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Nueve fiscales de EE. UU. llegan por primera vez a Guatemala para reforzar lucha contra narco y narcopolítica

La delegación se reunió con Bernardo Arévalo y el MP para abordar estrategias de cooperación, seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Natalie Chang
22 de septiembre, 2026

Por primera vez, nueve fiscales federales de Estados Unidos llegaron juntos a Guatemala. La visita busca llevar la cooperación contra el crimen organizado a otro nivel. Ya no se trata únicamente de capturas. El objetivo es compartir inteligencia, acelerar extradiciones, llevar a cabo investigaciones conjuntas y golpear el dinero de las estructuras criminales.

La delegación sostuvo reuniones con autoridades guatemaltecas, incluido el presidente Bernardo Arévalo. Este martes también participó en un encuentro con el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Gabriel García Luna, para discutir estrategias de cooperación y seguridad. 

El mensaje que acompaña la visita es directo. No debe existir refugio para quienes estén vinculados con el narcotráfico. Pero el alcance va más allá. Washington ha elevado el tono contra la narcopolítica, es decir, la penetración del dinero o los intereses del narcotráfico en espacios de poder.

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El momento no es casual. Guatemala está a nueve meses de las elecciones generales previstas para el 27 de junio de 2027. La convocatoria está contemplada para el 22 de enero y una eventual segunda vuelta para el 22 de agosto. Los guatemaltecos elegirán presidente, diputados y autoridades municipales. 

Ese calendario abre otro frente en la lucha contra las drogas. El riesgo es que estructuras criminales busquen financiar campañas, impulsar candidatos o colocar personas cercanas en puestos desde los cuales puedan proteger sus operaciones.

La propia Embajada de Estados Unidos lanzó una advertencia pocas semanas antes de la visita. Washington aseguró que tiene “cero tolerancia” con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política. Después endureció el mensaje: Estados Unidos “no tolera la narcopolítica en el hemisferio”. 

La preocupación también existe dentro del Gobierno guatemalteco. En agosto, el viceministro antinarcóticos Víctor Hugo Cruz advirtió que las estructuras del narcotráfico buscarán incidir en las elecciones de 2027 para ganar poder dentro del Estado y obtener condiciones que faciliten sus actividades ilícitas. 

La visita de los fiscales adquiere peso bajo ese escenario. La administración de Donald Trump ha dejado claro que pretende atacar organizaciones completas. Eso significa perseguir operadores, rutas y cargamentos, pero también sus redes financieras y de protección.

Guatemala tiene una posición relevante en esa estrategia. El gobierno de Trump mantuvo este mes al país entre los 23 territorios considerados principales lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. Sin embargo, Guatemala no aparece entre los países que Washington considera que incumplieron de manera demostrable sus obligaciones internacionales antidrogas. 

La cooperación ya tiene resultados. Hasta el 4 de septiembre, Guatemala había concretado 21 extradiciones hacia Estados Unidos por casos relacionados con narcotráfico durante 2026, según información de la DEA difundida por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

A esto se suman mecanismos estadounidenses como la Joint Task Force Vulcan, enfocada en desmantelar la MS-13, y la Joint Task Force Alpha, dirigida contra redes transnacionales de tráfico ilícito y trata de personas.

Ahora Washington busca unir esas piezas. Inteligencia, investigaciones, dinero y extradiciones forman parte de una misma ofensiva.

Y con Guatemala acercándose a las urnas, aparece una quinta preocupación: impedir que el poder del narcotráfico se transforme en poder político.

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La delegación se reunió con Bernardo Arévalo y el MP para abordar estrategias de cooperación, seguridad y lucha contra el crimen organizado.

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Por primera vez, nueve fiscales federales de Estados Unidos llegaron juntos a Guatemala. La visita busca llevar la cooperación contra el crimen organizado a otro nivel. Ya no se trata únicamente de capturas. El objetivo es compartir inteligencia, acelerar extradiciones, llevar a cabo investigaciones conjuntas y golpear el dinero de las estructuras criminales.

La delegación sostuvo reuniones con autoridades guatemaltecas, incluido el presidente Bernardo Arévalo. Este martes también participó en un encuentro con el Ministerio Público, encabezado por el fiscal general Gabriel García Luna, para discutir estrategias de cooperación y seguridad. 

El mensaje que acompaña la visita es directo. No debe existir refugio para quienes estén vinculados con el narcotráfico. Pero el alcance va más allá. Washington ha elevado el tono contra la narcopolítica, es decir, la penetración del dinero o los intereses del narcotráfico en espacios de poder.

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El momento no es casual. Guatemala está a nueve meses de las elecciones generales previstas para el 27 de junio de 2027. La convocatoria está contemplada para el 22 de enero y una eventual segunda vuelta para el 22 de agosto. Los guatemaltecos elegirán presidente, diputados y autoridades municipales. 

Ese calendario abre otro frente en la lucha contra las drogas. El riesgo es que estructuras criminales busquen financiar campañas, impulsar candidatos o colocar personas cercanas en puestos desde los cuales puedan proteger sus operaciones.

La propia Embajada de Estados Unidos lanzó una advertencia pocas semanas antes de la visita. Washington aseguró que tiene “cero tolerancia” con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política. Después endureció el mensaje: Estados Unidos “no tolera la narcopolítica en el hemisferio”. 

La preocupación también existe dentro del Gobierno guatemalteco. En agosto, el viceministro antinarcóticos Víctor Hugo Cruz advirtió que las estructuras del narcotráfico buscarán incidir en las elecciones de 2027 para ganar poder dentro del Estado y obtener condiciones que faciliten sus actividades ilícitas. 

La visita de los fiscales adquiere peso bajo ese escenario. La administración de Donald Trump ha dejado claro que pretende atacar organizaciones completas. Eso significa perseguir operadores, rutas y cargamentos, pero también sus redes financieras y de protección.

Guatemala tiene una posición relevante en esa estrategia. El gobierno de Trump mantuvo este mes al país entre los 23 territorios considerados principales lugares de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. Sin embargo, Guatemala no aparece entre los países que Washington considera que incumplieron de manera demostrable sus obligaciones internacionales antidrogas. 

La cooperación ya tiene resultados. Hasta el 4 de septiembre, Guatemala había concretado 21 extradiciones hacia Estados Unidos por casos relacionados con narcotráfico durante 2026, según información de la DEA difundida por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

A esto se suman mecanismos estadounidenses como la Joint Task Force Vulcan, enfocada en desmantelar la MS-13, y la Joint Task Force Alpha, dirigida contra redes transnacionales de tráfico ilícito y trata de personas.

Ahora Washington busca unir esas piezas. Inteligencia, investigaciones, dinero y extradiciones forman parte de una misma ofensiva.

Y con Guatemala acercándose a las urnas, aparece una quinta preocupación: impedir que el poder del narcotráfico se transforme en poder político.

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