EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Narcopolíticos guatemaltecos en la mira de EE. UU.
EE. UU. advirtió que no hay refugio seguro para quienes se beneficien del narcotráfico, la extorsión y el lavado, aunque ocupen cargos públicos.
Por primera vez, los principales fiscales de los nueve distritos federales de Estados Unidos que más —cinco de ellos nombrados por el presidente Donald Trump— vinieron a Guatemala. La delegación, encabezada por el fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian D. Skaret y acompañada por la DEA, el FBI y HSI, se reunió el martes con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. El encargado de Negocios, Jorgan Andrews, fijó el alcance del mensaje: no hay refugio seguro para quienes se benefician del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, sin importar que ocupen un cargo público.
La última frase es la que importa. Washington no vino a hablar de cargamentos, sino de las redes que los protegen: facilitadores, lavadores y políticos vinculados al narcotráfico. Narcopolíticos. Lo hizo a nueve meses de las elecciones generales del 27 de junio de 2027, en las que se renovarán la Presidencia, el Congreso y las 340 municipalidades.
Giovanni Falcone, el juez italiano asesinado en 1992, probó que la mafia no es invencible: es un hecho humano y, como todos los hechos humanos, tuvo un principio y tendrá un final. Su aporte no fue retórico, sino metodológico. Falcone entendió que a esas estructuras no se las derrota persiguiendo delitos aislados, sino reconstruyendo el rastro del dinero y la cadena de protección que lo hace posible. Esa es, exactamente, la ofensiva que describió Skaret: rutas financieras, inteligencia compartida y más extradiciones.
En Colombia, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunció desde el Congreso el ingreso de dineros del narcotráfico a la política y fue asesinado en 1984. Luis Carlos Galán expulsó a Pablo Escobar de su movimiento y también fue asesinado. Una década después, el Proceso 8000 obligó al Estado colombiano a investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Samper. La lección es institucional, no solo moral: cuando el capital ilícito no encuentra resistencia en la etapa electoral, la encuentra después en la etapa judicial, y para entonces ya gobierna.
García Luna admitió el riesgo y prometió investigaciones técnicas y objetivas, además del refuerzo de fiscalías especializadas. Es lo correcto, pero insuficiente. La infiltración no ocurre en la sala de audiencias: ocurre en la inscripción de candidatos, en el financiamiento no reportado, en la contratación municipal y en las alcaldías pequeñas donde el control territorial se compra barato.
Eso obliga al Tribunal Supremo Electoral a fiscalizar el origen de [todos] los fondos de campaña con capacidad real y no declarativa; al Registro de Ciudadanos a aplicar con rigor las causales de inhabilitación; a la Contraloría a seguir el gasto municipal; y al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia a no convertir la inmunidad en refugio.
Políticos y funcionarios financiados por el narco e, incluso, narcotraficantes propiamente dichos han infiltrado las instituciones, poco a poco desde lo local hasta el nivel nacional; hasta ahora han llegado a municipalidades, curules y magistraturas, pero el riesgo de que consigan la presidencia es, en este ciclo electoral, uno que EE. UU. simplemente no se va a correr. Eso quedó diáfanamante claro.
Queda un punto que conviene decir sin ambages: las 21 extradiciones concretadas este año hacia EE. UU. son cooperación, no soberanía. Si la única vía eficaz para juzgar a las estructuras que capturan el Estado guatemalteco es un tribunal extranjero, la conclusión no es que el sistema funciona: es que el sistema nacional ya cedió el terreno. La advertencia de Washington es útil y llega a tiempo. Pero es prestada. La institucionalidad que la vuelva innecesaria tiene que construirse aquí, antes del 27 de junio, no después.
Narcopolíticos guatemaltecos en la mira de EE. UU.
EE. UU. advirtió que no hay refugio seguro para quienes se beneficien del narcotráfico, la extorsión y el lavado, aunque ocupen cargos públicos.
Por primera vez, los principales fiscales de los nueve distritos federales de Estados Unidos que más —cinco de ellos nombrados por el presidente Donald Trump— vinieron a Guatemala. La delegación, encabezada por el fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian D. Skaret y acompañada por la DEA, el FBI y HSI, se reunió el martes con el presidente Bernardo Arévalo, el fiscal general Gabriel García Luna y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. El encargado de Negocios, Jorgan Andrews, fijó el alcance del mensaje: no hay refugio seguro para quienes se benefician del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, sin importar que ocupen un cargo público.
La última frase es la que importa. Washington no vino a hablar de cargamentos, sino de las redes que los protegen: facilitadores, lavadores y políticos vinculados al narcotráfico. Narcopolíticos. Lo hizo a nueve meses de las elecciones generales del 27 de junio de 2027, en las que se renovarán la Presidencia, el Congreso y las 340 municipalidades.
Giovanni Falcone, el juez italiano asesinado en 1992, probó que la mafia no es invencible: es un hecho humano y, como todos los hechos humanos, tuvo un principio y tendrá un final. Su aporte no fue retórico, sino metodológico. Falcone entendió que a esas estructuras no se las derrota persiguiendo delitos aislados, sino reconstruyendo el rastro del dinero y la cadena de protección que lo hace posible. Esa es, exactamente, la ofensiva que describió Skaret: rutas financieras, inteligencia compartida y más extradiciones.
En Colombia, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla denunció desde el Congreso el ingreso de dineros del narcotráfico a la política y fue asesinado en 1984. Luis Carlos Galán expulsó a Pablo Escobar de su movimiento y también fue asesinado. Una década después, el Proceso 8000 obligó al Estado colombiano a investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Samper. La lección es institucional, no solo moral: cuando el capital ilícito no encuentra resistencia en la etapa electoral, la encuentra después en la etapa judicial, y para entonces ya gobierna.
García Luna admitió el riesgo y prometió investigaciones técnicas y objetivas, además del refuerzo de fiscalías especializadas. Es lo correcto, pero insuficiente. La infiltración no ocurre en la sala de audiencias: ocurre en la inscripción de candidatos, en el financiamiento no reportado, en la contratación municipal y en las alcaldías pequeñas donde el control territorial se compra barato.
Eso obliga al Tribunal Supremo Electoral a fiscalizar el origen de [todos] los fondos de campaña con capacidad real y no declarativa; al Registro de Ciudadanos a aplicar con rigor las causales de inhabilitación; a la Contraloría a seguir el gasto municipal; y al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia a no convertir la inmunidad en refugio.
Políticos y funcionarios financiados por el narco e, incluso, narcotraficantes propiamente dichos han infiltrado las instituciones, poco a poco desde lo local hasta el nivel nacional; hasta ahora han llegado a municipalidades, curules y magistraturas, pero el riesgo de que consigan la presidencia es, en este ciclo electoral, uno que EE. UU. simplemente no se va a correr. Eso quedó diáfanamante claro.
Queda un punto que conviene decir sin ambages: las 21 extradiciones concretadas este año hacia EE. UU. son cooperación, no soberanía. Si la única vía eficaz para juzgar a las estructuras que capturan el Estado guatemalteco es un tribunal extranjero, la conclusión no es que el sistema funciona: es que el sistema nacional ya cedió el terreno. La advertencia de Washington es útil y llega a tiempo. Pero es prestada. La institucionalidad que la vuelva innecesaria tiene que construirse aquí, antes del 27 de junio, no después.
