EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala está en las vísperas del inicio del proceso electoral de 2027. Desde ahora, la inseguridad es evidente para funcionarios públicos y posibles candidatos. Entre 2025 y este año, nueve son las víctimas registradas. Los más afectados fueron los alcaldes e integrantes de corporaciones municipales. El escenario recuerda lo que ocurre en México, donde el crimen organizado golpea la vida política. Ecuador y Colombia también enfrentaron esa amenaza.
- En Ecuador, asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. En Colombia, la víctima fue Miguel Uribe Turbay.
Por qué importa. Los hechos de violencia, más allá de la eliminación física, afectan a los posibles candidatos —y el proceso mismo— condicionando los resultados de la elección. Incluso, se reduce la participación ciudadana. Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le representa el reto de brindar certeza a todo el proceso.
- Las condiciones de inseguridad influyen de forma directa en la confianza de los candidatos y partidos, así como en su compromiso con las reglas de la competencia electoral.
- Informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Guatemala revelaron que en los primeros siete meses de 2023 se reportaron al menos cien incidentes de violencia electoral. La mayoría a nivel municipal.
- La tasa de homicidios se ubicó en 16.3 por cada 100 000 habitantes durante el primer cuatrimestre de 2026. El indicador se mantiene por debajo del 17.3 registrado en los últimos nueve meses de 2025.
Entre líneas. Los ataques contra alcaldes, exalcaldes, concejales y excandidatos registrados entre 2025 y 2026 no ocurrieron de forma aislada. Varios se concentraron en departamentos con altos niveles de violencia homicida o lugares con facilidades de operación de estructuras criminales.
- En diciembre pasado, Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue asesinado. El departamento se mantiene entre los más violentos del país.
- Resalta que la viuda de Marroquín, para las elecciones de 2027, buscará la alcaldía. Lo hará con el partido Visión con Valores (VIVA). Escuintla fue el primer departamento que ejecutó el plan de seguridad Centinela.
- Los ataques registrados en Chiquimula, Izabal y Petén ocurrieron en territorios que conectan con fronteras y que, según diversos análisis de seguridad, presentan condiciones favorables para el tráfico de mercancías ilegales, el contrabando y otras actividades criminales.
Ahora qué. La carrera hacia 2027 ya comenzó; el desafío para el TSE no se limita a organizar la jornada electoral. También debe construir las condiciones para que la competencia política se desarrolle sin presiones, amenazas ni interferencias externas.
- Los focos de riesgo están identificados. La experiencia de procesos anteriores muestra que las tensiones suelen concentrarse en la disputa por el poder local.
- Allí convergen intereses políticos, económicos y, en algunos casos, estructuras criminales que buscan influencia sobre las autoridades municipales. Son 12 los departamentos vulnerables. Resaltan Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, según datos del Ministerio de la Defensa.
- La instalación de la mesa interinstitucional será un paso clave. La coordinación entre el TSE, Gobernación, el Ministerio Público y Defensa permitirá anticipar escenarios y definir respuestas antes de que surjan las crisis.
En conclusión. La violencia contra autoridades locales y posibles candidatos ya forma parte del escenario previo a las elecciones de 2027. Los ataques registrados en los últimos dos años revelan que la disputa política no ocurre por casualidad. En varios territorios coincide con altos niveles de violencia criminal, economías ilícitas y estructuras que buscan influencia sobre el poder municipal.
- La experiencia regional muestra que este fenómeno puede alterar la competencia democrática. México, Ecuador y Colombia evidencian que la inseguridad no solo amenaza a las personas.
- También condiciona candidaturas, modifica decisiones políticas y afecta la participación ciudadana. Guatemala aún está a tiempo de contener esos riesgos.
- Sin embargo, la respuesta requiere coordinación institucional y presencia efectiva en los territorios más vulnerables. El desafío para el Estado no consiste únicamente en proteger a candidatos y autoridades.Te puede interesar
Guatemala está en las vísperas del inicio del proceso electoral de 2027. Desde ahora, la inseguridad es evidente para funcionarios públicos y posibles candidatos. Entre 2025 y este año, nueve son las víctimas registradas. Los más afectados fueron los alcaldes e integrantes de corporaciones municipales. El escenario recuerda lo que ocurre en México, donde el crimen organizado golpea la vida política. Ecuador y Colombia también enfrentaron esa amenaza.
- En Ecuador, asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio. En Colombia, la víctima fue Miguel Uribe Turbay.
Por qué importa. Los hechos de violencia, más allá de la eliminación física, afectan a los posibles candidatos —y el proceso mismo— condicionando los resultados de la elección. Incluso, se reduce la participación ciudadana. Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le representa el reto de brindar certeza a todo el proceso.
- Las condiciones de inseguridad influyen de forma directa en la confianza de los candidatos y partidos, así como en su compromiso con las reglas de la competencia electoral.
- Informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Guatemala revelaron que en los primeros siete meses de 2023 se reportaron al menos cien incidentes de violencia electoral. La mayoría a nivel municipal.
- La tasa de homicidios se ubicó en 16.3 por cada 100 000 habitantes durante el primer cuatrimestre de 2026. El indicador se mantiene por debajo del 17.3 registrado en los últimos nueve meses de 2025.
Entre líneas. Los ataques contra alcaldes, exalcaldes, concejales y excandidatos registrados entre 2025 y 2026 no ocurrieron de forma aislada. Varios se concentraron en departamentos con altos niveles de violencia homicida o lugares con facilidades de operación de estructuras criminales.
- En diciembre pasado, Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue asesinado. El departamento se mantiene entre los más violentos del país.
- Resalta que la viuda de Marroquín, para las elecciones de 2027, buscará la alcaldía. Lo hará con el partido Visión con Valores (VIVA). Escuintla fue el primer departamento que ejecutó el plan de seguridad Centinela.
- Los ataques registrados en Chiquimula, Izabal y Petén ocurrieron en territorios que conectan con fronteras y que, según diversos análisis de seguridad, presentan condiciones favorables para el tráfico de mercancías ilegales, el contrabando y otras actividades criminales.
Ahora qué. La carrera hacia 2027 ya comenzó; el desafío para el TSE no se limita a organizar la jornada electoral. También debe construir las condiciones para que la competencia política se desarrolle sin presiones, amenazas ni interferencias externas.
- Los focos de riesgo están identificados. La experiencia de procesos anteriores muestra que las tensiones suelen concentrarse en la disputa por el poder local.
- Allí convergen intereses políticos, económicos y, en algunos casos, estructuras criminales que buscan influencia sobre las autoridades municipales. Son 12 los departamentos vulnerables. Resaltan Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, según datos del Ministerio de la Defensa.
- La instalación de la mesa interinstitucional será un paso clave. La coordinación entre el TSE, Gobernación, el Ministerio Público y Defensa permitirá anticipar escenarios y definir respuestas antes de que surjan las crisis.
En conclusión. La violencia contra autoridades locales y posibles candidatos ya forma parte del escenario previo a las elecciones de 2027. Los ataques registrados en los últimos dos años revelan que la disputa política no ocurre por casualidad. En varios territorios coincide con altos niveles de violencia criminal, economías ilícitas y estructuras que buscan influencia sobre el poder municipal.
- La experiencia regional muestra que este fenómeno puede alterar la competencia democrática. México, Ecuador y Colombia evidencian que la inseguridad no solo amenaza a las personas.
- También condiciona candidaturas, modifica decisiones políticas y afecta la participación ciudadana. Guatemala aún está a tiempo de contener esos riesgos.
- Sin embargo, la respuesta requiere coordinación institucional y presencia efectiva en los territorios más vulnerables. El desafío para el Estado no consiste únicamente en proteger a candidatos y autoridades.Te puede interesar
