Arévalo veta Decreto 7-2025 que abría la puerta a millonarios gastos sin control en Consejos de Desarrollo
El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 7-2025 aprobado por el Congreso el 2 de septiembre, el cual autorizaba que los fondos no ejecutados por los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se trasladaran automáticamente al siguiente año.
Es noticia. La decisión del Ejecutivo se fundamenta en vicios de inconstitucionalidad.
- Varios artículos de la Constitución, entre ellos el 2, 119, 154, 171 b) y 238, violan las leyes del país, según la fuente oficial.
- “Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo”, señala el comunicado del gobierno que confirmó la decisión.
- También se advierte sobre los riesgos de permitir "atajos" legales que comprometan el Estado de Derecho y perpetúen redes de corrupción.
Qué destacar. La aprobación del Decreto 7-2025 tomó por sorpresa a muchos. Tras meses sin aprobar ninguna ley, el Congreso lo avaló de urgencia nacional y sin discusión en el pleno.
- Fue impulsado por Luis Aguirre y Nadia de León, hija de la excandidata presidencial Sandra Torres.
- El decreto establece que los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) permanecerán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, y que las solicitudes de inversión deberán resolverse en cinco días hábiles.
- Si no hay respuesta en ese plazo, se considerarán aprobadas automáticamente, y la documentación deberá entregarse en tres días hábiles.
Sí, pero. La rapidez del trámite y la falta de debate encendieron alertas en distintos sectores, que cuestionan la opacidad que podría generar esta normativa.
- Para el Gobierno, permitir este tipo de mecanismos sin controles adecuados representa un retroceso en los esfuerzos por recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
- Más allá del contenido del decreto, su aprobación evidenció un revés para el oficialismo. La bancada del presidente Arévalo no logró frenar la iniciativa, que fue avalada por 107 diputados, superando con holgura la mayoría calificada.
- Solo 32 legisladores votaron en contra, entre ellos los oficialistas y miembros de CREO, Victoria, VIVA y VOS. Otros ocho diputados estaban con licencia y varios más ausentes.
En conclusión. Aunque la oposición celebró la aprobación del decreto, el gobierno anticipó que no vía con buenos ojos el decreto.
- El Gobierno, por su parte, reiteró su compromiso con el desarrollo local, pero dejó claro que este debe ser transparente y respetar la ley.
- “Exploraremos alternativas al Decreto 7-2025 y trabajaremos con el Congreso para alcanzar acuerdos que no sacrifiquen la calidad del gasto público”, concluye el comunicado.
- Ahora el Congreso recibirá el veto y puede rechazarlo, pero para ello -y que se publique- requiere el voto de 107 legisladores.
Arévalo veta Decreto 7-2025 que abría la puerta a millonarios gastos sin control en Consejos de Desarrollo
El presidente Bernardo Arévalo vetó el Decreto 7-2025 aprobado por el Congreso el 2 de septiembre, el cual autorizaba que los fondos no ejecutados por los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se trasladaran automáticamente al siguiente año.
Es noticia. La decisión del Ejecutivo se fundamenta en vicios de inconstitucionalidad.
- Varios artículos de la Constitución, entre ellos el 2, 119, 154, 171 b) y 238, violan las leyes del país, según la fuente oficial.
- “Debemos contar con presupuestos sólidos, éticos y centrados en el bienestar del pueblo”, señala el comunicado del gobierno que confirmó la decisión.
- También se advierte sobre los riesgos de permitir "atajos" legales que comprometan el Estado de Derecho y perpetúen redes de corrupción.
Qué destacar. La aprobación del Decreto 7-2025 tomó por sorpresa a muchos. Tras meses sin aprobar ninguna ley, el Congreso lo avaló de urgencia nacional y sin discusión en el pleno.
- Fue impulsado por Luis Aguirre y Nadia de León, hija de la excandidata presidencial Sandra Torres.
- El decreto establece que los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) permanecerán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, y que las solicitudes de inversión deberán resolverse en cinco días hábiles.
- Si no hay respuesta en ese plazo, se considerarán aprobadas automáticamente, y la documentación deberá entregarse en tres días hábiles.
Sí, pero. La rapidez del trámite y la falta de debate encendieron alertas en distintos sectores, que cuestionan la opacidad que podría generar esta normativa.
- Para el Gobierno, permitir este tipo de mecanismos sin controles adecuados representa un retroceso en los esfuerzos por recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
- Más allá del contenido del decreto, su aprobación evidenció un revés para el oficialismo. La bancada del presidente Arévalo no logró frenar la iniciativa, que fue avalada por 107 diputados, superando con holgura la mayoría calificada.
- Solo 32 legisladores votaron en contra, entre ellos los oficialistas y miembros de CREO, Victoria, VIVA y VOS. Otros ocho diputados estaban con licencia y varios más ausentes.
En conclusión. Aunque la oposición celebró la aprobación del decreto, el gobierno anticipó que no vía con buenos ojos el decreto.
- El Gobierno, por su parte, reiteró su compromiso con el desarrollo local, pero dejó claro que este debe ser transparente y respetar la ley.
- “Exploraremos alternativas al Decreto 7-2025 y trabajaremos con el Congreso para alcanzar acuerdos que no sacrifiquen la calidad del gasto público”, concluye el comunicado.
- Ahora el Congreso recibirá el veto y puede rechazarlo, pero para ello -y que se publique- requiere el voto de 107 legisladores.