Ley de Cine: el caballo de Troya de la narcopolítica y la izquierda para lavar dinero

Que Guatemala tenga más cine es una aspiración que nadie sensato discute. El talento existe y ya compite en los festivales más exigentes. Pero la iniciativa 5906 no fue escrita para eso. Repite el truco más viejo de nuestra política: vestir de virtud un negocio y llamar cultura a lo que funciona como lavandería. Esta vez, el disfraz lo cosieron juntas, una vez más, la izquierda y la narcopolítica. 

Por qué importa. Los rostros ya son conocidos. En noviembre de 2024, el diputado Luis Aguirre de Cabal, celebró junto a Elena Motta, del oficialismo, la aprobación del Decreto 31-2024, la llamada “ley ganadera”. Su artículo 21 permitía declarar ingresos omitidos con un pago de 5 %, sin documentar su origen; la Corte de Constitucionalidad lo suspendió en abril de 2025. Hoy, la dupla es Aguirre y Victoria Godoy Palala; el objetivo es la Ley de Cine.

• La “ley ganadera” se aprobó en plena discusión del presupuesto de ese año y de la junta directiva para el siguiente.
• La iniciativa 5906, que superó su segundo debate el 10 de febrero sin oposición, espera el tercero justo en vísperas de elegir la nueva directiva y aprobar el presupuesto 2027.
• Motta, por cierto, también firmó el dictamen favorable de la Ley de Cine. Semilla/Raíces y Cabal vuelven a meterse en la cama. 

En el radar. El crimen organizado lava dinero en la obra pública desde hace décadas, y los Consejos de Desarrollo se volvieron su terreno predilecto. Una constructora de fachada paga en efectivo a los albañiles, alquila maquinaria y compra materiales con dinero sucio. Infla el costo de la obra y, al entregarla, el Estado le paga con una transferencia. Decenas de casos de corrupción, unos judicializados y otros engavetados, han retratado ese circuito.

Punto de fricción. El dictamen elimina el impuesto al boleto aéreo, pero instala algo peor: abre —al menos— seis vías para que el dinero público llegue a una productora, y no se obliga a rastrear el origen del dinero gastado.  

• El fondo de fomento financia hasta el total de una película con subsidios que reparte un Consejo con dos asientos gremiales. A eso se suma la devolución de hasta 30 % de lo invertido por productores residentes en “gastos de cualquier tipo”, que paga el propio Instituto sin fiducia ni auditor externo.
• Los productores extranjeros recuperan hasta 20 %. Las empresas que aporten a una película descuentan hasta 20 % de su ISR, aunque compartan dueños con la productora, y quien done a la industria deduce el gasto. 
• Nada impide que una producción cobre el subsidio y además pida la devolución. El Instituto, encima, contrata sin licitación publicidad y servicios en el exterior. 

La misma receta. Con la 5906, el narco no necesita cambiar de método, solo de giro. Cada paso de la obra pública tiene su equivalente en el cine, y con menos controles. 

• La constructora de papel se vuelve una productora inscrita en el Registro. Donde antes hacía falta ganar un contrato, ahora basta una certificación del Instituto. 
• Los albañiles y el asfalto pagados en efectivo se vuelven extras, técnicos, catering y escenografía, también en efectivo y con facturas de proveedores amigos. El presupuesto se infla sin riesgo, porque un set no tiene precio de referencia. 
• El pago por obra terminada se vuelve el subsidio del fondo y la devolución del Instituto, por transferencia. Si la productora es extranjera, el dinero sale del país sin retenciones. Y la película, de paso, puede instalar las narrativas del narco. 

En conclusión. Son dos frentes con un mismo objetivo. La izquierda consigue un instituto para su gremio y la narcopolítica, una lavadora con sello del Estado. Guatemala necesita más cine y menos lavanderías.

• Colombia, el modelo que el dictamen dice seguir, paga solo después de una auditoría externa y por medio de una fiducia. La [iniciativa] 5906 copió el beneficio, omitió los controles y ni siquiera menciona al beneficiario final.
• Una ley que devuelve dinero público sobre gastos imposibles de verificar no fomenta la cultura, la usa de fachada. Es el caballo de Troya de siempre, esta vez con claqueta.
• En la segunda entrega, cómo la misma ley pone una licencia del Estado entre la cámara y la libertad de expresión.