EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La última semana de mayo se perfila como decisiva en el Congreso de la República para la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero, en un contexto de fuerte presión política e internacional que mantiene el pulso entre el Legislativo y actores externos interesados en el tema.
Qué destacar. La junta directiva, encabezada por Luis Contreras, ha dejado claro que está dispuesta a “mover cielo y tierra” para lograr que la normativa avance en línea con los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La intención es evitar retrasos y enviar una señal clara de cumplimiento ante la comunidad internacional.
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Sin embargo, persisten intentos de algunas bancadas por introducir cambios o agregar disposiciones que respondan a intereses particulares. En ese escenario, la embajada de EE. UU. lanzó un mensaje público al “instar” a los diputados a aprobar la ley sin dilaciones ni modificaciones que reduzcan su alcance, con el objetivo de cerrar espacios al narcotráfico y otras estructuras criminales.
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La aprobación es clave para evitar que Guatemala sea incluida en listas grises internacionales, lo que tendría efectos directos en la inversión extranjera y el funcionamiento del sistema financiero. Además, fortalece los mecanismos para detectar, prevenir y sancionar el lavado de dinero, una de las principales herramientas del crimen organizado para operar y expandirse.
En el radar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia hoy una nueva visita técnica al país, que se extenderá hasta el 5 de junio, un proceso anual que examina el desempeño macroeconómico, la política fiscal y la solidez del sistema financiero.
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Esta revisión es clave, ya que funciona como un diagnóstico integral sobre la estabilidad económica y tiene un peso determinante en la percepción de riesgo de inversionistas y calificadoras internacionales.
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En 2025, el FMI concluyó que Guatemala mantiene una economía resiliente, con baja inflación, estabilidad externa y niveles de endeudamiento moderados, aunque advirtió la necesidad de impulsar reformas estructurales para elevar la inversión y reducir la pobreza.
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También insistió en fortalecer la recaudación, mejorar el gasto público y avanzar en leyes clave, incluida la normativa contra el lavado de dinero.
Lo que sigue. El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, inicia su segunda semana al frente del Ministerio Público (MP) en medio de expectativas por una reconfiguración más profunda de la institución.
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En sus primeros días, una de las decisiones más visibles fue el anuncio del cierre de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), junto con la salida de su jefe, Rafael Curruchiche.
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A esto se sumaron medidas como la prohibición para que empleados utilicen redes sociales para divulgar información relacionada con su trabajo, así como ajustes en la comunicación institucional.
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Se anticipan nuevas remociones y nombramientos estratégicos que definirán el rumbo de la persecución penal, por lo que las próximas semanas serán determinantes.
Ecos regionales. El Salvador entra en una nueva etapa en materia de seguridad y justicia, según el presidente Nayib Bukele, enfocada en combatir todos los delitos y no solo el crimen violento, con énfasis en ilícitos como contrabando, evasión fiscal, estafas y corrupción.
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El objetivo es consolidar al país como el más seguro, y como el que tenga mayor nivel de ley y orden en la región, dijo el mandatario durante la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la República.
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En Honduras se prevé una semana de investigaciones y posibles destituciones tras la masacre que involucra a fuerzas de seguridad y crimen organizado. También habrá presión internacional para depurar estructuras dentro del Estado.
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La acusación contra Raúl Castro genera inquietud en la dictadura de Nicaragua por el precedente internacional que podría abrir. Se advierte que el régimen Ortega‑Murillo teme ser el siguiente en enfrentar acciones similares.
La última semana de mayo se perfila como decisiva en el Congreso de la República para la aprobación de la nueva ley contra el lavado de dinero, en un contexto de fuerte presión política e internacional que mantiene el pulso entre el Legislativo y actores externos interesados en el tema.
Qué destacar. La junta directiva, encabezada por Luis Contreras, ha dejado claro que está dispuesta a “mover cielo y tierra” para lograr que la normativa avance en línea con los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La intención es evitar retrasos y enviar una señal clara de cumplimiento ante la comunidad internacional.
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Sin embargo, persisten intentos de algunas bancadas por introducir cambios o agregar disposiciones que respondan a intereses particulares. En ese escenario, la embajada de EE. UU. lanzó un mensaje público al “instar” a los diputados a aprobar la ley sin dilaciones ni modificaciones que reduzcan su alcance, con el objetivo de cerrar espacios al narcotráfico y otras estructuras criminales.
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La aprobación es clave para evitar que Guatemala sea incluida en listas grises internacionales, lo que tendría efectos directos en la inversión extranjera y el funcionamiento del sistema financiero. Además, fortalece los mecanismos para detectar, prevenir y sancionar el lavado de dinero, una de las principales herramientas del crimen organizado para operar y expandirse.
En el radar. El Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia hoy una nueva visita técnica al país, que se extenderá hasta el 5 de junio, un proceso anual que examina el desempeño macroeconómico, la política fiscal y la solidez del sistema financiero.
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Esta revisión es clave, ya que funciona como un diagnóstico integral sobre la estabilidad económica y tiene un peso determinante en la percepción de riesgo de inversionistas y calificadoras internacionales.
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En 2025, el FMI concluyó que Guatemala mantiene una economía resiliente, con baja inflación, estabilidad externa y niveles de endeudamiento moderados, aunque advirtió la necesidad de impulsar reformas estructurales para elevar la inversión y reducir la pobreza.
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También insistió en fortalecer la recaudación, mejorar el gasto público y avanzar en leyes clave, incluida la normativa contra el lavado de dinero.
Lo que sigue. El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, inicia su segunda semana al frente del Ministerio Público (MP) en medio de expectativas por una reconfiguración más profunda de la institución.
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En sus primeros días, una de las decisiones más visibles fue el anuncio del cierre de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), junto con la salida de su jefe, Rafael Curruchiche.
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A esto se sumaron medidas como la prohibición para que empleados utilicen redes sociales para divulgar información relacionada con su trabajo, así como ajustes en la comunicación institucional.
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Se anticipan nuevas remociones y nombramientos estratégicos que definirán el rumbo de la persecución penal, por lo que las próximas semanas serán determinantes.
Ecos regionales. El Salvador entra en una nueva etapa en materia de seguridad y justicia, según el presidente Nayib Bukele, enfocada en combatir todos los delitos y no solo el crimen violento, con énfasis en ilícitos como contrabando, evasión fiscal, estafas y corrupción.
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El objetivo es consolidar al país como el más seguro, y como el que tenga mayor nivel de ley y orden en la región, dijo el mandatario durante la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la República.
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En Honduras se prevé una semana de investigaciones y posibles destituciones tras la masacre que involucra a fuerzas de seguridad y crimen organizado. También habrá presión internacional para depurar estructuras dentro del Estado.
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La acusación contra Raúl Castro genera inquietud en la dictadura de Nicaragua por el precedente internacional que podría abrir. Se advierte que el régimen Ortega‑Murillo teme ser el siguiente en enfrentar acciones similares.
