano Foppa se merecen, cuando menos, eso.
Foppa: víctima de la narcopolítica enquistada en las fuerzas de seguridad
La narcopolítica, con mareros como peones, se enquistó en el Estado; el crimen de Solórzano Foppa y la fallida respuesta oficial lo evidencian.
Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en público, a plena luz del día y frente a decenas de testigos; ese es un hecho tan lamentable como incontrovertido e irrefutable.
Respecto de los móviles del crimen, se puede especular: su función como fiscal de delitos contra la vida llevó a la condena de varios mareros y peligrosos criminales que, desde hacía un tiempo, estaban saliendo de prisión al haber cumplido su condena.
La venganza es, por supuesto, uno de los móviles más comunes para delinquir, algo sobre lo que ha discurrido desde Lombroso y Carnelutti, pasando por Merton, Sutherland y Becker, hasta la actualidad. Será luego de la investigación del Ministerio Público (MP) y que se pruebe en un juicio que se determinará, al dar con los autores.
Pero hay un elemento adicional en esta trama: la evidente colaboración y encubrimiento —en más de alguna forma— de las autoridades, desde los agentes de la PNC asignados a su seguridad, hasta esferas más altas de ese cuerpo y, posiblemente, del Mingob.
No es ningún secreto que la PNC y el Mingob han sido penetrados por el crimen organizado —maras y narcotráfico, entre otros— desde hace buen tiempo, algo que denunció constantemente Solórzano Foppa, incluyendo a los elementos y las autoridades actuales.
El desparpajo con el que fue cometido el asesinato —con cerca de 50 disparos— sin respuesta alguna de su “seguridad” es el primer elemento que perturba; luego, la ridícula incriminación por parte de agentes de la PNC a un par de hermanos, repartidores, a quienes se les implantó un fusil —de un calibre que no fue utilizado en el asesinato— a quienes capturaron a pocos minutos, pero a varios kilómetros de distancia. Uno de los captores, incluso, fue grabado cuando le decía a uno de ellos: “cerrá la boquita”, al ingresar a la torre de tribunales.
Pero no se quedó ahí la cosa; horas más tarde, la PNC emitió un vergonzoso comunicado en el que poco faltó para inculpar y condenar sumariamente a los capturados. Tan burda puesta en escena fue desmontada de entrada, en la audiencia de primera declaración de los hermanos Choc Toz. A la luz de ello, tanto el comunicado de la PNC como las declaraciones del propio ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, no solo resultan insustanciales, sino que, pero aún, comprometedoras.
La narcopolítica —que incluye, como peones, a los mareros— se ha enquistado en el Estado; el asesinato de Solórzano Foppa y el terrible manejo de las autoridades de seguridad del país, lo evidencian una vez más.
En vísperas de un proceso electoral, es indispensable tomar conciencia de que Guatemala está ante una amenaza existencial: permitir que el crimen organizado tome el control total del Estado —ya está en las fuerzas de seguridad, alcaldías y diputaciones— o hacer un inusitado esfuerzo para que los más conspicuos “representantes” de la narcopolítica no obtengan escaño alguno en la próxima legislatura y, por supuesto, que los candidatos a la presidencia con claros vínculos con el narcotráfico no tengan el más mínimo chance.
La responsabilidad de este fiasco —por acción, omisión o incapacidad— del director de la PNC y del ministro de Gobernación debe ser evidenciada, si no en tribunales, en cuanto espacio público de discusión se pueda, pero la responsabilidad penal de los agentes que permitieron, habilitaron y encubrieron el asesinato, debe ser, ahí sí, llevada a juicio. Solo así, garantizando la certeza de castigo, es que se disuade y combate al crimen organizado.
Se debe hacer justicia; los deudos de Solórzano Foppa se merecen, cuando menos, eso.
