EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), encabezada por Pablo Portocarrero, se prepara para afrontar un nuevo proceso electoral con una serie de desafíos marcados por la expansión de los formatos de comunicación, la necesidad de combatir la desinformación y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre la campaña política. Durante una entrevista, el funcionario explicó que, aunque se trata de una dependencia reciente, su rol se ha vuelto cada vez más estratégico.
Más espacios de difusión y control del proceso electoral
Portocarrero detalló que uno de los principales retos será ampliar la participación de los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, con el objetivo de que la ciudadanía tenga mayores oportunidades de conocer las propuestas de los partidos políticos.
En ese sentido, destacó que las reformas al reglamento ahora reconocen a los llamados medios alternativos, que incluyen plataformas digitales como vallas electrónicas, pantallas, banners y otros formatos que no poseen concesión estatal.
La incorporación de estos medios, explicó, responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas de comunicación y fue resultado de consensos entre el pleno de magistrados y las organizaciones políticas. Esto permitirá que los partidos puedan contratar espacios de forma directa, ampliando así su alcance durante la campaña.
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de inscripción de medios, que finalizará el 15 de agosto. Posteriormente, el TSE verificará los expedientes para que el pleno de magistrados realice la calificación. Luego, entre octubre y noviembre, se definirá la disponibilidad de espacios y tarifas, lo que permitirá calcular la tarifa electoral. Tras esto, los partidos tendrán un plazo aproximado de ocho días para seleccionar los medios en los que desean pautar, según su estrategia.
El funcionario enfatizó que el Tribunal no interviene en la selección de medios. “No es el Tribunal Supremo Electoral el que elige en qué medios salen las organizaciones políticas”, subrayó, al recalcar que cada partido toma sus decisiones. Estos planes luego se integran en un solo plan de medios nacional que debe ser aprobado por fiscales de partidos políticos antes de su ejecución.
En cuanto al financiamiento, Portocarrero indicó que el techo de campaña aún no está definido, ya que depende de la convocatoria oficial a elecciones, prevista para el 22 de enero. No obstante, recordó que en los comicios anteriores cada partido dispuso de aproximadamente Q3 millones para pauta en medios, dentro de un monto global cercano a Q82 millones. Para el próximo proceso, estimó que el monto podría incrementarse en función del crecimiento del padrón electoral.
Otro de los ejes del trabajo de la unidad será el combate a la desinformación, especialmente en redes sociales. Portocarrero explicó que cada partido debe registrar y verificar sus perfiles oficiales, los cuales quedan inscritos ante el TSE para controlar la pauta y transparentar los contenidos. Este mecanismo busca reducir la difusión de información falsa y garantizar que la ciudadanía acceda a fuentes oficiales.
Además, la Unidad mantiene un monitoreo permanente de medios y plataformas digitales para identificar posibles infracciones, como la campaña anticipada. A la fecha, ya se han trasladado más de 125 expedientes a Inspección General para su análisis. De confirmarse irregularidades, los casos pueden derivar en sanciones que van desde advertencias hasta la no inscripción de candidaturas, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El funcionario aclaró que, aunque existe una línea clara que prohíbe realizar actos de campaña fuera del periodo establecido, como llamados al voto o promoción de programas de gobierno, también se respeta la libertad de expresión y las actividades propias de proselitismo, como la afiliación o la capacitación de militantes.
Entre las lecciones del proceso anterior, Portocarrero mencionó retrasos en la entrega de materiales por parte de algunos partidos, por lo que ahora se prevé el uso de contenido genérico para no perder los espacios contratados. Asimismo, se busca fortalecer la comunicación con los planificadores de medios y promover buenas prácticas, especialmente en redes sociales, con el fin de mantener una campaña en un clima de respeto.
Finalmente, hizo un llamado tanto a los medios como a la ciudadanía. A los primeros, a inscribirse y asumir su responsabilidad social; y a los ciudadanos, a denunciar posibles irregularidades. “Los mayores fiscalizadores de las elecciones son la población en general”, afirmó.
La Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), encabezada por Pablo Portocarrero, se prepara para afrontar un nuevo proceso electoral con una serie de desafíos marcados por la expansión de los formatos de comunicación, la necesidad de combatir la desinformación y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre la campaña política. Durante una entrevista, el funcionario explicó que, aunque se trata de una dependencia reciente, su rol se ha vuelto cada vez más estratégico.
Más espacios de difusión y control del proceso electoral
Portocarrero detalló que uno de los principales retos será ampliar la participación de los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, con el objetivo de que la ciudadanía tenga mayores oportunidades de conocer las propuestas de los partidos políticos.
En ese sentido, destacó que las reformas al reglamento ahora reconocen a los llamados medios alternativos, que incluyen plataformas digitales como vallas electrónicas, pantallas, banners y otros formatos que no poseen concesión estatal.
La incorporación de estos medios, explicó, responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas de comunicación y fue resultado de consensos entre el pleno de magistrados y las organizaciones políticas. Esto permitirá que los partidos puedan contratar espacios de forma directa, ampliando así su alcance durante la campaña.
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de inscripción de medios, que finalizará el 15 de agosto. Posteriormente, el TSE verificará los expedientes para que el pleno de magistrados realice la calificación. Luego, entre octubre y noviembre, se definirá la disponibilidad de espacios y tarifas, lo que permitirá calcular la tarifa electoral. Tras esto, los partidos tendrán un plazo aproximado de ocho días para seleccionar los medios en los que desean pautar, según su estrategia.
El funcionario enfatizó que el Tribunal no interviene en la selección de medios. “No es el Tribunal Supremo Electoral el que elige en qué medios salen las organizaciones políticas”, subrayó, al recalcar que cada partido toma sus decisiones. Estos planes luego se integran en un solo plan de medios nacional que debe ser aprobado por fiscales de partidos políticos antes de su ejecución.
En cuanto al financiamiento, Portocarrero indicó que el techo de campaña aún no está definido, ya que depende de la convocatoria oficial a elecciones, prevista para el 22 de enero. No obstante, recordó que en los comicios anteriores cada partido dispuso de aproximadamente Q3 millones para pauta en medios, dentro de un monto global cercano a Q82 millones. Para el próximo proceso, estimó que el monto podría incrementarse en función del crecimiento del padrón electoral.
Otro de los ejes del trabajo de la unidad será el combate a la desinformación, especialmente en redes sociales. Portocarrero explicó que cada partido debe registrar y verificar sus perfiles oficiales, los cuales quedan inscritos ante el TSE para controlar la pauta y transparentar los contenidos. Este mecanismo busca reducir la difusión de información falsa y garantizar que la ciudadanía acceda a fuentes oficiales.
Además, la Unidad mantiene un monitoreo permanente de medios y plataformas digitales para identificar posibles infracciones, como la campaña anticipada. A la fecha, ya se han trasladado más de 125 expedientes a Inspección General para su análisis. De confirmarse irregularidades, los casos pueden derivar en sanciones que van desde advertencias hasta la no inscripción de candidaturas, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El funcionario aclaró que, aunque existe una línea clara que prohíbe realizar actos de campaña fuera del periodo establecido, como llamados al voto o promoción de programas de gobierno, también se respeta la libertad de expresión y las actividades propias de proselitismo, como la afiliación o la capacitación de militantes.
Entre las lecciones del proceso anterior, Portocarrero mencionó retrasos en la entrega de materiales por parte de algunos partidos, por lo que ahora se prevé el uso de contenido genérico para no perder los espacios contratados. Asimismo, se busca fortalecer la comunicación con los planificadores de medios y promover buenas prácticas, especialmente en redes sociales, con el fin de mantener una campaña en un clima de respeto.
Finalmente, hizo un llamado tanto a los medios como a la ciudadanía. A los primeros, a inscribirse y asumir su responsabilidad social; y a los ciudadanos, a denunciar posibles irregularidades. “Los mayores fiscalizadores de las elecciones son la población en general”, afirmó.
