EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luis Aguirre articula con actores extranjeros la elección de un presidente de la CSJ ligado al crimen organizado
En Guatemala avanza, con sigilo, una operación de captura institucional: la cooptación de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para condicionar decisiones clave en 2026 —la elección del fiscal general y de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC)— y para blindar procesos de alto impacto. Distintas fuentes advierten que esta maniobra tiene un vector externo: apoyos sistemáticos de actores extranjeros que, alineados con operadores cuestionables en el Congreso, intentan elegir a un presidente de CSJ funcional a sus intereses y a los del crimen organizado.
En el centro de estas gestiones aparece el diputado Luis Aguirre, señalado por fuentes confiables como operador político de estructuras criminales, específicamente del Cártel de los Mendoza, que desde hace años opera con impunidad en el norte del país. Su agenda legislativa y sus relaciones públicas alimentan las sospechas: impulsó iniciativas junto con la bancada oficial criticadas por abrir ventanas para facilitar el blanqueo de capitales —como el Decreto 31-2024— y ha tenido acercamientos públicos con personas asociadas al narcotráfico. Entre ellos, José Manuel “Ché Manuel” López Morales —vinculado a los cárteles Valle y Sinaloa—, a quien entregó un reconocimiento público, y su cercanía con Edwin Javier “Tres Kiebres”, a quien diversas fuentes vinculan con el narcotráfico en Chiquimula.
El patrón no prueba delitos, pero sí revela vínculos políticamente tóxicos para quien hoy empuja, desde el Legislativo, la elección de un presidente de CSJ afín a esas redes.
Los tres nombres en la mira
De concretarse, la operación consolidaría un triángulo de poder narco-político-judicial con capacidad de incidir en nombramientos clave y neutralizar causas. Tres magistrados actuales de la CSJ —mencionados por fuentes independientes— aparecen como alternativas para la presidencia. No hay condenas firmes en su contra; sí trayectorias y alianzas que encienden alarmas.
Igmaín Galicia Pimentel
Se le atribuye cercanía con operadores políticos vinculados a redes de corrupción. Fue asesor jurídico en el Congreso y candidato a diputado por el FRG; su nombre ha orbitado a exdiputados como Baudilio Hichos, procesado en el caso IGSS-Chiquimula. Análisis sectoriales lo sitúan en un bloque respaldado por líderes de Huehuetenango con conexiones a UCN, partido fundado por Mario Estrada, condenado en EE. UU. por conspiración con cárteles, e integrado por diputados con vínculos directos al narcotráfico. El MP reportó en 2020 dos expedientes abiertos (cohecho pasivo y prevaricato). En su paso por la Sala de Escuintla, analistas sostienen que favoreció a actores del crimen organizado en la costa sur y que se inhibió en casos sensibles. No hay sentencias, todavía.
Carlos Ramiro Contreras Valenzuela
Amigo cercano de Luis Aguirre, fue viceministro de Gobernación en el gobierno de Alfonso Portillo, período marcado por pactos con estructuras criminales. En 2011, el MP lo recusó por dudas de imparcialidad al conocer una apelación favorable a Portillo. Diversas fuentes lo vinculan con la “Cofradía”, red clandestina militar asociada a corrupción estatal y presuntos circuitos de narcotráfico. Litigó en favor de una empresa del coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, señalado por peculado. Ya como magistrado, dictó resoluciones que beneficiaron a partidos y alcaldes cuestionados; en 2020 frenó acciones de la Contraloría General de Cuentas contra municipalidades fronterizas estratégicas para el tráfico de drogas. Jurídicamente defendibles o no, esos fallos pueden ser interpretados como favores indirectos a redes narco-políticas.
Luis Mauricio Corado Campos
Fuentes coinciden en su amistad estrecha con Aguirre y en reuniones periódicas con traficantes influyentes de Jutiapa y Zacapa. En diciembre de 2024, habría convocado a jueces de ambos departamentos “para brindar y pedir amistad”, gesto impropio de quien debe guardar distancia institucional. En octubre de 2024, como presidente de la Sala, votó por anular el proceso contra dos acusados del secuestro del cantante Zoel Cruz, pese a que el Código Procesal Penal no contemplaba apelación en esa fase. La víctima continúa desaparecida.
Ninguno de los tres magistrados cuenta con condena por narcotráfico. Sin embargo, su trayectoria exhibe patrones convergentes: cercanía con operadores cuestionados, señalamientos por corrupción (cohecho, prevaricato, nepotismo), y resoluciones polémicas favorables a actores bajo sospecha. Justo el tipo de perfil que una red narco-política buscaría para maximizar el control sobre la CSJ y los nombramientos relevantes del 2026 en los que esta incide.
La pieza que falta es el incentivo externo: ¿qué gana un actor extranjero al usar a Aguirre como vehículo para incidir —a través de perfiles judiciales cuestionables— en la elección del fiscal general y de magistrados de la CC en 2026? Hipótesis plausibles incluyen palanca de negociación sobre casos y cooperación, una arquitectura de impunidad selectiva, alineamientos geopolíticos útiles, captura regulatoria y de contratos, y la venta de una falsa “estabilidad” mientras se amarran designaciones críticas. Nada de esto exime responsabilidades locales: si se confirma la operación, su objetivo no sería la justicia, sino el control.
El diputado Aguirre se desligó de estos señalamientos. "Esa elección es interna de los magistrados, no debiera tener vinculación con el Congreso. Son poderes independientes".
En la Corte Suprema de Justicia, Moisés Jerez, secretario de comunicación, ofreció responder a las preguntas luego de un acto público de esta entidad.
Luis Aguirre articula con actores extranjeros la elección de un presidente de la CSJ ligado al crimen organizado
En Guatemala avanza, con sigilo, una operación de captura institucional: la cooptación de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para condicionar decisiones clave en 2026 —la elección del fiscal general y de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC)— y para blindar procesos de alto impacto. Distintas fuentes advierten que esta maniobra tiene un vector externo: apoyos sistemáticos de actores extranjeros que, alineados con operadores cuestionables en el Congreso, intentan elegir a un presidente de CSJ funcional a sus intereses y a los del crimen organizado.
En el centro de estas gestiones aparece el diputado Luis Aguirre, señalado por fuentes confiables como operador político de estructuras criminales, específicamente del Cártel de los Mendoza, que desde hace años opera con impunidad en el norte del país. Su agenda legislativa y sus relaciones públicas alimentan las sospechas: impulsó iniciativas junto con la bancada oficial criticadas por abrir ventanas para facilitar el blanqueo de capitales —como el Decreto 31-2024— y ha tenido acercamientos públicos con personas asociadas al narcotráfico. Entre ellos, José Manuel “Ché Manuel” López Morales —vinculado a los cárteles Valle y Sinaloa—, a quien entregó un reconocimiento público, y su cercanía con Edwin Javier “Tres Kiebres”, a quien diversas fuentes vinculan con el narcotráfico en Chiquimula.
El patrón no prueba delitos, pero sí revela vínculos políticamente tóxicos para quien hoy empuja, desde el Legislativo, la elección de un presidente de CSJ afín a esas redes.
Los tres nombres en la mira
De concretarse, la operación consolidaría un triángulo de poder narco-político-judicial con capacidad de incidir en nombramientos clave y neutralizar causas. Tres magistrados actuales de la CSJ —mencionados por fuentes independientes— aparecen como alternativas para la presidencia. No hay condenas firmes en su contra; sí trayectorias y alianzas que encienden alarmas.
Igmaín Galicia Pimentel
Se le atribuye cercanía con operadores políticos vinculados a redes de corrupción. Fue asesor jurídico en el Congreso y candidato a diputado por el FRG; su nombre ha orbitado a exdiputados como Baudilio Hichos, procesado en el caso IGSS-Chiquimula. Análisis sectoriales lo sitúan en un bloque respaldado por líderes de Huehuetenango con conexiones a UCN, partido fundado por Mario Estrada, condenado en EE. UU. por conspiración con cárteles, e integrado por diputados con vínculos directos al narcotráfico. El MP reportó en 2020 dos expedientes abiertos (cohecho pasivo y prevaricato). En su paso por la Sala de Escuintla, analistas sostienen que favoreció a actores del crimen organizado en la costa sur y que se inhibió en casos sensibles. No hay sentencias, todavía.
Carlos Ramiro Contreras Valenzuela
Amigo cercano de Luis Aguirre, fue viceministro de Gobernación en el gobierno de Alfonso Portillo, período marcado por pactos con estructuras criminales. En 2011, el MP lo recusó por dudas de imparcialidad al conocer una apelación favorable a Portillo. Diversas fuentes lo vinculan con la “Cofradía”, red clandestina militar asociada a corrupción estatal y presuntos circuitos de narcotráfico. Litigó en favor de una empresa del coronel retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, señalado por peculado. Ya como magistrado, dictó resoluciones que beneficiaron a partidos y alcaldes cuestionados; en 2020 frenó acciones de la Contraloría General de Cuentas contra municipalidades fronterizas estratégicas para el tráfico de drogas. Jurídicamente defendibles o no, esos fallos pueden ser interpretados como favores indirectos a redes narco-políticas.
Luis Mauricio Corado Campos
Fuentes coinciden en su amistad estrecha con Aguirre y en reuniones periódicas con traficantes influyentes de Jutiapa y Zacapa. En diciembre de 2024, habría convocado a jueces de ambos departamentos “para brindar y pedir amistad”, gesto impropio de quien debe guardar distancia institucional. En octubre de 2024, como presidente de la Sala, votó por anular el proceso contra dos acusados del secuestro del cantante Zoel Cruz, pese a que el Código Procesal Penal no contemplaba apelación en esa fase. La víctima continúa desaparecida.
Ninguno de los tres magistrados cuenta con condena por narcotráfico. Sin embargo, su trayectoria exhibe patrones convergentes: cercanía con operadores cuestionados, señalamientos por corrupción (cohecho, prevaricato, nepotismo), y resoluciones polémicas favorables a actores bajo sospecha. Justo el tipo de perfil que una red narco-política buscaría para maximizar el control sobre la CSJ y los nombramientos relevantes del 2026 en los que esta incide.
La pieza que falta es el incentivo externo: ¿qué gana un actor extranjero al usar a Aguirre como vehículo para incidir —a través de perfiles judiciales cuestionables— en la elección del fiscal general y de magistrados de la CC en 2026? Hipótesis plausibles incluyen palanca de negociación sobre casos y cooperación, una arquitectura de impunidad selectiva, alineamientos geopolíticos útiles, captura regulatoria y de contratos, y la venta de una falsa “estabilidad” mientras se amarran designaciones críticas. Nada de esto exime responsabilidades locales: si se confirma la operación, su objetivo no sería la justicia, sino el control.
El diputado Aguirre se desligó de estos señalamientos. "Esa elección es interna de los magistrados, no debiera tener vinculación con el Congreso. Son poderes independientes".
En la Corte Suprema de Justicia, Moisés Jerez, secretario de comunicación, ofreció responder a las preguntas luego de un acto público de esta entidad.
