EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En el Principito hay un rey que gobierna un planeta sin habitantes. Manda sobre las estrellas, sobre el sol, sobre el día y la noche, y está convencido de que su palabra es ley porque no hay nadie ahí para contradecirlo. Es un soberano de la nada, dueño de un reino que le cabe en los pies.
Guatemala está llena de esos reyes. Solo que aquí no llevan corona, sino vara edilicia y, la palabra que los embriaga no es “majestad”, sino autonomía.
Ese término, que se conceptuó para acercar las decisiones a la gente, terminó entendido al revés: como permiso para estar por encima de la ley, al margen de la ley, fuera del alcance de la ley. Como licencia para que cada uno levante, en su parcela, un pequeño Estado a su medida.
El caso que lo retrata de cuerpo entero es Mazatenango. El alcalde Carlos Estuardo Villagrán López frenó el proyecto Xochi —el Corredor de las Flores—, una carretera privada que viene a descongestionar una de las rutas más saturadas de la Costa Sur. El pretexto fue que la licencia estaba vencida. La misma licencia que su municipalidad otorgó en 2023, prorrogó sin objeciones y cobró sin pestañear. El mensaje a quien quiera invertir en este país es brutal: lo que hoy se autoriza, mañana se bloquea, según el humor del rey de turno.
No es un caso aislado; se repite en todo el país.
En La Antigua Guatemala, la municipalidad decidió cobrarles a las personas por estacionarse en la calle, mediante un simple reglamento; la Corte de Constitucionalidad lo suspendió por arbitrario. ¿La reacción del alcalde? Aprobar un nuevo reglamento para seguir cobrando lo mismo con otro nombre. Fraude de ley puro.
Y la lista sigue. Hubo municipios que durante la pandemia cerraron sus entradas con rocas, como si pudieran levantar fronteras internas dentro del país. Hay municipalidades alrededor de Atitlán y en el altiplano que prohíben y multan el comercio a su antojo, cada una con su propio tarifario de castigos, de modo que vender una bolsa plástica es legal de un lado de la calle y “delito” municipal del otro.
La enfermedad no es solo municipal. La USAC lleva años comportándose como si su autonomía fuera una muralla tras la cual la policía no puede entrar y las leyes no alcanzan; cada vez que el Ministerio Público o la PNC se acercan al campus a cumplir una diligencia, aparece el mismo reflejo: “Aquí no manda el Estado, aquí mandamos nosotros”. Pero la autonomía universitaria nunca significó extraterritorialidad; el propio Consejo Superior Universitario ha tenido que reconocer que las fuerzas de seguridad pueden ingresar cuando hay desorden o peligro, porque la USAC no es un país aparte: es una institución guatemalteca, sujeta a las mismas leyes que cualquier otra.
Conviene poner las cosas en su lugar, y se explica fácil; la ley en Guatemala funciona como una escalera. En el escalón más alto está la Constitución; un peldaño abajo, las leyes, que únicamente el Congreso puede crear. Y hasta abajo, los reglamentos. Un municipio, la USAC, cualquier ente autónomo, solo llega hasta ese último escalón: pueden hacer reglamentos, jamás leyes. Y un reglamento nunca es superior a la ley.
La Constitución lo dice sin rodeos en el artículo 134: “Los municipios y las entidades autónomas actúan por delegación del Estado”. Por delegación. Quien hace algo por encargo de otro no puede colocarse por encima de quien se lo encargó. La autonomía nunca fue soberanía.
El costo de ello no es nimio; implica carreteras que no se inauguran, inversiones que huyen, empleos que no nacen; afecta el futuro de miles de guatemaltecos tomados de rehenes por un sello municipal. Cada bloqueo arbitrario es un anuncio al mundo de que aquí las reglas duran lo que dura el antojo de la autoridad de turno.
La autonomía se creó para acercar el poder a la gente. No para que cada alcalde, cada concejo —y consejo—, cada autoridad que se proclama autónoma, se crea dueño de un planeta y se ponga, como el rey del cuento, a darle órdenes al sol.
El sol nunca obedeció. Y la ley tampoco tiene por qué hacerlo.
En el Principito hay un rey que gobierna un planeta sin habitantes. Manda sobre las estrellas, sobre el sol, sobre el día y la noche, y está convencido de que su palabra es ley porque no hay nadie ahí para contradecirlo. Es un soberano de la nada, dueño de un reino que le cabe en los pies.
Guatemala está llena de esos reyes. Solo que aquí no llevan corona, sino vara edilicia y, la palabra que los embriaga no es “majestad”, sino autonomía.
Ese término, que se conceptuó para acercar las decisiones a la gente, terminó entendido al revés: como permiso para estar por encima de la ley, al margen de la ley, fuera del alcance de la ley. Como licencia para que cada uno levante, en su parcela, un pequeño Estado a su medida.
El caso que lo retrata de cuerpo entero es Mazatenango. El alcalde Carlos Estuardo Villagrán López frenó el proyecto Xochi —el Corredor de las Flores—, una carretera privada que viene a descongestionar una de las rutas más saturadas de la Costa Sur. El pretexto fue que la licencia estaba vencida. La misma licencia que su municipalidad otorgó en 2023, prorrogó sin objeciones y cobró sin pestañear. El mensaje a quien quiera invertir en este país es brutal: lo que hoy se autoriza, mañana se bloquea, según el humor del rey de turno.
No es un caso aislado; se repite en todo el país.
En La Antigua Guatemala, la municipalidad decidió cobrarles a las personas por estacionarse en la calle, mediante un simple reglamento; la Corte de Constitucionalidad lo suspendió por arbitrario. ¿La reacción del alcalde? Aprobar un nuevo reglamento para seguir cobrando lo mismo con otro nombre. Fraude de ley puro.
Y la lista sigue. Hubo municipios que durante la pandemia cerraron sus entradas con rocas, como si pudieran levantar fronteras internas dentro del país. Hay municipalidades alrededor de Atitlán y en el altiplano que prohíben y multan el comercio a su antojo, cada una con su propio tarifario de castigos, de modo que vender una bolsa plástica es legal de un lado de la calle y “delito” municipal del otro.
La enfermedad no es solo municipal. La USAC lleva años comportándose como si su autonomía fuera una muralla tras la cual la policía no puede entrar y las leyes no alcanzan; cada vez que el Ministerio Público o la PNC se acercan al campus a cumplir una diligencia, aparece el mismo reflejo: “Aquí no manda el Estado, aquí mandamos nosotros”. Pero la autonomía universitaria nunca significó extraterritorialidad; el propio Consejo Superior Universitario ha tenido que reconocer que las fuerzas de seguridad pueden ingresar cuando hay desorden o peligro, porque la USAC no es un país aparte: es una institución guatemalteca, sujeta a las mismas leyes que cualquier otra.
Conviene poner las cosas en su lugar, y se explica fácil; la ley en Guatemala funciona como una escalera. En el escalón más alto está la Constitución; un peldaño abajo, las leyes, que únicamente el Congreso puede crear. Y hasta abajo, los reglamentos. Un municipio, la USAC, cualquier ente autónomo, solo llega hasta ese último escalón: pueden hacer reglamentos, jamás leyes. Y un reglamento nunca es superior a la ley.
La Constitución lo dice sin rodeos en el artículo 134: “Los municipios y las entidades autónomas actúan por delegación del Estado”. Por delegación. Quien hace algo por encargo de otro no puede colocarse por encima de quien se lo encargó. La autonomía nunca fue soberanía.
El costo de ello no es nimio; implica carreteras que no se inauguran, inversiones que huyen, empleos que no nacen; afecta el futuro de miles de guatemaltecos tomados de rehenes por un sello municipal. Cada bloqueo arbitrario es un anuncio al mundo de que aquí las reglas duran lo que dura el antojo de la autoridad de turno.
La autonomía se creó para acercar el poder a la gente. No para que cada alcalde, cada concejo —y consejo—, cada autoridad que se proclama autónoma, se crea dueño de un planeta y se ponga, como el rey del cuento, a darle órdenes al sol.
El sol nunca obedeció. Y la ley tampoco tiene por qué hacerlo.
