Mazariegos logra finiquito, pero CGC advierte denuncias

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) extender el finiquito a favor de Walter Ramiro Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

• Esta decisión vuelve a colocarlo en el centro de la polémica y que podría despejar uno de los principales obstáculos que enfrentaba para afianzar su permanencia al frente de la única universidad pública del país. 

Sí, pero. Según información confirmada por la Contraloría General de Cuentas, el 29 de julio de 2026, a las 14:05 horas, la institución fue notificada de la resolución emitida por la Sala Sexta constituida en Tribunal de Amparo.

• En la parte conducente de la resolución, los magistrados otorgaron amparo provisional a favor de Mazariegos y ordenaron a la CGC que, en un plazo de cinco horas, extendiera la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito.
• Sin embargo, la propia Contraloría hizo una salvedad al momento de cumplir la orden judicial: “Que el señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis consta en registros del Sistema de Auditoría Gubernamental con acciones legales en su contra pendientes de resolver”.
• La institución también precisó que existen tres denuncias penales en conocimiento del Ministerio Público, circunstancia que había impedido previamente la emisión del documento. 

En el radar. La resolución judicial representa un nuevo respaldo para Mazariegos, cuya permanencia en la rectoría ha sido objeto de impugnaciones, protestas estudiantiles y acciones legales desde su llegada al cargo en 2022.

• Aunque el amparo obligó a la Contraloría a emitir el finiquito, la misma resolución reconoce que los procesos legales pendientes continúan vigentes y no han sido resueltos.
• El debate sobre el finiquito se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la reciente reelección de Mazariegos. En abril de este año, la CGC informó que el rector no contaba con una constancia vigente debido a hallazgos administrativos y denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos de la universidad.
• La institución incluso anunció auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Probidad. 

Qué destacar. Diversos sectores universitarios sostuvieron que la ausencia de ese documento impedía legalmente su participación y posterior toma de posesión para el período 2026-2030.

• Como consecuencia, organizaciones estudiantiles y agrupaciones de profesionales promovieron múltiples amparos para evitar que fuera juramentado mientras persistieran dudas sobre su situación administrativa ante la Contraloría. 
• Los cuestionamientos contra Mazariegos no son nuevos. Su primera elección como rector, en 2022, fue denunciada por sectores académicos como un proceso marcado por exclusiones y decisiones consideradas irregulares.
• Cuatro años después, las críticas se repitieron durante su reelección, celebrada en Antigua Guatemala, donde protestas, denuncias de exclusión de cuerpos electorales opositores y fuertes medidas de seguridad acompañaron la jornada electoral.

En conclusión. La reelección estuvo rodeada de cuestionamientos sobre la acreditación selectiva de cuerpos electorales, la falta de transparencia en el proceso y la discusión sobre la inexistencia de un finiquito vigente.

• Aunque la orden judicial permite a Mazariegos obtener el documento que necesitaba, la decisión deja una interrogante de fondo: si una autoridad puede ser declarada apta administrativamente mediante una resolución judicial mientras siguen vigentes denuncias penales y acciones legales relacionadas con el manejo de recursos públicos.
• Esa contradicción es precisamente la que mantiene abierta la crisis institucional en la USAC y alimenta las críticas de quienes consideran que el sistema de justicia ha terminado favoreciendo la consolidación de una administración cuestionada en lugar de esclarecer los señalamientos que la rodean.