EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El martes, mientras Guatemala tenía asuntos más serios que atender, el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, decidió que su municipio necesitaba un nuevo episodio de bochorno. Sin cita, sin agenda y sin que nadie lo esperase, se presentó ante el Palacio Nacional exigiendo ser recibido por el presidente.
La respuesta, previsible, fue el silencio institucional. La reacción del alcalde —también previsible— fue sacar el teléfono y transmitir un “live” desde la acera, narrando su propio desplante como si fuera un acto de heroísmo cívico. No fue gestión pública: fue un patético show improvisado para una audiencia que, cada vez más, empieza a cansarse del espectáculo.
Porque de espectáculos sabe Asturias. Desde que agarró la vara edilicia en enero de 2024 prometiendo “transparencia” y “gestión moderna”, su administración ha estado marcada por proyectos cuyo costo no guarda relación con su utilidad.
El más sonado es el intento de sustituir, mediante la renta de cámaras de videovigilancia, un sistema que ya funcionaba y que había sido donado por el sector privado: hasta GTQ 154M de fondos municipales para alquilar equipo que, al final del contrato, ni siquiera será propiedad municipal. Mientras tanto, millones destinados a obras pendientes en las aldeas —calles de tierra, drenajes, agua— fueron trasladados sin mayor consulta hacia comunicación, protocolo y la adquisición de un software para suplantar voces. Es el patrón de una alcaldía que prefiere invertir en su imagen antes que en el municipio que administra.
Esa preferencia por la imagen sobre la sustancia explica también su trato hacia quienes no le aplauden. Empresarios chocados con la comuna por extorsión para la emisión de licencias de construcción, concejales opositores expulsados de las sesiones municipales, vecinos de Cocodes que reclaman obras postergadas, una diputada denunciada por señalar irregularidades: la lista de antigüeños convertidos en “enemigos” del alcalde crece todos los días.
Lo más grave llegó en noviembre de 2024, cuando tres comunicadores de un programa crítico fueron capturados tras una querella personal de Asturias, en un país donde usar el derecho penal para silenciar prensa ya es, según la Sociedad Interamericana de Prensa, el problema más recurrente que enfrentan los periodistas guatemaltecos.
Ahí está la contradicción que más debería indignar a los antigüeños: mientras persigue judicialmente a la prensa incómoda, la comuna engorda su aparato de comunicación y protocolo, financiando con fondos públicos una narrativa complaciente que pretende sustituir la cobertura objetiva que su gestión no resiste. No es comunicación institucional: es propaganda pagada con el dinero de quienes ni siquiera pueden fiscalizarla sin arriesgarse a una denuncia penal.
La escena del martes frente al Palacio Nacional no fue un exabrupto aislado: fue la metáfora perfecta de una alcaldía que confunde la función pública con un reality show y que, cuando la realidad no coincide con el guion, simplemente denuncia a quien la contradice.
Guatemala atraviesa una crisis silenciosa de la institucionalidad, no solo municipal; cada vez con más frecuencia, gestionar un municipio —y la nación— parece reducirse a dos caminos: uno es el del ridículo performático, el del funcionario que gobierna para la cámara y no para la gente.
El otro, más grave, es el de la infiltración criminal, donde el poder se convierte en botín del crimen organizado. Entre ambos extremos casi no queda espacio para lo que debería ser la norma: administración seria, cuentas claras y respeto por el ciudadano que merece explicaciones, no shows ni querellas. Rescatar esa función pública —sobria, fiscalizable, al servicio de la gente— es la tarea pendiente más urgente de Guatemala.
El martes, mientras Guatemala tenía asuntos más serios que atender, el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, decidió que su municipio necesitaba un nuevo episodio de bochorno. Sin cita, sin agenda y sin que nadie lo esperase, se presentó ante el Palacio Nacional exigiendo ser recibido por el presidente.
La respuesta, previsible, fue el silencio institucional. La reacción del alcalde —también previsible— fue sacar el teléfono y transmitir un “live” desde la acera, narrando su propio desplante como si fuera un acto de heroísmo cívico. No fue gestión pública: fue un patético show improvisado para una audiencia que, cada vez más, empieza a cansarse del espectáculo.
Porque de espectáculos sabe Asturias. Desde que agarró la vara edilicia en enero de 2024 prometiendo “transparencia” y “gestión moderna”, su administración ha estado marcada por proyectos cuyo costo no guarda relación con su utilidad.
El más sonado es el intento de sustituir, mediante la renta de cámaras de videovigilancia, un sistema que ya funcionaba y que había sido donado por el sector privado: hasta GTQ 154M de fondos municipales para alquilar equipo que, al final del contrato, ni siquiera será propiedad municipal. Mientras tanto, millones destinados a obras pendientes en las aldeas —calles de tierra, drenajes, agua— fueron trasladados sin mayor consulta hacia comunicación, protocolo y la adquisición de un software para suplantar voces. Es el patrón de una alcaldía que prefiere invertir en su imagen antes que en el municipio que administra.
Esa preferencia por la imagen sobre la sustancia explica también su trato hacia quienes no le aplauden. Empresarios chocados con la comuna por extorsión para la emisión de licencias de construcción, concejales opositores expulsados de las sesiones municipales, vecinos de Cocodes que reclaman obras postergadas, una diputada denunciada por señalar irregularidades: la lista de antigüeños convertidos en “enemigos” del alcalde crece todos los días.
Lo más grave llegó en noviembre de 2024, cuando tres comunicadores de un programa crítico fueron capturados tras una querella personal de Asturias, en un país donde usar el derecho penal para silenciar prensa ya es, según la Sociedad Interamericana de Prensa, el problema más recurrente que enfrentan los periodistas guatemaltecos.
Ahí está la contradicción que más debería indignar a los antigüeños: mientras persigue judicialmente a la prensa incómoda, la comuna engorda su aparato de comunicación y protocolo, financiando con fondos públicos una narrativa complaciente que pretende sustituir la cobertura objetiva que su gestión no resiste. No es comunicación institucional: es propaganda pagada con el dinero de quienes ni siquiera pueden fiscalizarla sin arriesgarse a una denuncia penal.
La escena del martes frente al Palacio Nacional no fue un exabrupto aislado: fue la metáfora perfecta de una alcaldía que confunde la función pública con un reality show y que, cuando la realidad no coincide con el guion, simplemente denuncia a quien la contradice.
Guatemala atraviesa una crisis silenciosa de la institucionalidad, no solo municipal; cada vez con más frecuencia, gestionar un municipio —y la nación— parece reducirse a dos caminos: uno es el del ridículo performático, el del funcionario que gobierna para la cámara y no para la gente.
El otro, más grave, es el de la infiltración criminal, donde el poder se convierte en botín del crimen organizado. Entre ambos extremos casi no queda espacio para lo que debería ser la norma: administración seria, cuentas claras y respeto por el ciudadano que merece explicaciones, no shows ni querellas. Rescatar esa función pública —sobria, fiscalizable, al servicio de la gente— es la tarea pendiente más urgente de Guatemala.
