La crisis de la USAC atrapada en los pasillos de la CC

La historia reciente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y los expedientes relacionados con la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) parece confirmar un patrón que se ha repetido desde el inicio de la actual magistratura: decisiones demoradas, profundas divisiones internas y una creciente percepción de que los casos políticamente sensibles avanzan a un ritmo distinto al del resto de asuntos.

• Lo ocurrido con la elección del fiscal general fue una primera señal. Entonces, resoluciones emitidas cuando el proceso prácticamente había concluido ordenaron retrotraer actuaciones y repetir etapas de selección, dejando la impresión de una justicia constitucional tardía y poco efectiva.

Qué destacar. Con el cierre de ese capítulo, la atención se trasladó a otro de los conflictos institucionales más importantes del país: la elección del rector de la USAC.

• Nuevamente, la CC se convirtió en escenario de tensiones internas. Dentro del tribunal constitucional resulta evidente la existencia de dos bloques. Por un lado, las magistradas Annabella Morfín, actual presidenta de la Corte, y Astrid Lemus han mantenido coincidencias en las resoluciones vinculadas a la crisis universitaria.
• Por el otro, los magistrados Roberto Molina, Dina Ochoa y Julia Maldonado han sostenido posiciones distintas.
• La consecuencia práctica de esta división ha sido la dificultad para alcanzar consensos y la prolongación de expedientes que afectan directamente la gobernabilidad de la universidad pública.

Sí, pero. El nivel de confrontación llegó a tal extremo que el magistrado Molina terminó apartándose del conocimiento de los expedientes relacionados con la USAC.

• Diversos señalamientos lo colocaron en el centro de las críticas, bajo la acusación de supuestamente favorecer los intereses de Walter Mazariegos. El hecho refleja el grado de polarización que rodea al caso universitario.
• Pocas veces un conflicto ha generado tal nivel de desgaste dentro de la propia Corte. No se trata únicamente de diferencias jurídicas; la percepción es que los expedientes se han convertido en una disputa de fuerzas donde cada bloque intenta resistir hasta que el otro ceda.
• Todo parece indicar que la dinámica interna responde cada vez menos a la urgencia de resolver los casos y más a una especie de pulso institucional para ver quién se cansa primero.

Entre líneas. La cuestionada reelección de Walter Mazariegos para el período 2026-2030 se encuentra precisamente en el centro de esa disputa.

• Diversos sectores universitarios, estudiantes, docentes, profesionales y electores han promovido acciones legales cuestionando la integración de cuerpos electorales, decisiones del Consejo Superior Universitario y actuaciones relacionadas con el proceso de elección.
• Sin embargo, ninguna de esas acciones ha logrado alterar el resultado final.
• Mientras los expedientes permanecen sin una resolución definitiva, Mazariegos está próximo a completar su primer mes de un segundo mandato que inició sin sobresaltos institucionales.

En el radar.  La situación resulta particularmente llamativa porque la agenda de la CC ha mostrado una tendencia recurrente: los expedientes se anuncian, se programan y posteriormente son retirados.

• El lunes 20 de julio varios casos relacionados con la USAC estaban enlistados para conocimiento del pleno, pero terminaron fuera de agenda.
• Ahora se anuncia que el próximo 27 de julio serán conocidos al menos 14 expedientes, la mayoría apelaciones de autos por suspensión y apelaciones en amparo promovidas por estudiantes, profesionales, docentes y electores vinculados al proceso de elección rectoral.
• Sin embargo, la experiencia acumulada en los últimos meses alimenta el escepticismo. La pregunta ya no es qué resolverá la Corte, sino si realmente resolverá.

Lo que sigue. La demora tiene consecuencias. Cada semana que transcurre sin un pronunciamiento definitivo fortalece los efectos de los actos impugnados y reduce el impacto práctico de una eventual sentencia.

• En términos políticos y administrativos, el rector ya ejerce plenamente sus funciones. La incertidumbre jurídica beneficia al statu quo y debilita las expectativas de quienes acudieron a los tribunales en busca de una revisión constitucional del proceso electoral.
• En la práctica, el tiempo se ha convertido en el principal aliado de la continuidad. Paralelamente, tampoco existen señales claras en el ámbito penal. Se habla de al menos 17 denuncias presentadas contra Mazariegos ante el Ministerio Público, pero no se conocen avances públicos significativos.
• En cuanto a la Contraloría General de Cuentas, la institución confirmó que una auditoría especial fue requerida por la Fiscalía contra la Corrupción bajo reserva, conforme al artículo 314 del Código Procesal Penal. De esa investigación derivaron tres denuncias penales, pero el procedimiento permanece bajo confidencialidad y sin información accesible para la comunidad universitaria.

En conclusión. Así, el panorama actual está marcado por el silencio institucional. Mazariegos asumió un segundo período sin el denominado finiquito, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Probidad para el ejercicio de cargos públicos.

• Ninguna autoridad detuvo su toma de posesión. Ningún proceso judicial ha producido efectos concretos. Ninguna investigación penal ha generado resultados conocidos.
• En medio de ese escenario, la principal perjudicada continúa siendo la USAC. La falta de resoluciones oportunas alimenta la incertidumbre, las versiones encontradas y la desconfianza hacia las instituciones llamadas a impartir justicia.
• Mientras la CC posterga decisiones, los magistrados mantienen una pugna interna que parece no tener fin y las investigaciones permanecen bajo reserva; la universidad pública sigue operando entre restricciones, temores y cuestionamientos. Entretanto, los expedientes se acumulan, las agendas cambian y el tiempo sigue produciendo el efecto que ninguna resolución ha logrado revertir.