El caso Portillo: siguiendo los pasos de México y Colombia

Guatemala está entrando en una etapa peligrosa de violencia política. No necesariamente por la cantidad de asesinatos, sino por la naturaleza de sus víctimas, los intereses que rodean sus muertes y las consecuencias que pueden tener sobre la competencia electoral. 

En perspectiva. El asesinato del diputado Julio César Portillo Paz, ocurrido el 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa, debería encender todas las alarmas. No se trataba de un candidato municipal desconocido, asesinado en medio de una disputa electoral en algún rincón del país. Portillo era un diputado en funciones, con aspiraciones de continuar su carrera política, que mantenía enfrentamientos públicos con otras figuras de poder en su departamento. 

• En el ataque también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil.  

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• Más que meramente el asesinato de un político, fue una demostración de violencia capaz de alcanzar a un representante del Congreso y a quienes lo protegían. 

• Pero lo más indicativo es el hecho de que ocurrió cuando Guatemala se aproxima a las elecciones generales de 2027. 

Entre líneas. Portillo no era ajeno a las controversias. Había acumulado denuncias, disputas y acusaciones durante su carrera política. Pero también tenía adversarios claramente identificables en el territorio.  Una de ellas era la diputada Carolina Orellana, con quien compartió espacio político antes de convertirse en su rival. Su enfrentamiento se hizo público desde la campaña de 2023 y escaló posteriormente a discusiones, denuncias y medidas de protección. La ruptura adquiría especial relevancia de cara a 2027. Portillo, electo originalmente con Cabal —partido en el que posteriormente chocaría con Orellana— se había incorporado a la UNE de Sandra Torres.  

• Ambos representaban proyectos rivales en Zacapa, donde la competencia por una curul también implica influencia territorial, relaciones con alcaldías y acceso al poder político. 

• Portillo también mantenía un enfrentamiento con Karen Xiomara Ovalle, alcaldesa de Zacapa. Sus diferencias sobre asuntos municipales y la distribución de apoyos públicos se habían convertido en una disputa abierta. 

• Ovalle, además, está casada con Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, quien cuenta con antecedentes judiciales por narcotráfico en EE. UU. La política departamental se desarrolla en un entorno donde las rivalidades personales, los intereses electorales y las conexiones históricas con estructuras vinculadas al narcotráfico forman parte de una misma realidad territorial. 

Por qué importa. La muerte de Portillo altera la competencia política en Zacapa. Uno de los principales adversarios electorales de Carolina Orellana ha desaparecido del escenario. Su incorporación a la UNE le ofrecía una plataforma partidaria desde la cual disputar nuevamente el poder en el departamento. Esa posibilidad terminó abruptamente con su asesinato. 

• Esto no significa que Orellana, la alcaldesa Ovalle o cualquier otro adversario político estén involucrados en el crimen. No existe evidencia pública que permita sostener semejante acusación. 

• Pero tampoco significa que las consecuencias políticas del asesinato deban ignorarse. 

• En una democracia, la competencia electoral debe resolverse mediante votos. Cuando uno de los competidores es asesinado, la contienda cambia independientemente de quién haya ordenado el crimen. 

Ecos regionales. América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de permitir que la violencia criminal penetre la competencia política. Colombia vivió los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán y, más recientemente, Miguel Uribe Turbay. México sufrió los magnicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, entre muchos otros más. Aunque cada móvil fue distinto, todos revelan una amenaza común: cuando la violencia elimina a figuras políticas relevantes, no solamente desaparece una persona.  

• En simultáneo se altera la representación, se intimida a posibles competidores y se debilita la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente. 

• Guatemala todavía no enfrenta una violencia política comparable en magnitud a la que atravesaron México y Colombia en sus períodos más críticos. Pero el asesinato de un diputado en funciones, acompañado de tres policías, obliga a preguntarse si estamos presenciando una transformación cualitativa del problema. 

• El riesgo trasciende al hecho de que las organizaciones criminales financien campañas, compren funcionarios o capturen instituciones. Ahora, la violencia va encaminada a convertirse en un instrumento para reorganizar el poder político. 

El peligro.  La investigación del asesinato de Portillo debe establecer quiénes ejecutaron el ataque, quiénes lo ordenaron y cuál fue el móvil. Cualquier conclusión anticipada sería irresponsable. No obstante, la ausencia de una respuesta judicial tampoco puede convertirse en una excusa para ignorar el contexto político. Si el asesinato de un congresista puede modificar una disputa electoral sin que el Estado consiga esclarecerlo, el mensaje para otros aspirantes es devastador: competir por el poder podría significar arriesgar la vida. 

• Guatemala no necesita alcanzar las cifras de violencia de México o Colombia para reproducir algunas de sus consecuencias más peligrosas. 

• Adicionalmente, el narcotráfico no tiene que controlar todo el Estado para condicionar la democracia. Basta con que la frontera entre el poder político y las estructuras criminales se vuelva cada vez más difícil de distinguir. 

• Cuando los asesinatos comienzan a decidir quién puede competir por un cargo público, las elecciones dejan de ser plenamente libres, aunque las urnas sigan abiertas.