IGSS anula contrato de Q94 millones a firma ligada a Gustavo Alejos
El contrato buscaba cubrir durante 24 meses el servicio de vigilancia de unidades médicas y dependencias administrativas del Seguro Social.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dio por terminada una licitación de GTQ 94.3M que había sido adjudicada a Localiza Monitoring Services, S.A., una empresa que presenta distintas conexiones laborales y empresariales con el entorno familiar de Gustavo Alejos Cámbara. El contrato buscaba cubrir durante 24 meses el servicio de vigilancia de unidades médicas y dependencias administrativas del Instituto.
El concurso, identificado con el NOG 25153927, recibió cuatro ofertas. Durante la evaluación, tres participantes fueron descartados por distintos incumplimientos y Localiza quedó como único oferente elegible. Su propuesta ascendía a GTQ 94 348 800, equivalentes a GTQ 3 931 200 mensuales, IVA incluido.
El expediente de Localiza también generó numerosas observaciones y varias solicitudes de aclaración. La junta de licitación (JL) permitió que la compañía atendiera señalamientos relacionados con documentos legalizados, declaraciones, constancias para acreditar experiencia y otros requisitos administrativos y técnicos. También fueron objeto de revisión las licencias para prestar los servicios de seguridad.
A pesar de estas observaciones, dos integrantes de la JL consideraron que la oferta cumplía los requisitos y decidieron adjudicarle el contrato. Yessica Aracelly Landaverry Nij de Ventura —la tercera integrante— votó en contra.
Durante el proceso surgió otro cuestionamiento. Una empresa participante presentó una inconformidad en la que señaló que el contrato necesitaba 416 agentes, mientras un reporte de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) registraba al 31 de julio solamente cuatro agentes con credencial vigente asociados a Localiza. Se trató de un señalamiento del competidor, que pidió al IGSS comprobar si la compañía tenía capacidad para cubrir el servicio.
El principal problema, sin embargo, fueron las licencias de operación. Localiza había presentado las licencias A547 y H168, cuya vigencia finalizaba el 9 de agosto de 2026. Después de la adjudicación, la Gerencia advirtió que debía aclararse si la empresa continuaba cumpliendo ese requisito.
La Junta Directiva (JD) del IGSS intervino el 3 de septiembre. Improbó lo actuado y devolvió el expediente a la JL para que revisara las observaciones y confirmara o modificara su decisión.
La JD solicitó nuevas explicaciones a Localiza y sostuvo que las licencias estaban vigentes cuando se recibieron las ofertas. Con ese argumento, el 16 de septiembre dos de sus integrantes confirmaron nuevamente la adjudicación por GTQ 94.3M. Landaverry volvió a votar en contra.
Gerencia objetó nuevamente el expediente. Consideró que no se había aclarado si las licencias A y H cumplían en ese momento con lo exigido y señaló que tampoco constaba un documento administrativo de DIGESSP que acreditara ante terceros su vigencia.
Anulado
La JD compartió este criterio y tomó la decisión definitiva el 24 de septiembre de 2026: improbó por unanimidad la adjudicación y ordenó dar por concluida la licitación.
El caso cobra otra dimensión al revisar quiénes aparecen alrededor de Localiza. Gustavo Alejos Cámbara fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom y posteriormente fue procesado en varios casos, entre ellos Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento de la UNE y Red de Poder, Corrupción y Lavado.
Alejos estuvo en prisión preventiva y en julio de 2021 salió de la cárcel para quedar bajo arresto domiciliario; algunos de esos procesos tuvieron posteriormente cierres o resoluciones a su favor.
Los documentos revisados identifican a Nery Amilkar Patzán García y Ana Betzabe Vásquez Álvarez como representantes legales de Localiza. Patzán también aparece directamente en la documentación atendiendo requerimientos relacionados con la licitación.
Entre las conexiones empresariales destaca Trade & Investment, S.A. Una investigación periodística estableció que Localiza compartía representante legal y número telefónico con esa sociedad. Los documentos analizados también permiten seguir coincidencias empresariales entre ambas compañías, mientras la documentación societaria vincula a Silvia María Alejos Ruiz con Trade & Investment.
La conexión más directa con el núcleo familiar de Gustavo Alejos aparece en sus hijos. La investigación periodística documentó que, a partir de registros de cuotas del IGSS, José Javier Alejos Jansa pagaba cuotas a través de Localiza desde febrero de 2023. Su hermano Gustavo Andrés Alejos Jansa también estuvo registrado en la empresa entre enero de 2021 y septiembre de 2022.
Estos elementos no prueban que Gustavo Alejos sea propietario de Localiza, pero permiten establecer una cadena de relaciones laborales, societarias y empresariales entre la compañía inicialmente favorecida por el IGSS y el entorno de la familia Alejos. Consultado vía WhatsApp sobre la licitación, Alejos se distanció de la empresa y aseguró que no tiene participación en ella.
“Me gustaría que se comunique con la empresa, ya que ellos son los que participaron en dicha licitación, no mi persona”, respondió. Además, afirmó: “No soy ni accionista ni representante legal de dicha empresa”. Esta relación adquiere relevancia porque Localiza estuvo cerca de obtener GTQ 94.3M después de varias rondas de aclaraciones y de que la mayoría de la Junta de Licitación defendiera dos veces su adjudicación.
Finalmente, fueron la Gerencia y la Junta Directiva del IGSS las que frenaron el contrato. La adjudicación quedó sin efecto y el concurso fue cerrado ante las dudas que persistieron sobre el cumplimiento de un requisito fundamental: las licencias necesarias para prestar el servicio contratado.
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IGSS anula contrato de Q94 millones a firma ligada a Gustavo Alejos
El contrato buscaba cubrir durante 24 meses el servicio de vigilancia de unidades médicas y dependencias administrativas del Seguro Social.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) dio por terminada una licitación de GTQ 94.3M que había sido adjudicada a Localiza Monitoring Services, S.A., una empresa que presenta distintas conexiones laborales y empresariales con el entorno familiar de Gustavo Alejos Cámbara. El contrato buscaba cubrir durante 24 meses el servicio de vigilancia de unidades médicas y dependencias administrativas del Instituto.
El concurso, identificado con el NOG 25153927, recibió cuatro ofertas. Durante la evaluación, tres participantes fueron descartados por distintos incumplimientos y Localiza quedó como único oferente elegible. Su propuesta ascendía a GTQ 94 348 800, equivalentes a GTQ 3 931 200 mensuales, IVA incluido.
El expediente de Localiza también generó numerosas observaciones y varias solicitudes de aclaración. La junta de licitación (JL) permitió que la compañía atendiera señalamientos relacionados con documentos legalizados, declaraciones, constancias para acreditar experiencia y otros requisitos administrativos y técnicos. También fueron objeto de revisión las licencias para prestar los servicios de seguridad.
A pesar de estas observaciones, dos integrantes de la JL consideraron que la oferta cumplía los requisitos y decidieron adjudicarle el contrato. Yessica Aracelly Landaverry Nij de Ventura —la tercera integrante— votó en contra.
Durante el proceso surgió otro cuestionamiento. Una empresa participante presentó una inconformidad en la que señaló que el contrato necesitaba 416 agentes, mientras un reporte de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) registraba al 31 de julio solamente cuatro agentes con credencial vigente asociados a Localiza. Se trató de un señalamiento del competidor, que pidió al IGSS comprobar si la compañía tenía capacidad para cubrir el servicio.
El principal problema, sin embargo, fueron las licencias de operación. Localiza había presentado las licencias A547 y H168, cuya vigencia finalizaba el 9 de agosto de 2026. Después de la adjudicación, la Gerencia advirtió que debía aclararse si la empresa continuaba cumpliendo ese requisito.
La Junta Directiva (JD) del IGSS intervino el 3 de septiembre. Improbó lo actuado y devolvió el expediente a la JL para que revisara las observaciones y confirmara o modificara su decisión.
La JD solicitó nuevas explicaciones a Localiza y sostuvo que las licencias estaban vigentes cuando se recibieron las ofertas. Con ese argumento, el 16 de septiembre dos de sus integrantes confirmaron nuevamente la adjudicación por GTQ 94.3M. Landaverry volvió a votar en contra.
Gerencia objetó nuevamente el expediente. Consideró que no se había aclarado si las licencias A y H cumplían en ese momento con lo exigido y señaló que tampoco constaba un documento administrativo de DIGESSP que acreditara ante terceros su vigencia.
Anulado
La JD compartió este criterio y tomó la decisión definitiva el 24 de septiembre de 2026: improbó por unanimidad la adjudicación y ordenó dar por concluida la licitación.
El caso cobra otra dimensión al revisar quiénes aparecen alrededor de Localiza. Gustavo Alejos Cámbara fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom y posteriormente fue procesado en varios casos, entre ellos Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento de la UNE y Red de Poder, Corrupción y Lavado.
Alejos estuvo en prisión preventiva y en julio de 2021 salió de la cárcel para quedar bajo arresto domiciliario; algunos de esos procesos tuvieron posteriormente cierres o resoluciones a su favor.
Los documentos revisados identifican a Nery Amilkar Patzán García y Ana Betzabe Vásquez Álvarez como representantes legales de Localiza. Patzán también aparece directamente en la documentación atendiendo requerimientos relacionados con la licitación.
Entre las conexiones empresariales destaca Trade & Investment, S.A. Una investigación periodística estableció que Localiza compartía representante legal y número telefónico con esa sociedad. Los documentos analizados también permiten seguir coincidencias empresariales entre ambas compañías, mientras la documentación societaria vincula a Silvia María Alejos Ruiz con Trade & Investment.
La conexión más directa con el núcleo familiar de Gustavo Alejos aparece en sus hijos. La investigación periodística documentó que, a partir de registros de cuotas del IGSS, José Javier Alejos Jansa pagaba cuotas a través de Localiza desde febrero de 2023. Su hermano Gustavo Andrés Alejos Jansa también estuvo registrado en la empresa entre enero de 2021 y septiembre de 2022.
Estos elementos no prueban que Gustavo Alejos sea propietario de Localiza, pero permiten establecer una cadena de relaciones laborales, societarias y empresariales entre la compañía inicialmente favorecida por el IGSS y el entorno de la familia Alejos. Consultado vía WhatsApp sobre la licitación, Alejos se distanció de la empresa y aseguró que no tiene participación en ella.
“Me gustaría que se comunique con la empresa, ya que ellos son los que participaron en dicha licitación, no mi persona”, respondió. Además, afirmó: “No soy ni accionista ni representante legal de dicha empresa”. Esta relación adquiere relevancia porque Localiza estuvo cerca de obtener GTQ 94.3M después de varias rondas de aclaraciones y de que la mayoría de la Junta de Licitación defendiera dos veces su adjudicación.
Finalmente, fueron la Gerencia y la Junta Directiva del IGSS las que frenaron el contrato. La adjudicación quedó sin efecto y el concurso fue cerrado ante las dudas que persistieron sobre el cumplimiento de un requisito fundamental: las licencias necesarias para prestar el servicio contratado.
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