EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Un sinfín de quiebras empresariales, millonarias deudas, adicciones, traiciones y dinero del narco que, presumiblemente, usó para financiar su campaña política del 2019. Ese es el CV de Roberto Arzú García-Granados (RAGG).
Hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, Roberto insiste en presentarse como un justiciero, alguien “diferente a los corruptos”, que promete aplicar la ley y rescatar la nación.
Los hechos cuentan otra historia: deudas millonarias ligadas a narcotraficantes, audios comprometedores, escrituras públicas y alianzas que borran la línea entre la ambición política y el narcopoder. República verificó cada documento, cada escritura y cada audio. Nada es rumor. Nada es especulación.
Lo que prueban es incómodo, para él; RAGG no tiene escrúpulos para conseguir lo que quiere. Su necesidad permanente de dinero lo llevó a prometer pagos con la herencia de su padre, patrimonio que perdió.
Más que corrupción, su vida se entrecruza con el crimen organizado. Lo prueban los audios suplicando dinero a un cabecilla del narcotráfico: “Paco” Domínguez; también, el millón de dólares que prestó y nunca pagó a un operador de Marllory Chacón, sentenciada en Estados Unidos por lavar dinero de cárteles de la droga.
De heredero político a candidato bajo sospecha
RAGG nació en 1970, primogénito del expresidente Arzú. Creció entre privilegios, negocios familiares y el deporte; pero sus logros empresariales todos han fracasado. Académicamente, ni siquiera alcanzó el título de bachiller.
Su única función pública fue como embajador especial ad honorem en 2017, nombrado por Jimmy Morales, cargo que utilizó para conseguir dinero para su campaña presidencial. Renunció en 2018 para lanzarse a la política electoral, justo tras la muerte de su padre, hecho que fracturó a la familia y lo dejó enfrentado con sus hermanos, quienes le negaron el uso del legado unionista. Desde entonces, Roberto se ha dedicado a ser el eterno candidato, y para ello ha recurrido a lo que sea necesario: alianzas cuestionadas, financistas opacos y promesas vacías.
En 2019, anunció su primera candidatura presidencial. Sin el respaldo Unionista, intentó rescatar la sigla del PAN junto a Podemos, partido heredero del Movimiento Reformador vinculado al procesado exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La alianza PAN-Podemos reunió a reciclados del PP y Líder, partidos disueltos por acusaciones de corrupción. El 16 de junio de 2019, Roberto obtuvo pocos votos (6.08 %), quedando quinto.
En medio de la derrota, enfrentó un escándalo internacional: JJ Rendón, su estratega, lo demandó en EE.UU. por incumplimiento de contrato. Un tribunal lo condenó a pagar USD 6M, revelando conversaciones donde Arzú prometía que “Hugo” cubriría la deuda. Ese “Hugo” es Hugo Sigman, magnate farmacéutico argentino.
Sigman fundó Distrifarma en Guatemala en 2016, cuyo representante legal —inicialmente— fue un hijo de Roberto. Aunque RAGG niega haber recibido dinero, Rendón asegura que Sigman fue citado como financista. También aparece Fabián Ranucci, socio de Sigman y directivo en la campaña.
Este financiamiento internacional —no reportado al TSE porque la Ley Electoral lo prohíbe— se suma a hallazgos de auditorías: aportes sin declaración jurada, ingresos en efectivo no bancarizados por GTQ 558 000, desaparición de talonarios y gastos en vallas no reportados. En 2019 y 2023, Podemos fue multado por más de USD 100 000, quedando al borde de la cancelación.
Roberto pretende presentarse como un empresario exitoso, pero la realidad es otra: no figura como accionista relevante en las sociedades que presume. Vendió todo para cubrir deudas y, aun así, quedó debiendo. En 2018, para obtener USD 1M del narco, llegó al extremo de ofrecer como garantía sus derechos hereditarios en la sucesión de su padre. Prometió pagar con la herencia, pero no cumplió. Ese episodio lo retrata: alguien dispuesto a todo, incluso a hipotecar el apellido, para sostener su ambición política.
Audios, escrituras y la sombra del narco
Si algo ha marcado la narrativa reciente de Roberto Arzú en 2025, han sido los audios filtrados tras el asesinato de Francisco “Paco” Domínguez, cabecilla de “Los Caradura”, estructura señalada de narcomenudeo, sicariato y trata de personas en la capital de Guatemala. Domínguez fue asesinado el 25 de junio de 2025 en la zona 10, en un ajuste de cuentas que destapó una trama macabra. En las grabaciones, Arzú suplica más dinero, ofrece contratos publicitarios y menciona acuerdos con canales de televisión abierta para promocionar prostíbulos como Pasiones, Exxesos, Madonas, 2 Cielos, Tropical Party, El Bunker, La Azotea y Bajo Cero.
En uno de los audios se escucha:
“Paco, nosotros te firmamos un contrato para pagar todo… te lo suplico”, dice Roberto con tono desesperado.
Otro fragmento revela:
“Hermano, dame chance, yo te cumplo. Tengo acuerdos con los canales para meter publicidad”, le dice, intentando convencer a alias Paco de entregarle más dinero, pese a que este le reclama el préstamo anterior, su incumplimiento y los documentos entregados, que nadie reconoce como una deuda válida.
Escrituras públicas de marzo de 2019 confirman deudas por USD 700 000 y GTQ 4M con Domínguez, respaldadas con acciones de IHOP Guatemala. La notaria que autorizó los documentos, Dora Reneé Cruz Navas, desapareció cuatro meses después, el 17 de julio de 2019. Desde entonces permanece activa una alerta Isabel Claudina por su caso. Hasta hoy se desconoce su paradero y se teme lo peor.
Otra escritura, de 2018, revela un préstamo con Rodrigo Lainfiesta Rímola por USD 1M el cual, según fuentes cercanas, corresponde a patrimonio de Marllory Chacón, “La Reina del Sur”, condenada en EE.UU. por lavado. Roberto confirmó los audios y las escrituras, pero dice que “son de años atrás”. Justo esos años coinciden con su campaña presidencial; el dinero, aparte de financiar su estilo de vida, presumiblemente sirvió, también, para su campaña.
RAGG se defiende con frases grandilocuentes, pero los hechos lo contradicen. Promete transparencia, pero ocultó financistas. Jura honradez, pero hipotecó su herencia y no pagó. Se presenta como víctima, pero los documentos lo develan como mentiroso, alguien que acomoda la verdad según le convenga.
El regreso en 2025: populismo y oscuras alianzas
Tras la exclusión de 2023 por campaña anticipada, Roberto denunció “fraude” y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2025, el organismo reconoció la violación de sus derechos políticos y firmó un acuerdo amistoso con el Estado, representado por Bernardo Arévalo. Fiel a su estilo, RAGG aparenta respaldar al gobierno mientras ataca a los “enemigos” del Movimiento Semilla, y presenta el fallo como una victoria moral, reforzando su narrativa de justiciero traicionado por el sistema.
Hoy, reaparece en el partido CABAL, que lo nombró secretario de Formación Política. En la mesa de ese mismo Comité Ejecutivo, se sienta Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas, quien renunció cuando Jimmy Morales declaró no grato al exjefe de la CICIG, Iván Velásquez. Estrada intenta enviar mensajes de transparencia y negociación política “sin propósitos ilegales”, pero su presencia en una organización rodeada de políticos cuestionados lo coloca en una encrucijada moral.
Arzú, en cambio, parece sentirse como en casa en ese ecosistema. Su discurso populista promete “orden y seguridad”, mientras los hechos revelan una historia distinta: préstamos ligados al narco, financistas internacionales, diputados y operadores reciclados, y una estrategia que apuesta por la impunidad.
RAGG carga con deudas y con una forma de hacer política basada en la mentira. Promete lo que no cumple, exagera lo que ni siquiera tiene y oculta lo que debería explicar.
República verificó cada documento, cada escritura y cada audio. Nada es rumor. Nada es especulación. La pregunta ya no es si Roberto está rodeado y se aprovecha de estructuras criminales; la duda es cuántos favores, silencios e intereses se esconden detrás de los millones que sostiene hoy su proyecto político.
No es simple casualidad o un hecho aislado que Roberto Arzú García-Granados se haya metido a CABAL, un partido que recuerda a la UCN de Mario Estrada, condenado en EE. UU. por financiamiento ilícito del cártel de Sinaloa. Toda la carrera política de Roberto ha sido financiada, en buena medida, por dinero ilícito. Igual que Estada.
Todas las deudas que tiene con sus financistas, los de entonces y los de ahora, pretende pagarlas con dinero público, si es que llega a la presidencia. Alguien con esos vínculos, sea quien sea, no puede llegar a ser presidente de Guatemala. Más que a la presidencia, Roberto parecería estar más cerca de la cárcel por posible financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita.
*República contactó a Roberto Arzú García-Granados para que respondiera a esta investigación; se le dio el espacio y decidió evadir las preguntas.
En cambio, exigió hacerlos solo bajo sus condiciones y en un formato que equivaldría a espacio para continuar su campaña anticipada. Por decisión suya, su versión no pudo ser incluida.
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Hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen, Roberto insiste en presentarse como un justiciero, alguien “diferente a los corruptos”, que promete aplicar la ley y rescatar la nación.
Los hechos cuentan otra historia: deudas millonarias ligadas a narcotraficantes, audios comprometedores, escrituras públicas y alianzas que borran la línea entre la ambición política y el narcopoder. República verificó cada documento, cada escritura y cada audio. Nada es rumor. Nada es especulación.
Lo que prueban es incómodo, para él; RAGG no tiene escrúpulos para conseguir lo que quiere. Su necesidad permanente de dinero lo llevó a prometer pagos con la herencia de su padre, patrimonio que perdió.
Más que corrupción, su vida se entrecruza con el crimen organizado. Lo prueban los audios suplicando dinero a un cabecilla del narcotráfico: “Paco” Domínguez; también, el millón de dólares que prestó y nunca pagó a un operador de Marllory Chacón, sentenciada en Estados Unidos por lavar dinero de cárteles de la droga.
De heredero político a candidato bajo sospecha
RAGG nació en 1970, primogénito del expresidente Arzú. Creció entre privilegios, negocios familiares y el deporte; pero sus logros empresariales todos han fracasado. Académicamente, ni siquiera alcanzó el título de bachiller.
Su única función pública fue como embajador especial ad honorem en 2017, nombrado por Jimmy Morales, cargo que utilizó para conseguir dinero para su campaña presidencial. Renunció en 2018 para lanzarse a la política electoral, justo tras la muerte de su padre, hecho que fracturó a la familia y lo dejó enfrentado con sus hermanos, quienes le negaron el uso del legado unionista. Desde entonces, Roberto se ha dedicado a ser el eterno candidato, y para ello ha recurrido a lo que sea necesario: alianzas cuestionadas, financistas opacos y promesas vacías.
En 2019, anunció su primera candidatura presidencial. Sin el respaldo Unionista, intentó rescatar la sigla del PAN junto a Podemos, partido heredero del Movimiento Reformador vinculado al procesado exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La alianza PAN-Podemos reunió a reciclados del PP y Líder, partidos disueltos por acusaciones de corrupción. El 16 de junio de 2019, Roberto obtuvo pocos votos (6.08 %), quedando quinto.
En medio de la derrota, enfrentó un escándalo internacional: JJ Rendón, su estratega, lo demandó en EE.UU. por incumplimiento de contrato. Un tribunal lo condenó a pagar USD 6M, revelando conversaciones donde Arzú prometía que “Hugo” cubriría la deuda. Ese “Hugo” es Hugo Sigman, magnate farmacéutico argentino.
Sigman fundó Distrifarma en Guatemala en 2016, cuyo representante legal —inicialmente— fue un hijo de Roberto. Aunque RAGG niega haber recibido dinero, Rendón asegura que Sigman fue citado como financista. También aparece Fabián Ranucci, socio de Sigman y directivo en la campaña.
Este financiamiento internacional —no reportado al TSE porque la Ley Electoral lo prohíbe— se suma a hallazgos de auditorías: aportes sin declaración jurada, ingresos en efectivo no bancarizados por GTQ 558 000, desaparición de talonarios y gastos en vallas no reportados. En 2019 y 2023, Podemos fue multado por más de USD 100 000, quedando al borde de la cancelación.
Roberto pretende presentarse como un empresario exitoso, pero la realidad es otra: no figura como accionista relevante en las sociedades que presume. Vendió todo para cubrir deudas y, aun así, quedó debiendo. En 2018, para obtener USD 1M del narco, llegó al extremo de ofrecer como garantía sus derechos hereditarios en la sucesión de su padre. Prometió pagar con la herencia, pero no cumplió. Ese episodio lo retrata: alguien dispuesto a todo, incluso a hipotecar el apellido, para sostener su ambición política.
Audios, escrituras y la sombra del narco
Si algo ha marcado la narrativa reciente de Roberto Arzú en 2025, han sido los audios filtrados tras el asesinato de Francisco “Paco” Domínguez, cabecilla de “Los Caradura”, estructura señalada de narcomenudeo, sicariato y trata de personas en la capital de Guatemala. Domínguez fue asesinado el 25 de junio de 2025 en la zona 10, en un ajuste de cuentas que destapó una trama macabra. En las grabaciones, Arzú suplica más dinero, ofrece contratos publicitarios y menciona acuerdos con canales de televisión abierta para promocionar prostíbulos como Pasiones, Exxesos, Madonas, 2 Cielos, Tropical Party, El Bunker, La Azotea y Bajo Cero.
En uno de los audios se escucha:
“Paco, nosotros te firmamos un contrato para pagar todo… te lo suplico”, dice Roberto con tono desesperado.
Otro fragmento revela:
“Hermano, dame chance, yo te cumplo. Tengo acuerdos con los canales para meter publicidad”, le dice, intentando convencer a alias Paco de entregarle más dinero, pese a que este le reclama el préstamo anterior, su incumplimiento y los documentos entregados, que nadie reconoce como una deuda válida.
Escrituras públicas de marzo de 2019 confirman deudas por USD 700 000 y GTQ 4M con Domínguez, respaldadas con acciones de IHOP Guatemala. La notaria que autorizó los documentos, Dora Reneé Cruz Navas, desapareció cuatro meses después, el 17 de julio de 2019. Desde entonces permanece activa una alerta Isabel Claudina por su caso. Hasta hoy se desconoce su paradero y se teme lo peor.
Otra escritura, de 2018, revela un préstamo con Rodrigo Lainfiesta Rímola por USD 1M el cual, según fuentes cercanas, corresponde a patrimonio de Marllory Chacón, “La Reina del Sur”, condenada en EE.UU. por lavado. Roberto confirmó los audios y las escrituras, pero dice que “son de años atrás”. Justo esos años coinciden con su campaña presidencial; el dinero, aparte de financiar su estilo de vida, presumiblemente sirvió, también, para su campaña.
RAGG se defiende con frases grandilocuentes, pero los hechos lo contradicen. Promete transparencia, pero ocultó financistas. Jura honradez, pero hipotecó su herencia y no pagó. Se presenta como víctima, pero los documentos lo develan como mentiroso, alguien que acomoda la verdad según le convenga.
El regreso en 2025: populismo y oscuras alianzas
Tras la exclusión de 2023 por campaña anticipada, Roberto denunció “fraude” y llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2025, el organismo reconoció la violación de sus derechos políticos y firmó un acuerdo amistoso con el Estado, representado por Bernardo Arévalo. Fiel a su estilo, RAGG aparenta respaldar al gobierno mientras ataca a los “enemigos” del Movimiento Semilla, y presenta el fallo como una victoria moral, reforzando su narrativa de justiciero traicionado por el sistema.
Hoy, reaparece en el partido CABAL, que lo nombró secretario de Formación Política. En la mesa de ese mismo Comité Ejecutivo, se sienta Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas, quien renunció cuando Jimmy Morales declaró no grato al exjefe de la CICIG, Iván Velásquez. Estrada intenta enviar mensajes de transparencia y negociación política “sin propósitos ilegales”, pero su presencia en una organización rodeada de políticos cuestionados lo coloca en una encrucijada moral.
Arzú, en cambio, parece sentirse como en casa en ese ecosistema. Su discurso populista promete “orden y seguridad”, mientras los hechos revelan una historia distinta: préstamos ligados al narco, financistas internacionales, diputados y operadores reciclados, y una estrategia que apuesta por la impunidad.
RAGG carga con deudas y con una forma de hacer política basada en la mentira. Promete lo que no cumple, exagera lo que ni siquiera tiene y oculta lo que debería explicar.
República verificó cada documento, cada escritura y cada audio. Nada es rumor. Nada es especulación. La pregunta ya no es si Roberto está rodeado y se aprovecha de estructuras criminales; la duda es cuántos favores, silencios e intereses se esconden detrás de los millones que sostiene hoy su proyecto político.
No es simple casualidad o un hecho aislado que Roberto Arzú García-Granados se haya metido a CABAL, un partido que recuerda a la UCN de Mario Estrada, condenado en EE. UU. por financiamiento ilícito del cártel de Sinaloa. Toda la carrera política de Roberto ha sido financiada, en buena medida, por dinero ilícito. Igual que Estada.
Todas las deudas que tiene con sus financistas, los de entonces y los de ahora, pretende pagarlas con dinero público, si es que llega a la presidencia. Alguien con esos vínculos, sea quien sea, no puede llegar a ser presidente de Guatemala. Más que a la presidencia, Roberto parecería estar más cerca de la cárcel por posible financiamiento electoral ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita.
*República contactó a Roberto Arzú García-Granados para que respondiera a esta investigación; se le dio el espacio y decidió evadir las preguntas.
En cambio, exigió hacerlos solo bajo sus condiciones y en un formato que equivaldría a espacio para continuar su campaña anticipada. Por decisión suya, su versión no pudo ser incluida.
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