Empresa vinculada al entorno de Alejos buscó Q94 millones con solo cuatro guardias acreditados
La oferta más alta para 416 agentes fue adjudicada dos veces a una empresa con cuatro guardias acreditados, pero el IGSS frenó el contrato.
Cuando Localiza Monitoring Services, S.A. presentó su oferta para brindar seguridad privada en 31 instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el concurso exigía 416 agentes armados y acreditados. Sin embargo, los registros de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) reportaban que la empresa contaba con apenas cuatro agentes con credencial vigente entre marzo y agosto de 2026.
A pesar de ello, la compañía llegó dos veces a la adjudicación de un contrato por GTQ 94 348 800M. Solo la intervención de la Junta Directiva del IGSS evitó que el negocio se concretara.
La dimensión del contrato era significativa. El monto equivalía a 2.7 veces los aproximadamente GTQ 34.87M que Localiza había acumulado en adjudicaciones públicas entre 2020 y 2026, según los registros revisados para esta investigación.
Los nexos con el entorno de Gustavo Alejos
Localiza aparece vinculada al entorno de Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom y condenado en el caso Negociantes de la Salud por delitos relacionados con la manipulación de contrataciones públicas del IGSS.
Sus hijos, José Javier y Gustavo Andrés Alejos Jansa, figuran en registros de cuotas patronales de la seguridad social asociados a Localiza en distintos períodos entre 2021 y 2023.
Otro vínculo relevante conduce a Trade & Investment, S.A. Ambas compañías comparten representante legal, Nery Amilkar Patzán García, así como dirección y número telefónico.
Trade & Investment obtuvo una adjudicación por GTQ 11.7M en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) para suministrar cámaras de la marca china Dahua, cuyos equipos han sido objeto de restricciones en Estados Unidos por preocupaciones de seguridad y espionaje.
La oferta más cara
Localiza presentó la propuesta más elevada de los cuatro participantes.
Su oferta superaba en GTQ 36 316 800M a la de Black Warrior Security, la más baja del concurso, y en GTQ 3 494 400M a la de Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (VISEGUA).
La diferencia no era únicamente económica. Mientras Localiza registraba cuatro agentes acreditados, VISEGUA contaba con 850 y V.I.P. Security con 718 en agosto de 2026. Ambas empresas ofertaron precios menores. Black Warrior, que reportaba 13 agentes acreditados, fue descalificada por incumplimientos documentales.
El contraste también se reflejó en la evaluación de las ofertas.
La Junta de Licitación excluyó a VISEGUA por una diferencia en la redacción de una dirección consignada en un seguro de caución. En un documento aparecía como “17 calle 7-50, zona 13, Aurora I” y en otro como “17 calle 7-50, zona 13, Colonia Aurora I, ciudad de Guatemala”.
Localiza, en cambio, continuó en competencia pese a múltiples reparos y terminó convertida en la única oferta calificada, con una puntuación de 100 puntos.
Un expediente lleno de observaciones
El expediente de Localiza acumuló declaraciones juradas incorrectas, legalizaciones objetadas, inconsistencias en fechas y datos personales, discrepancias bancarias y dudas sobre sus constancias de experiencia.
La empresa afirmó contar con 95 constancias, pero entregó 92. Además, presentó un archivo de Excel vacío durante una de las subsanaciones.
Pese a ello, recibió tres rondas de aclaraciones antes de la primera adjudicación. Otros participantes quedaron fuera tras una sola observación.
También surgieron cuestionamientos sobre las licencias necesarias para operar.
La Junta de Licitación adjudicó el contrato sin objetar las licencias tipo A, para vigilancia y protección, y tipo H, para reclutamiento y capacitación, aunque ambas aparecían vencidas desde el 9 de agosto, diez días antes de la adjudicación.
Fue la Gerencia del IGSS la que advirtió esa situación.
Localiza argumentó que había solicitado la renovación de las licencias y que contaba con protección judicial para continuar operando. Sin embargo, al 7 de septiembre, el listado público de la DIGESSP únicamente reflejaba vigente una licencia tipo F, correspondiente a monitoreo electrónico.
La Gerencia también cuestionó la ausencia de documentos oficiales que acreditaran la vigencia de las demás autorizaciones. A ello se sumaba otra interrogante: cómo respaldaba cinco años de experiencia en vigilancia cuando la licencia tipo A examinada databa de octubre de 2023.
Dos adjudicaciones y dos rechazos
La primera adjudicación fue aprobada el 19 de agosto por dos integrantes de la Junta de Licitación y rechazada por uno.
El 3 de septiembre, sin embargo, la Junta Directiva del IGSS improbó por unanimidad la adjudicación debido a las inconsistencias detectadas.
Lejos de cerrar el caso, dos integrantes de la Junta de Licitación insistieron en favorecer a la empresa. Tras nuevas explicaciones de Localiza, ratificaron la adjudicación el 16 de septiembre.
La respuesta de la Junta Directiva fue nuevamente contundente.
El 24 de septiembre volvió a improbar el contrato por unanimidad y ordenó concluir el concurso.
La decisión impidió que avanzara una contratación de GTQ 94.3M que había superado múltiples cuestionamientos documentales y operativos.
Mientras la Junta de Licitación llevó a Localiza hasta la adjudicación en dos ocasiones, la Junta Directiva terminó deteniendo el proceso.
Para el 30 de septiembre, la empresa registraba siete agentes acreditados. Aun así, seguía estando 409 guardias por debajo de los 416 exigidos por las bases.
Otros contratos pese a la falta de personal acreditado
La escasez de agentes registrados ante la DIGESSP no impidió que Localiza siguiera obteniendo negocios con el Estado.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) le adjudicó Q2,290,800 para proporcionar 23 agentes de seguridad perimetral en la Dirección Superior y sus anexos.
Por separado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le adjudicó Q2,415,000 para prestar el mismo servicio en el Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva.
En conjunto, la empresa obtuvo Q4,705,800 en contratos que exigían 23 guardias cada uno.
Sin embargo, los registros de la DIGESSP consultados entre marzo y agosto de 2026 reportaban únicamente cuatro agentes acreditados.
La contradicción plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de la compañía y sobre los mecanismos utilizados por las instituciones para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Más que una licitación fallida
El caso de Localiza trasciende una contratación frustrada.
La historia muestra cómo una empresa que acreditaba apenas una fracción del personal requerido logró mantenerse en competencia, recibir múltiples oportunidades para corregir errores y alcanzar dos veces la adjudicación de un contrato millonario.
También exhibe una aparente disparidad en los criterios de evaluación. Mientras algunos oferentes fueron excluidos por observaciones documentales menores, Localiza continuó avanzando pese a objeciones reiteradas sobre su capacidad operativa, licencias y documentación.
El patrón recuerda otros casos documentados por República sobre estructuras empresariales que, pese a generar dudas sobre su capacidad real, logran posicionarse en procesos de contratación pública de alto valor.
La pregunta de fondo no es únicamente cómo una empresa con cuatro agentes acreditados pudo aspirar a un contrato para 416 guardias. La interrogante es cómo estuvo tan cerca de obtenerlo.
Gustavo Alejos Cámbara ha negado mantener relación con Localiza Monitoring Services, S.A., y rechaza los señalamientos que lo vinculan con las operaciones o contrataciones de esa empresa.
Empresa vinculada al entorno de Alejos buscó Q94 millones con solo cuatro guardias acreditados
La oferta más alta para 416 agentes fue adjudicada dos veces a una empresa con cuatro guardias acreditados, pero el IGSS frenó el contrato.
Cuando Localiza Monitoring Services, S.A. presentó su oferta para brindar seguridad privada en 31 instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el concurso exigía 416 agentes armados y acreditados. Sin embargo, los registros de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) reportaban que la empresa contaba con apenas cuatro agentes con credencial vigente entre marzo y agosto de 2026.
A pesar de ello, la compañía llegó dos veces a la adjudicación de un contrato por GTQ 94 348 800M. Solo la intervención de la Junta Directiva del IGSS evitó que el negocio se concretara.
La dimensión del contrato era significativa. El monto equivalía a 2.7 veces los aproximadamente GTQ 34.87M que Localiza había acumulado en adjudicaciones públicas entre 2020 y 2026, según los registros revisados para esta investigación.
Los nexos con el entorno de Gustavo Alejos
Localiza aparece vinculada al entorno de Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom y condenado en el caso Negociantes de la Salud por delitos relacionados con la manipulación de contrataciones públicas del IGSS.
Sus hijos, José Javier y Gustavo Andrés Alejos Jansa, figuran en registros de cuotas patronales de la seguridad social asociados a Localiza en distintos períodos entre 2021 y 2023.
Otro vínculo relevante conduce a Trade & Investment, S.A. Ambas compañías comparten representante legal, Nery Amilkar Patzán García, así como dirección y número telefónico.
Trade & Investment obtuvo una adjudicación por GTQ 11.7M en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) para suministrar cámaras de la marca china Dahua, cuyos equipos han sido objeto de restricciones en Estados Unidos por preocupaciones de seguridad y espionaje.
La oferta más cara
Localiza presentó la propuesta más elevada de los cuatro participantes.
Su oferta superaba en GTQ 36 316 800M a la de Black Warrior Security, la más baja del concurso, y en GTQ 3 494 400M a la de Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (VISEGUA).
La diferencia no era únicamente económica. Mientras Localiza registraba cuatro agentes acreditados, VISEGUA contaba con 850 y V.I.P. Security con 718 en agosto de 2026. Ambas empresas ofertaron precios menores. Black Warrior, que reportaba 13 agentes acreditados, fue descalificada por incumplimientos documentales.
El contraste también se reflejó en la evaluación de las ofertas.
La Junta de Licitación excluyó a VISEGUA por una diferencia en la redacción de una dirección consignada en un seguro de caución. En un documento aparecía como “17 calle 7-50, zona 13, Aurora I” y en otro como “17 calle 7-50, zona 13, Colonia Aurora I, ciudad de Guatemala”.
Localiza, en cambio, continuó en competencia pese a múltiples reparos y terminó convertida en la única oferta calificada, con una puntuación de 100 puntos.
Un expediente lleno de observaciones
El expediente de Localiza acumuló declaraciones juradas incorrectas, legalizaciones objetadas, inconsistencias en fechas y datos personales, discrepancias bancarias y dudas sobre sus constancias de experiencia.
La empresa afirmó contar con 95 constancias, pero entregó 92. Además, presentó un archivo de Excel vacío durante una de las subsanaciones.
Pese a ello, recibió tres rondas de aclaraciones antes de la primera adjudicación. Otros participantes quedaron fuera tras una sola observación.
También surgieron cuestionamientos sobre las licencias necesarias para operar.
La Junta de Licitación adjudicó el contrato sin objetar las licencias tipo A, para vigilancia y protección, y tipo H, para reclutamiento y capacitación, aunque ambas aparecían vencidas desde el 9 de agosto, diez días antes de la adjudicación.
Fue la Gerencia del IGSS la que advirtió esa situación.
Localiza argumentó que había solicitado la renovación de las licencias y que contaba con protección judicial para continuar operando. Sin embargo, al 7 de septiembre, el listado público de la DIGESSP únicamente reflejaba vigente una licencia tipo F, correspondiente a monitoreo electrónico.
La Gerencia también cuestionó la ausencia de documentos oficiales que acreditaran la vigencia de las demás autorizaciones. A ello se sumaba otra interrogante: cómo respaldaba cinco años de experiencia en vigilancia cuando la licencia tipo A examinada databa de octubre de 2023.
Dos adjudicaciones y dos rechazos
La primera adjudicación fue aprobada el 19 de agosto por dos integrantes de la Junta de Licitación y rechazada por uno.
El 3 de septiembre, sin embargo, la Junta Directiva del IGSS improbó por unanimidad la adjudicación debido a las inconsistencias detectadas.
Lejos de cerrar el caso, dos integrantes de la Junta de Licitación insistieron en favorecer a la empresa. Tras nuevas explicaciones de Localiza, ratificaron la adjudicación el 16 de septiembre.
La respuesta de la Junta Directiva fue nuevamente contundente.
El 24 de septiembre volvió a improbar el contrato por unanimidad y ordenó concluir el concurso.
La decisión impidió que avanzara una contratación de GTQ 94.3M que había superado múltiples cuestionamientos documentales y operativos.
Mientras la Junta de Licitación llevó a Localiza hasta la adjudicación en dos ocasiones, la Junta Directiva terminó deteniendo el proceso.
Para el 30 de septiembre, la empresa registraba siete agentes acreditados. Aun así, seguía estando 409 guardias por debajo de los 416 exigidos por las bases.
Otros contratos pese a la falta de personal acreditado
La escasez de agentes registrados ante la DIGESSP no impidió que Localiza siguiera obteniendo negocios con el Estado.
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) le adjudicó Q2,290,800 para proporcionar 23 agentes de seguridad perimetral en la Dirección Superior y sus anexos.
Por separado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le adjudicó Q2,415,000 para prestar el mismo servicio en el Hospital Nacional de Especialidades Quirúrgicas de Villa Nueva.
En conjunto, la empresa obtuvo Q4,705,800 en contratos que exigían 23 guardias cada uno.
Sin embargo, los registros de la DIGESSP consultados entre marzo y agosto de 2026 reportaban únicamente cuatro agentes acreditados.
La contradicción plantea interrogantes sobre la capacidad operativa de la compañía y sobre los mecanismos utilizados por las instituciones para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Más que una licitación fallida
El caso de Localiza trasciende una contratación frustrada.
La historia muestra cómo una empresa que acreditaba apenas una fracción del personal requerido logró mantenerse en competencia, recibir múltiples oportunidades para corregir errores y alcanzar dos veces la adjudicación de un contrato millonario.
También exhibe una aparente disparidad en los criterios de evaluación. Mientras algunos oferentes fueron excluidos por observaciones documentales menores, Localiza continuó avanzando pese a objeciones reiteradas sobre su capacidad operativa, licencias y documentación.
El patrón recuerda otros casos documentados por República sobre estructuras empresariales que, pese a generar dudas sobre su capacidad real, logran posicionarse en procesos de contratación pública de alto valor.
La pregunta de fondo no es únicamente cómo una empresa con cuatro agentes acreditados pudo aspirar a un contrato para 416 guardias. La interrogante es cómo estuvo tan cerca de obtenerlo.
Gustavo Alejos Cámbara ha negado mantener relación con Localiza Monitoring Services, S.A., y rechaza los señalamientos que lo vinculan con las operaciones o contrataciones de esa empresa.
