EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) administran el mayor presupuesto de inversión pública —en infraestructura— del país. Sin embargo, a mitad de 2026 apenas ejecutaron cerca del 15.16 % de los GTQ 15 425M asignados.
- Mientras el Gobierno asegura que la inversión repuntará en el segundo semestre, el escenario más seguro es que los recursos se utilizarán como herramienta política y clientelar para las elecciones de 2027.
Por qué importa. Los Codedes concentran el 73 % de dicha inversión; por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) solo tiene a su cargo el 27 %. No obstante, los dos mecanismos tienen mínima ejecución. Esta realidad retrasa obras esenciales para las comunidades y limita el crecimiento económico del país, pues no hay “carreteras buenas”.
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Los aportes extraordinarios crecieron de GTQ 600M en 2022 a GTQ 10 865 en 2026. En conjunto con el aporte ordinario, el presupuesto asciende a GTQ 15 425M.
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Al 1 de julio, la ejecución presupuestaria alcanzaba apenas el 15.16 %, muy por debajo del ritmo esperado para el año. El mismo escenario se repitió en 2025 y 2024.
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El ministro de Finanzas Públicas (Minfin), Jonathan Menkos, afirmó que espera un repunte durante el segundo semestre. La misma excusa dio en años anteriores y no se logró avanzar en la ejecución.
Visto y no visto. Aunque la Ley de Consejos de Desarrollo no otorga facultades a los diputados para decidir sobre los proyectos, sí ejercen un control político de facto sobre la asignación de recursos y la priorización de obras. Lo mismo sucede con los alcaldes. Entre ambos buscan intercambiar obras por votos.
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En 2024 los Codedes ejecutaron únicamente el 52 % de su presupuesto. En 2025 alcanzaron el 62 %. La tendencia de 2026 mantiene un ritmo similar. Incluso, podría no sobrepasar el 50 %.
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Los techos preliminares para 2027 contemplan nuevas transferencias superiores a GTQ 6000M, sin contar posibles ampliaciones presupuestarias que aún discute el Congreso.
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La preocupación no es solo por la baja ejecución de los fondos. El riesgo aumenta porque la legislación vigente permite trasladar recursos no utilizados al siguiente ejercicio fiscal.
Sí, pero. En año electoral, ese mecanismo podría concentrar miles de millones de quetzales bajo el control de autoridades locales, justo cuando alcaldes y diputados buscarán su reelección. La práctica facilita el denominado “jineteo” de fondos públicos, pese a que la Ley Orgánica del Presupuesto busca evitar ese tipo de acumulaciones.
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La distribución de los aportes extraordinarios también genera cuestionamientos; en su mayoría responden más a criterios políticos que a necesidades técnicas de desarrollo.
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El Ejecutivo rechaza que exista un riesgo de utilización política de esos recursos; afirman que los proyectos cuentan con controles institucionales y supervisión ciudadana durante todas sus etapas.
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A pesar de ello, la ciudadanía cuestiona la falta de agilidad de la ejecución de obras. No ven resultados, pese a que el gobierno publicita el desarrollo de proyectos.
En conclusión. Los Codedes se convirtieron en el principal vehículo político de inversión pública durante este gobierno; fueron vendidos como la solución para evitar la corrupción de las obras.
- Sin embargo, el crecimiento acelerado de su presupuesto no está acompañado de una mejora equivalente en su capacidad de ejecución. Tampoco en la confianza sobre el uso de los recursos.
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Si la inversión no se acelera durante los próximos meses —como asegura el gobierno—, el año electoral tendrá miles de millones de quetzales. Estarán acumulados bajo un sistema donde alcaldes y diputados ejercen una influencia determinante.
Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) administran el mayor presupuesto de inversión pública —en infraestructura— del país. Sin embargo, a mitad de 2026 apenas ejecutaron cerca del 15.16 % de los GTQ 15 425M asignados.
- Mientras el Gobierno asegura que la inversión repuntará en el segundo semestre, el escenario más seguro es que los recursos se utilizarán como herramienta política y clientelar para las elecciones de 2027.
Por qué importa. Los Codedes concentran el 73 % de dicha inversión; por su parte, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) solo tiene a su cargo el 27 %. No obstante, los dos mecanismos tienen mínima ejecución. Esta realidad retrasa obras esenciales para las comunidades y limita el crecimiento económico del país, pues no hay “carreteras buenas”.
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Los aportes extraordinarios crecieron de GTQ 600M en 2022 a GTQ 10 865 en 2026. En conjunto con el aporte ordinario, el presupuesto asciende a GTQ 15 425M.
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Al 1 de julio, la ejecución presupuestaria alcanzaba apenas el 15.16 %, muy por debajo del ritmo esperado para el año. El mismo escenario se repitió en 2025 y 2024.
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El ministro de Finanzas Públicas (Minfin), Jonathan Menkos, afirmó que espera un repunte durante el segundo semestre. La misma excusa dio en años anteriores y no se logró avanzar en la ejecución.
Visto y no visto. Aunque la Ley de Consejos de Desarrollo no otorga facultades a los diputados para decidir sobre los proyectos, sí ejercen un control político de facto sobre la asignación de recursos y la priorización de obras. Lo mismo sucede con los alcaldes. Entre ambos buscan intercambiar obras por votos.
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En 2024 los Codedes ejecutaron únicamente el 52 % de su presupuesto. En 2025 alcanzaron el 62 %. La tendencia de 2026 mantiene un ritmo similar. Incluso, podría no sobrepasar el 50 %.
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Los techos preliminares para 2027 contemplan nuevas transferencias superiores a GTQ 6000M, sin contar posibles ampliaciones presupuestarias que aún discute el Congreso.
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La preocupación no es solo por la baja ejecución de los fondos. El riesgo aumenta porque la legislación vigente permite trasladar recursos no utilizados al siguiente ejercicio fiscal.
Sí, pero. En año electoral, ese mecanismo podría concentrar miles de millones de quetzales bajo el control de autoridades locales, justo cuando alcaldes y diputados buscarán su reelección. La práctica facilita el denominado “jineteo” de fondos públicos, pese a que la Ley Orgánica del Presupuesto busca evitar ese tipo de acumulaciones.
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La distribución de los aportes extraordinarios también genera cuestionamientos; en su mayoría responden más a criterios políticos que a necesidades técnicas de desarrollo.
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El Ejecutivo rechaza que exista un riesgo de utilización política de esos recursos; afirman que los proyectos cuentan con controles institucionales y supervisión ciudadana durante todas sus etapas.
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A pesar de ello, la ciudadanía cuestiona la falta de agilidad de la ejecución de obras. No ven resultados, pese a que el gobierno publicita el desarrollo de proyectos.
En conclusión. Los Codedes se convirtieron en el principal vehículo político de inversión pública durante este gobierno; fueron vendidos como la solución para evitar la corrupción de las obras.
- Sin embargo, el crecimiento acelerado de su presupuesto no está acompañado de una mejora equivalente en su capacidad de ejecución. Tampoco en la confianza sobre el uso de los recursos.
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Si la inversión no se acelera durante los próximos meses —como asegura el gobierno—, el año electoral tendrá miles de millones de quetzales. Estarán acumulados bajo un sistema donde alcaldes y diputados ejercen una influencia determinante.
