CC se fractura en caso USAC: voto favorece a Mazariegos, pero no hay firma

La Corte de Constitucionalidad (CC) camina al borde de una crisis que no es solo jurídica, sino también política.

Es noticia. Tres de sus cinco magistrados titulares, Dina Ochoa, Roberto Molina y Julia Rivera, decidieron avanzar en la revocatoria de los amparos que bloquean la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

• Es un giro contundente que apunta a desmontar la resistencia judicial que, en las últimas semanas, había golpeado la cuestionada reelección del funcionario universitario.
• La decisión, aunque tomada en el fondo, no existe en la forma. No ha sido firmada. Y ese detalle no es menor: sin firmas, no hay resolución; sin resolución, no hay certeza.
• La presidenta de la CC, Annabella Morfín, y la magistrada Astrid Lemus se oponen. El resultado es un limbo institucional difícil de justificar en una corte diseñada, precisamente, para resolver conflictos constitucionales con claridad y celeridad.

Qué destacar. El argumento de la mayoría es técnico: los amparos deben revocarse porque quienes los promovieron carecen de legitimidad y porque no se agotaron las vías legales ordinarias.

• En otras palabras, se trata de corregir lo que consideran una utilización indebida del mecanismo constitucional. Sin embargo, el trasfondo es inevitablemente político. 
• Lo que está en juego no es solo un expediente, sino el control de la rectoría de la única universidad pública del país y, con ella, su peso en la arquitectura institucional nacional.
• El contexto lo evidencia. El 29 de mayo, un Tribunal Constitucional de Amparo otorgó protección definitiva y ordenó repetir fases clave del proceso electoral que, el 8 de abril, derivó en la reelección de Mazariegos.

En el radar. Ese fallo no surgió en el vacío: recogía años de cuestionamientos sobre exclusión de cuerpos electorales, irregularidades en la acreditación de votantes y dudas sobre requisitos legales del propio candidato.

• Antes, el 4 de mayo, un juzgado civil ya había suspendido provisionalmente la elección por estas razones. Incluso la propia CC, el 25 de mayo, había optado por no conceder amparos provisionales, dejando abierta la disputa de fondo.
• Hoy, ese equilibrio precario se ha roto. La mayoría de los magistrados parece decidida a cerrar filas y permitir que Mazariegos asuma el 1 de julio.
• Pero la resistencia interna ha trasladado el conflicto del plano jurídico al administrativo: no es que no haya decisión, es que no se ejecuta. Y esa dilación no es inocente.

Entre líneas. La estrategia atribuida a Morfín es clara: retrasar resoluciones de alto impacto nacional.

• El cálculo, según se percibe, es simple: si el calendario avanza sin firmas, el plazo puede jugar en contra de Mazariegos.
• Un rector electo que no logra asumir en tiempo abre otro frente de incertidumbre, aunque también exhibe una distorsión grave en el funcionamiento de la justicia constitucional.
• El problema es que esta táctica erosiona la credibilidad de la CC. No hay registro, en sus 40 años de existencia, de una situación similar: una mayoría definida incapaz de materializar su decisión por la negativa de una minoría a firmar. No se trata de un disenso jurídico ordinario, sino de una parálisis institucional.

En conclusión. Mientras tanto, la USAC sigue atrapada en su propia crisis.

• La reelección de Mazariegos nació cuestionada, se sostuvo en medio de protestas y ahora depende de un tribunal dividido. La CC, en lugar de ofrecer certezas, reproduce la fragmentación que debería ordenar.
• El resultado es un mensaje preocupante: en Guatemala, incluso las decisiones más importantes pueden quedar suspendidas no por falta de argumentos, sino por cálculo interno.
• Y cuando eso ocurre en la máxima corte constitucional, la incertidumbre deja de ser un efecto colateral y se convierte en la regla.