Superintendencia de Competencia: la politización amenaza su independencia

La Superintendencia de Competencia (Sicom) se prepara para ejercer sus facultades de investigación y sanción. Sin embargo, las disputas internas del Directorio y los evidentes vínculos políticos de algunos de sus integrantes generan preocupación. La institución podría tomar sus primeras decisiones por intereses políticos y no por criterios técnicos. 

• La politización también puede generar incertidumbre entre empresas y consumidores, que necesitan reglas previsibles y una aplicación imparcial de la ley. Afectaría la certeza jurídica del país. 

Por qué importa. El 9 de diciembre entrará en vigor la fase sustantiva de la Ley de Competencia. Desde entonces, la Sicom podrá recibir denuncias, investigar prácticas anticompetitivas, imponer sanciones y analizar concentraciones económicas. 

• La institución tendrá capacidad para intervenir en mercados, investigar empresas y determinar posibles infracciones. Sus decisiones pueden afectar a consumidores, negocios e inversiones. 

• La independencia del Directorio será determinante para garantizar que las resoluciones respondan a evidencia, procedimientos y criterios jurídicos, no a intereses particulares. 

• Integrantes del Directorio advierten que, durante los últimos meses, algunos de sus miembros han intentado trasladar intereses políticos a una institución que debe operar bajo criterios técnicos. 

Visto y no visto. Los señalados son Luis Guillermo Velásquez Pérez, director suplente designado por el Ejecutivo, y Edgar Rolando Guzmán Fuentes, director titular nombrado por la Junta Monetaria. 

• Ambos cuentan con vínculos a la política partidista; Velásquez asesoró a Román Castellanos —diputado electo por Movimiento Semilla— en el Congreso de la República entre 2020 y 2021. 

• Guzmán fue candidato a diputado por Encuentro por Guatemala en 2019 y participó en la organización de Nueva Ciudadanía. República en varias ocasiones ha evidenciado los conflictos de interés. 

• Jorge Miguel Castillo Castro, primer superintendente de Competencia, presentó su renuncia en marzo de 2026. Afirmó que recibió presiones para dejar el cargo.  

Sí, pero. La controversia creció con el retiro de su renuncia y la decisión del Directorio de aceptarla en julio. El 9 de octubre, se eligió a Carlos Federico Ortiz Ortiz como nuevo superintendente. La votación se produjo después de diferencias sobre el procedimiento, la deliberación de los candidatos y la transparencia. 

• Edgar Guzmán cuestionó el proceso y Luis Velásquez expresó reparos sobre la deliberación y la revisión de intereses de los aspirantes. Rechazaron la “aceleración” de la nueva elección. 

• El Directorio decidirá qué denuncias investiga, qué casos avanzan y qué sanciones aplica. Si la política guía esas decisiones, las facultades de intervención económica podrían servir a intereses particulares. 

• Si las decisiones se toman por afinidad política, presión o conveniencia, la Sicom podría perder credibilidad antes de consolidar su función. 

En conclusión. La Sicom enfrenta su primera gran prueba antes de ejercer plenamente sus facultades: demostrar que puede actuar con independencia de los intereses políticos. La credibilidad de la institución dependerá de que sus investigaciones y sanciones respondan a criterios técnicos, evidencia y apego a la ley. 

• Las primeras resoluciones marcarán el precedente de una entidad con capacidad para influir en los mercados y la actividad empresarial. Si prevalecen los intereses partidistas, la Sicom podría comprometer su legitimidad y debilitar la certeza jurídica. 

• La competencia económica exige reglas imparciales. El Directorio debe demostrar que la ley se aplicará sin presiones ni privilegios, pues la independencia institucional es una condición para que la Sicom cumpla su propósito.