EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El presupuesto de los Consejos de Desarrollo (CODEDES) vuelve al centro del debate. En año preelectoral, los fondos públicos crecen y las reformas legales facilitan su uso y continuidad. Aunque deberían servir para impulsar proyectos comunitarios, los cambios abren la puerta a cuestionamientos sobre clientelismo y discrecionalidad en el manejo de miles de millones.
Por qué importa. El presupuesto de los CODEDES alcanzó cifras históricas en 2025, con más de GTQ 12 000M vigentes. A ello se suman reformas que prolongan la vigencia de fondos y permiten trasladar saldos al siguiente ejercicio fiscal, reduciendo los controles y aumentando el margen político sobre la inversión local.
- De Q4.3 a Q12.2 mil millones: el presupuesto vigente casi triplicó el monto inicial, según Transparencia Presupuestaria.
- La ejecución al 24 de octubre fue del 34.83 %, lo que refleja baja eficiencia pese a los fondos ampliados.
- Para 2026, el proyecto de presupuesto prevé GTQ 4509 M, lo que mantiene la tendencia de fuerte inversión en los consejos.
Entre líneas. El Decreto 7-2025 —que entró en vigor recientemente— garantiza la continuidad financiera de los proyectos locales, pero también otorga flexibilidad sin precedentes. Al permitir que los saldos no ejecutados se trasladen automáticamente, se altera la lógica presupuestaria y se amplía el poder político sobre la obra pública.
- La ley reforma la Ley Orgánica del Presupuesto, al incorporar el artículo 45 Ter, que autoriza trasladar recursos a la Cuenta Única del Tesoro.
- Además, las instituciones deben resolver permisos en cinco días hábiles, o se aprueban automáticamente.
- El decreto se aprobó pese al veto presidencial, generando críticas por su legalidad y oportunidad política.
Qué destacar. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que el traslado de saldos contradice la norma presupuestaria, que obliga a cerrar cada ejercicio fiscal.
- Según el centro, la medida abre riesgos de discrecionalidad y reduce la transparencia sobre el uso de los fondos públicos.
- Expertos del CIEN señalaron que “la norma debilita los controles presupuestarios” y puede fomentar corrupción. Los diputados defienden la ley como un mecanismo para “no dejar obras inconclusas”.
- En la práctica, el cambio reduce la urgencia de ejecutar con eficiencia, lo que beneficia intereses políticos.
Lo que sigue. A las puertas de un año preelectoral, el manejo de los recursos de los CODEDES se convierte en un termómetro del uso político del gasto público. Aunque la ley busca asegurar continuidad, el contexto sobre el interés de varios políticos por garantizar su reelección plantea dudas sobre sus verdaderas motivaciones.
- Las municipalidades deben reportar y usar los fondos bajo supervisión de la Contraloría General de Cuentas.
- La población espera que los proyectos se traduzcan en mejoras reales, no en campañas disfrazadas de inversión.
- La transparencia y la vigilancia ciudadana serán claves para evitar que el dinero público se convierta en capital político.
El presupuesto de los Consejos de Desarrollo (CODEDES) vuelve al centro del debate. En año preelectoral, los fondos públicos crecen y las reformas legales facilitan su uso y continuidad. Aunque deberían servir para impulsar proyectos comunitarios, los cambios abren la puerta a cuestionamientos sobre clientelismo y discrecionalidad en el manejo de miles de millones.
Por qué importa. El presupuesto de los CODEDES alcanzó cifras históricas en 2025, con más de GTQ 12 000M vigentes. A ello se suman reformas que prolongan la vigencia de fondos y permiten trasladar saldos al siguiente ejercicio fiscal, reduciendo los controles y aumentando el margen político sobre la inversión local.
- De Q4.3 a Q12.2 mil millones: el presupuesto vigente casi triplicó el monto inicial, según Transparencia Presupuestaria.
- La ejecución al 24 de octubre fue del 34.83 %, lo que refleja baja eficiencia pese a los fondos ampliados.
- Para 2026, el proyecto de presupuesto prevé GTQ 4509 M, lo que mantiene la tendencia de fuerte inversión en los consejos.
Entre líneas. El Decreto 7-2025 —que entró en vigor recientemente— garantiza la continuidad financiera de los proyectos locales, pero también otorga flexibilidad sin precedentes. Al permitir que los saldos no ejecutados se trasladen automáticamente, se altera la lógica presupuestaria y se amplía el poder político sobre la obra pública.
- La ley reforma la Ley Orgánica del Presupuesto, al incorporar el artículo 45 Ter, que autoriza trasladar recursos a la Cuenta Única del Tesoro.
- Además, las instituciones deben resolver permisos en cinco días hábiles, o se aprueban automáticamente.
- El decreto se aprobó pese al veto presidencial, generando críticas por su legalidad y oportunidad política.
Qué destacar. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) advirtió que el traslado de saldos contradice la norma presupuestaria, que obliga a cerrar cada ejercicio fiscal.
- Según el centro, la medida abre riesgos de discrecionalidad y reduce la transparencia sobre el uso de los fondos públicos.
- Expertos del CIEN señalaron que “la norma debilita los controles presupuestarios” y puede fomentar corrupción. Los diputados defienden la ley como un mecanismo para “no dejar obras inconclusas”.
- En la práctica, el cambio reduce la urgencia de ejecutar con eficiencia, lo que beneficia intereses políticos.
Lo que sigue. A las puertas de un año preelectoral, el manejo de los recursos de los CODEDES se convierte en un termómetro del uso político del gasto público. Aunque la ley busca asegurar continuidad, el contexto sobre el interés de varios políticos por garantizar su reelección plantea dudas sobre sus verdaderas motivaciones.
- Las municipalidades deben reportar y usar los fondos bajo supervisión de la Contraloría General de Cuentas.
- La población espera que los proyectos se traduzcan en mejoras reales, no en campañas disfrazadas de inversión.
- La transparencia y la vigilancia ciudadana serán claves para evitar que el dinero público se convierta en capital político.
