EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En medio de un proceso legislativo que avanza con dificultades y constantes retrasos por falta de acuerdos políticos, el Congreso de Guatemala mantiene en discusión la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, normativa que el sector privado considera urgente para enfrentar el avance de las economías criminales en el país.
La urgencia no responde solo a una exigencia externa, sino a un deterioro interno. La demora legislativa debilita la capacidad del Estado para detener actividades ilícitas que fortalecen estructuras criminales mediante el lavado de dinero, en especial el contrabando, un eje prioritario de preocupación.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha insistido en que el contrabando no constituye una simple informalidad, sino que es parte de redes criminales organizadas que evaden controles fiscales y aduaneros, obtienen ganancias ilícitas y luego intentan legitimarlas mediante operaciones comerciales o financieras.
Importancia de la iniciativa antilavado
La iniciativa busca modernizar un marco legal rezagado. Entre los principales cambios figuran la ampliación de sujetos obligados, incluyendo sectores no financieros como abogados, contadores y actividades inmobiliarias; el fortalecimiento de la debida diligencia con enfoque basado en riesgo; la identificación del beneficiario final de sociedades y estructuras jurídicas; mejores mecanismos de reporte de transacciones sospechosas y una institucionalidad alineada con estándares internacionales.
La actualización jurídica adquiere una dimensión competitiva frente a los países aledaños. Guatemala necesita armonizar su normativa con la tendencia regional e internacional, donde bancos, inversionistas y corresponsales exigen trazabilidad, transparencia y controles efectivos. El país está más expuesto al crimen organizado y pierde atractivo frente a jurisdicciones con mayor certeza jurídica como las de Centroamérica.
El riesgo inmediato es que Guatemala sea incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si no demuestra avances antes de la evaluación prevista para 2027. Esa condición implicaría ser identificada como una jurisdicción con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Guatemala ya conoce ese antecedente: fue incluida en 2001 en la lista de países no cooperantes del GAFI y salió en 2004 tras reformas legales e institucionales. Las consecuencias económicas de la inclusión en la lista pueden ser críticas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que los países incluidos registran, en promedio, una reducción de entradas de capital equivalente a un 7.6 % del PIB junto con caídas promedio del 3 % del PIB en inversión extranjera directa.
Esa advertencia es especialmente relevante. En 2025, reportó USD 1881M en IED, cuyo principal sector receptor fueron las actividades financieras y de seguros (USD 855M). El área más expuesta a la confianza internacional es precisamente el sistema financiero, que necesita reglas claras para preservar corresponsalías bancarias, financiamiento, comercio exterior y operaciones transfronterizas.
El caso DHK Finance y Bantrab
El caso DHK Finance y Banco de los Trabajadores (Bantrab) ejemplifica los riesgos sistémicos actuales. Una inversión de USD 20M logró ingresar al sistema financiero guatemalteco pese a inconsistencias sobre el origen de los fondos. Aunque la IVE detectó el caso, la resolución tomó más de una década y terminó con extinción de dominio y nulidad de acciones.
A pesar de la vulnerabilidad por falta de regulación, Bantrab aparece hoy como un caso de resiliencia y buena práctica empresarial. Pese a la exposición, el banco logró sostener su solidez y avanzar hacia mejores estándares de control. Sin embargo, también confirma que la fortaleza interna no basta si el marco legal permite que capitales cuestionados permanezcan durante años dentro del sistema.
Por ello, la aprobación de la ley antilavado funge como herramienta para prevenir riesgos sistémicos. Un marco normativo robusto permitiría detectar operaciones sospechosas de forma temprana, ampliar la supervisión y seguir la ruta de la cadena de valor ilícita del dinero —como el contrabando— hasta su intento de blanqueo.
Guatemala se encuentra ante una coyuntura crítica entre modernizar su normativa para fortalecer la transparencia y alinearse con las reglas financieras internacionales o asumir el riesgo de deteriorar su reputación, encarecer su acceso a capital y debilitar la competitividad de su sistema bancario, con efectos que podrían tardar años en revertirse.
En medio de un proceso legislativo que avanza con dificultades y constantes retrasos por falta de acuerdos políticos, el Congreso de Guatemala mantiene en discusión la nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, normativa que el sector privado considera urgente para enfrentar el avance de las economías criminales en el país.
La urgencia no responde solo a una exigencia externa, sino a un deterioro interno. La demora legislativa debilita la capacidad del Estado para detener actividades ilícitas que fortalecen estructuras criminales mediante el lavado de dinero, en especial el contrabando, un eje prioritario de preocupación.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha insistido en que el contrabando no constituye una simple informalidad, sino que es parte de redes criminales organizadas que evaden controles fiscales y aduaneros, obtienen ganancias ilícitas y luego intentan legitimarlas mediante operaciones comerciales o financieras.
Importancia de la iniciativa antilavado
La iniciativa busca modernizar un marco legal rezagado. Entre los principales cambios figuran la ampliación de sujetos obligados, incluyendo sectores no financieros como abogados, contadores y actividades inmobiliarias; el fortalecimiento de la debida diligencia con enfoque basado en riesgo; la identificación del beneficiario final de sociedades y estructuras jurídicas; mejores mecanismos de reporte de transacciones sospechosas y una institucionalidad alineada con estándares internacionales.
La actualización jurídica adquiere una dimensión competitiva frente a los países aledaños. Guatemala necesita armonizar su normativa con la tendencia regional e internacional, donde bancos, inversionistas y corresponsales exigen trazabilidad, transparencia y controles efectivos. El país está más expuesto al crimen organizado y pierde atractivo frente a jurisdicciones con mayor certeza jurídica como las de Centroamérica.
El riesgo inmediato es que Guatemala sea incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), si no demuestra avances antes de la evaluación prevista para 2027. Esa condición implicaría ser identificada como una jurisdicción con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Guatemala ya conoce ese antecedente: fue incluida en 2001 en la lista de países no cooperantes del GAFI y salió en 2004 tras reformas legales e institucionales. Las consecuencias económicas de la inclusión en la lista pueden ser críticas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que los países incluidos registran, en promedio, una reducción de entradas de capital equivalente a un 7.6 % del PIB junto con caídas promedio del 3 % del PIB en inversión extranjera directa.
Esa advertencia es especialmente relevante. En 2025, reportó USD 1881M en IED, cuyo principal sector receptor fueron las actividades financieras y de seguros (USD 855M). El área más expuesta a la confianza internacional es precisamente el sistema financiero, que necesita reglas claras para preservar corresponsalías bancarias, financiamiento, comercio exterior y operaciones transfronterizas.
El caso DHK Finance y Bantrab
El caso DHK Finance y Banco de los Trabajadores (Bantrab) ejemplifica los riesgos sistémicos actuales. Una inversión de USD 20M logró ingresar al sistema financiero guatemalteco pese a inconsistencias sobre el origen de los fondos. Aunque la IVE detectó el caso, la resolución tomó más de una década y terminó con extinción de dominio y nulidad de acciones.
A pesar de la vulnerabilidad por falta de regulación, Bantrab aparece hoy como un caso de resiliencia y buena práctica empresarial. Pese a la exposición, el banco logró sostener su solidez y avanzar hacia mejores estándares de control. Sin embargo, también confirma que la fortaleza interna no basta si el marco legal permite que capitales cuestionados permanezcan durante años dentro del sistema.
Por ello, la aprobación de la ley antilavado funge como herramienta para prevenir riesgos sistémicos. Un marco normativo robusto permitiría detectar operaciones sospechosas de forma temprana, ampliar la supervisión y seguir la ruta de la cadena de valor ilícita del dinero —como el contrabando— hasta su intento de blanqueo.
Guatemala se encuentra ante una coyuntura crítica entre modernizar su normativa para fortalecer la transparencia y alinearse con las reglas financieras internacionales o asumir el riesgo de deteriorar su reputación, encarecer su acceso a capital y debilitar la competitividad de su sistema bancario, con efectos que podrían tardar años en revertirse.
