Antigua Guatemala: un despido y cámaras con demasiadas dudas

La administración de Juan Manuel Asturias, alcalde de Antigua Guatemala, enfrenta múltiples señalamientos de corrupción y de abuso de poder. Entre ellos, el mal uso que le dio al sistema de videovigilancia que operaba en el municipio. Al darse por terminado el convenio de cooperación interinstitucional, en 2025, la comuna inició una licitación (NOG 29953014) para adquirir su propio sistema. Sin embargo, el proceso enfrenta cuestionamientos técnicos, legales y patrimoniales.  

• En este sentido, se podrían comprometer recursos públicos, generar dependencia del proveedor y dejar sin definir aspectos clave sobre el control de datos, las licencias y los activos tecnológicos.

Por qué importa. La Municipalidad de Antigua Guatemala destituyó a Irene del Rosario Quiroa, directora de la Policía Municipal, después de que trascendiera un informe técnico en el que ella advertía de los riesgos legales, patrimoniales y tecnológicos por esta licitación. Los documentos también muestran que la funcionaria se negó a avalar el proceso sin que antes el Concejo Municipal conociera sus observaciones.

• La licitación para implementar un “sistema inteligente” de videovigilancia en Antigua Guatemala involucra una inversión estratégica para la seguridad del municipio. 

• Sin embargo, la información disponible en Guatecompras advierte vacíos que podrían comprometer el patrimonio municipal, además de generar dependencia tecnológica.

• Uno de los cuestionamientos es que las bases del concurso no definen con claridad quién será propietario de las bases de datos, las grabaciones, las licencias y otros activos intangibles al concluir el contrato.

Punto de fricción. Asimismo, podría darse duplicidad de equipo. La Municipalidad ya cuenta con infraestructura tecnológica desarrollada mediante inversiones previas. Pese a ello, las bases vuelven a incluir componentes similares. Por no prestarse a la manipulación en el proceso, Quiroa fue removida de su cargo. En la sesión de Concejo del jueves 11 de julio, algunos integrantes de la oposición cuestionaron las bases de licitación del concurso. 

• También señalaron irregularidades en la integración de la junta calificadora. Tras la exposición pública de estos cuestionamientos, trascendió que la Municipalidad destituyó a Quiroa.

• Su salida es una clara represalia del alcalde Asturias por no haber respaldado una contratación que presenta vacíos técnicos, legales y de protección de datos.

• Según las observaciones, se recomienda reformular el proceso antes de adjudicarlo. De lo contrario, la municipalidad podría adquirir equipos físicos, pero continuar dependiendo del proveedor para operar el sistema mediante software y licencias no transferibles.

Sí, pero. El expediente técnico no concluye que el proyecto de videovigilancia deba cancelarse. Por el contrario, reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de seguridad del municipio. El análisis propone definir expresamente quién será propietario del sistema de gestión de video, las licencias, la analítica de inteligencia artificial, las bases de datos y las grabaciones al finalizar el contrato.

• También recomienda individualizar el valor económico del hardware, software, licencias, conectividad y servicios. Sin esa separación, resulta difícil determinar si la comuna recibirá un patrimonio proporcional a la inversión realizada.

• Aunque el concurso no menciona una firma de forma explícita, las bases favorecen a un fabricante específico. Únicamente ese proveedor podría cumplir todos los requerimientos de videovigilancia.

• Hasta el momento, según Guatecompras, el concurso está en evaluación. Solo fue presentada una oferta, por Sistemas Informáticos de Aplicaciones S. A. (GTQ 45.65M).

En conclusión. Las recomendaciones de Quiroa, con su destitución, evidenciaron que la administración de Asturias “silencia” a las voces disidentes de su equipo de trabajo. Mientras las observaciones técnicas permanezcan sin respuesta, cualquier adjudicación mantendrá dudas sobre la transparencia y la legalidad del proceso. 

• El expediente técnico identifica vacíos que, de mantenerse, podrían derivar en observaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y comprometer el funcionamiento del sistema una vez concluya el contrato.

• La presentación de una sola oferta, por GTQ 45.65M, obliga a revisar si las especificaciones técnicas garantizan competencia efectiva o si, por el contrario, restringen la participación de otros proveedores: una práctica común en las entidades públicas.