El diccionario de la lengua española define “maldito” como: perverso, de mala intención, malvado, execrable, miserable, detestable, réprobo y ruin. Una palabra que, aunque se queda corta, retrata con exactitud al personaje que durante años oprimió, saqueó y destruyó Venezuela.
En un acto tan audaz como necesario, EE. UU. capturó y extrajo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, poniendo fin a un régimen que ha sumido al país en el caos y el sufrimiento humano. Esta intervención, ejecutada con precisión quirúrgica, no es un capricho imperialista, sino una respuesta justificada ante una crisis humanitaria sin precedentes.
Basada en cargos de narcoterrorismo y violaciones masivas de derechos humanos, esta acción se alinea con precedentes históricos donde potencias —incluido EE. UU.— han removido tiranos, y las cortes han validado tales medidas retrospectivamente. Recordemos el caso de Manuel Noriega en Panamá en 1989. EE. UU. invadió el país para capturarlo, acusado de tráfico de drogas y corrupción. Noriega fue juzgado en tribunales estadounidenses y condenado, validando la operación como una ejecución legítima de la ley internacional contra criminales transnacionales.
De manera similar, la captura de Saddam Hussein en Irak en 2003, aunque controvertida, llevó a su juicio por crímenes contra la humanidad en un tribunal iraquí, con apoyo implícito de cortes internacionales que reconocieron la necesidad de remover dictadores responsables de atrocidades. Israel, por su parte, secuestró a Adolf Eichmann en Argentina en 1960; la Corte Suprema israelí y la ONU avalaron la acción, priorizando la justicia sobre la soberanía absoluta. Estos ejemplos demuestran que, cuando un régimen se convierte en un peligro global, la intervención extrajudicial puede ser ratificada judicialmente, restaurando el orden y protegiendo vidas. El régimen chavista-madurista ha perpetrado abusos que claman por justicia. A continuación, algunos datos de la barbarie:
• 36 800 víctimas de tortura y violencia estatal.
• 18 305 presos políticos.
• 10 000 ejecuciones extrajudiciales.
• 468 asesinatos en protestas.
• 8000 casos registrados de violaciones de derechos humanos.
• Expropiación de más de 1000 empresas nacionales e internacionales, 179 edificios, 838 fincas (de lo cual solo el 5 % se pagó y el 95 % se robó)
• 17 medios internacionales bloqueados, 2 periódicos cerrados y más de un centenar quebrados; más de 250 radios cerradas.
• 8M de venezolanos desplazados.
• 90 % de la población en la pobreza.
• 50 % de la población en la pobreza extrema.
• USD 3 de salario mínimo.
• 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional.
Estos horrores no son meras estadísticas, son el legado de una dictadura que ha destruido una nación. Maduro, al igual que Noriega, usó el poder estatal para narcotráfico, lavado de dinero y represión, amenazando la estabilidad regional y global.
Pero lo más repugnante es la doble moral de los activistas de izquierda que hoy se rasgan las vestiduras y defienden ese régimen. Estos supuestos defensores de los oprimidos han callado ante torturas, ejecuciones y el éxodo masivo. ¿Dónde estaban sus voces cuando Maduro robaba elecciones o cuando sus fuerzas mataban manifestantes? Su silencio ante el hambre y la miseria revela hipocresía flagrante.
Con razón, se sospecha fuertemente que muchos de ellos —si no todos— se beneficiaron del dinero robado por el chavismo. Fondos saqueados de PDVSA y recursos nacionales fueron repartidos para comprar lealtades en Hispanoamérica: políticos, activistas y ONG recibieron millones en sobornos disfrazados de “ayuda”. Esta corrupción explica su defensa ciega: no es ideología, es codicia y complicidad. Mientras los venezolanos mueren de hambre, estos “progresistas” engordan sus bolsillos, traicionando los principios que dicen profesar.
La acción de EE. UU. no es invasión; es liberación. Abre la puerta —en el mediano plazo— a elecciones libres, reconstrucción y justicia. Venezuela merece renacer, libre de tiranos y sus apologistas comprados. La historia validará esta intervención, como lo hizo con Noriega y otros. Es hora de verdaderamente priorizar derechos humanos sobre tiranías mascaradas en soberanías ficticias.
El diccionario de la lengua española define “maldito” como: perverso, de mala intención, malvado, execrable, miserable, detestable, réprobo y ruin. Una palabra que, aunque se queda corta, retrata con exactitud al personaje que durante años oprimió, saqueó y destruyó Venezuela.
En un acto tan audaz como necesario, EE. UU. capturó y extrajo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, poniendo fin a un régimen que ha sumido al país en el caos y el sufrimiento humano. Esta intervención, ejecutada con precisión quirúrgica, no es un capricho imperialista, sino una respuesta justificada ante una crisis humanitaria sin precedentes.
Basada en cargos de narcoterrorismo y violaciones masivas de derechos humanos, esta acción se alinea con precedentes históricos donde potencias —incluido EE. UU.— han removido tiranos, y las cortes han validado tales medidas retrospectivamente. Recordemos el caso de Manuel Noriega en Panamá en 1989. EE. UU. invadió el país para capturarlo, acusado de tráfico de drogas y corrupción. Noriega fue juzgado en tribunales estadounidenses y condenado, validando la operación como una ejecución legítima de la ley internacional contra criminales transnacionales.
De manera similar, la captura de Saddam Hussein en Irak en 2003, aunque controvertida, llevó a su juicio por crímenes contra la humanidad en un tribunal iraquí, con apoyo implícito de cortes internacionales que reconocieron la necesidad de remover dictadores responsables de atrocidades. Israel, por su parte, secuestró a Adolf Eichmann en Argentina en 1960; la Corte Suprema israelí y la ONU avalaron la acción, priorizando la justicia sobre la soberanía absoluta. Estos ejemplos demuestran que, cuando un régimen se convierte en un peligro global, la intervención extrajudicial puede ser ratificada judicialmente, restaurando el orden y protegiendo vidas. El régimen chavista-madurista ha perpetrado abusos que claman por justicia. A continuación, algunos datos de la barbarie:
• 36 800 víctimas de tortura y violencia estatal.
• 18 305 presos políticos.
• 10 000 ejecuciones extrajudiciales.
• 468 asesinatos en protestas.
• 8000 casos registrados de violaciones de derechos humanos.
• Expropiación de más de 1000 empresas nacionales e internacionales, 179 edificios, 838 fincas (de lo cual solo el 5 % se pagó y el 95 % se robó)
• 17 medios internacionales bloqueados, 2 periódicos cerrados y más de un centenar quebrados; más de 250 radios cerradas.
• 8M de venezolanos desplazados.
• 90 % de la población en la pobreza.
• 50 % de la población en la pobreza extrema.
• USD 3 de salario mínimo.
• 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional.
Estos horrores no son meras estadísticas, son el legado de una dictadura que ha destruido una nación. Maduro, al igual que Noriega, usó el poder estatal para narcotráfico, lavado de dinero y represión, amenazando la estabilidad regional y global.
Pero lo más repugnante es la doble moral de los activistas de izquierda que hoy se rasgan las vestiduras y defienden ese régimen. Estos supuestos defensores de los oprimidos han callado ante torturas, ejecuciones y el éxodo masivo. ¿Dónde estaban sus voces cuando Maduro robaba elecciones o cuando sus fuerzas mataban manifestantes? Su silencio ante el hambre y la miseria revela hipocresía flagrante.
Con razón, se sospecha fuertemente que muchos de ellos —si no todos— se beneficiaron del dinero robado por el chavismo. Fondos saqueados de PDVSA y recursos nacionales fueron repartidos para comprar lealtades en Hispanoamérica: políticos, activistas y ONG recibieron millones en sobornos disfrazados de “ayuda”. Esta corrupción explica su defensa ciega: no es ideología, es codicia y complicidad. Mientras los venezolanos mueren de hambre, estos “progresistas” engordan sus bolsillos, traicionando los principios que dicen profesar.
La acción de EE. UU. no es invasión; es liberación. Abre la puerta —en el mediano plazo— a elecciones libres, reconstrucción y justicia. Venezuela merece renacer, libre de tiranos y sus apologistas comprados. La historia validará esta intervención, como lo hizo con Noriega y otros. Es hora de verdaderamente priorizar derechos humanos sobre tiranías mascaradas en soberanías ficticias.
