Panorama Político Semanal: Empieza el reparto del presupuesto
Negociaciones reservadas, gasto en expansión y una fecha límite cada vez más cercana marcarán la discusión del Presupuesto 2027 durante noviembre.
Con el inicio de noviembre, empieza la fase más intensa de las negociaciones para el presupuesto 2027. La pregunta es si este año será distinto a los anteriores. Todo indica que no.
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Las decisiones más importantes rara vez se construyen de cara a la ciudadanía o en el hemiciclo parlamentario. Se negocian en privado, en oficinas cerradas, y muchas veces durante la noche o la madrugada, cuando el escrutinio público disminuye. Luego, los acuerdos llegan al pleno ya definidos.
Qué destacar. Así se aprobaron los presupuestos durante la actual administración y así se avalaron asignaciones históricas para los Consejos Departamentales de Desarrollo. En ese mismo ambiente de discreción también se concretó el cuestionado aumento salarial de los diputados.
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Mientras tanto, el Gobierno, con Jonathan Menkos al frente de la política fiscal, ha impulsado presupuestos cada vez más abultados, al punto de que el gasto público podría acercarse a los GTQ 200 000M al cierre del período presidencial.
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Sin embargo, persiste la interrogante sobre si ese crecimiento del gasto se traduce en mejoras proporcionales en educación, salud, seguridad e infraestructura.
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Con la fecha límite del 30 de noviembre en el horizonte, diputados, alcaldes y funcionarios del Ejecutivo tienen por delante varias semanas para definir el reparto de recursos. Lo que está por verse es si las negociaciones responderán al interés nacional o si, una vez más, prevalecerán los acuerdos políticos y particulares que históricamente han marcado la aprobación del presupuesto.
En el radar. Mañana, el Pleno del Congreso tiene previsto conocer el veto por inconstitucionalidad presentado por el presidente Bernardo Arévalo a las reformas al Código Procesal Penal.
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Los diputados podrán aceptar las observaciones del Ejecutivo y trabajar en una nueva normativa o rechazar el veto y ratificar el decreto para su publicación. El Gobierno sostiene que la reforma contiene vacíos legales, referencias a delitos derogados y disposiciones que generan inseguridad jurídica.
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También cuestiona la falta de reglas para implementar nuevas estructuras judiciales previstas en la ley. Por la magnitud de los señalamientos, en el ámbito legislativo se considera poco probable que prospere una insistencia sobre el texto original.
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En ese escenario, cobra fuerza la posibilidad de que el Congreso impulse una nueva propuesta que subsane las inconstitucionalidades señaladas.
Lo que sigue. Desde Guatemala, las elecciones de mitad del mandato de Estados Unidos son observadas con especial interés por sus posibles repercusiones en temas que inciden directamente en la economía y la gobernabilidad del país.
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La atención se concentra en el rumbo que pueda tomar la política migratoria, un asunto estrechamente vinculado al flujo de remesas, principal fuente de divisas para miles de hogares guatemaltecos.
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También existe expectativa sobre eventuales cambios en la agenda comercial y en los programas de cooperación destinados a Centroamérica.
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En un contexto de vínculos cada vez más estrechos entre ambos países, la nueva composición del Congreso de Estados Unidos podría influir en decisiones que van más allá de la política interna de Washington y que tienen efectos directos en Guatemala.
Ecos regionales. La expectativa sobre la misión de El Salvador en Haití continúa en aumento, luego de que se ampliara el despliegue militar tras la desaparición de cuatro efectivos salvadoreños el 18 de octubre.
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A 15 días de la emboscada, las operaciones siguen sin reportar resultados públicos sobre su paradero, mientras crece la atención regional sobre el alcance y los resultados de la intervención impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que el 8 de noviembre excarcelará a 2000 reos comunes bajo el régimen de convivencia familiar, con lo que la cifra de liberados en 2026 ascendería a 9900 personas.
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Esta semana podría definirse la ruta legislativa de la reforma para permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica, con el inicio de los primeros debates y el cabildeo político para reunir los votos necesarios en la Asamblea Legislativa.
Panorama Político Semanal: Empieza el reparto del presupuesto
Negociaciones reservadas, gasto en expansión y una fecha límite cada vez más cercana marcarán la discusión del Presupuesto 2027 durante noviembre.
Con el inicio de noviembre, empieza la fase más intensa de las negociaciones para el presupuesto 2027. La pregunta es si este año será distinto a los anteriores. Todo indica que no.
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Las decisiones más importantes rara vez se construyen de cara a la ciudadanía o en el hemiciclo parlamentario. Se negocian en privado, en oficinas cerradas, y muchas veces durante la noche o la madrugada, cuando el escrutinio público disminuye. Luego, los acuerdos llegan al pleno ya definidos.
Qué destacar. Así se aprobaron los presupuestos durante la actual administración y así se avalaron asignaciones históricas para los Consejos Departamentales de Desarrollo. En ese mismo ambiente de discreción también se concretó el cuestionado aumento salarial de los diputados.
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Mientras tanto, el Gobierno, con Jonathan Menkos al frente de la política fiscal, ha impulsado presupuestos cada vez más abultados, al punto de que el gasto público podría acercarse a los GTQ 200 000M al cierre del período presidencial.
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Sin embargo, persiste la interrogante sobre si ese crecimiento del gasto se traduce en mejoras proporcionales en educación, salud, seguridad e infraestructura.
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Con la fecha límite del 30 de noviembre en el horizonte, diputados, alcaldes y funcionarios del Ejecutivo tienen por delante varias semanas para definir el reparto de recursos. Lo que está por verse es si las negociaciones responderán al interés nacional o si, una vez más, prevalecerán los acuerdos políticos y particulares que históricamente han marcado la aprobación del presupuesto.
En el radar. Mañana, el Pleno del Congreso tiene previsto conocer el veto por inconstitucionalidad presentado por el presidente Bernardo Arévalo a las reformas al Código Procesal Penal.
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Los diputados podrán aceptar las observaciones del Ejecutivo y trabajar en una nueva normativa o rechazar el veto y ratificar el decreto para su publicación. El Gobierno sostiene que la reforma contiene vacíos legales, referencias a delitos derogados y disposiciones que generan inseguridad jurídica.
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También cuestiona la falta de reglas para implementar nuevas estructuras judiciales previstas en la ley. Por la magnitud de los señalamientos, en el ámbito legislativo se considera poco probable que prospere una insistencia sobre el texto original.
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En ese escenario, cobra fuerza la posibilidad de que el Congreso impulse una nueva propuesta que subsane las inconstitucionalidades señaladas.
Lo que sigue. Desde Guatemala, las elecciones de mitad del mandato de Estados Unidos son observadas con especial interés por sus posibles repercusiones en temas que inciden directamente en la economía y la gobernabilidad del país.
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La atención se concentra en el rumbo que pueda tomar la política migratoria, un asunto estrechamente vinculado al flujo de remesas, principal fuente de divisas para miles de hogares guatemaltecos.
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También existe expectativa sobre eventuales cambios en la agenda comercial y en los programas de cooperación destinados a Centroamérica.
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En un contexto de vínculos cada vez más estrechos entre ambos países, la nueva composición del Congreso de Estados Unidos podría influir en decisiones que van más allá de la política interna de Washington y que tienen efectos directos en Guatemala.
Ecos regionales. La expectativa sobre la misión de El Salvador en Haití continúa en aumento, luego de que se ampliara el despliegue militar tras la desaparición de cuatro efectivos salvadoreños el 18 de octubre.
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A 15 días de la emboscada, las operaciones siguen sin reportar resultados públicos sobre su paradero, mientras crece la atención regional sobre el alcance y los resultados de la intervención impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que el 8 de noviembre excarcelará a 2000 reos comunes bajo el régimen de convivencia familiar, con lo que la cifra de liberados en 2026 ascendería a 9900 personas.
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Esta semana podría definirse la ruta legislativa de la reforma para permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica, con el inicio de los primeros debates y el cabildeo político para reunir los votos necesarios en la Asamblea Legislativa.