Frenan millonario negocio de cámaras chinas en Antigua

La Municipalidad de Antigua Guatemala, dirigida por el alcalde Juan Manuel Asturias Sueiras, recibió un nuevo revés por el contrato de GTQ 45.65M para un sistema de videovigilancia; un juez ordenó suspender de inmediato todo lo relacionado con la contratación. Paralelamente, se tramita una causa penal contra los integrantes del Concejo Municipal que aprobaron el proceso. 

• La medida cautelar deja en suspenso lo aprobado el 18 de agosto de 2026 y todo lo actuado desde la publicación del concurso en Guatecompras. 

Por qué importa. El contrato, identificado con el NOG 29953014, contempla el arrendamiento durante 36 meses de una plataforma de control, monitoreo, análisis y videovigilancia inteligente. La adjudicación recayó en Sistemas Informáticos de Aplicaciones, S. A. (SIASA), como única oferente. 

• El proyecto incluye 638 cámaras tipo bala, 229 cámaras PTZ, 15 cámaras LPR, 15 cámaras de reconocimiento facial y 107 botones de emergencia. Tecnología de origen chino. 

• También contempla conectividad, instalación, mantenimiento, soporte técnico, almacenamiento de grabaciones y herramientas de análisis mediante inteligencia artificial. 

• La Junta de Licitación otorgó a SIASA el contrato por GTQ 45.65M. La empresa obtuvo 10 de 30 puntos en experiencia y soporte empresarial, según los documentos disponibles en Guatecompras. 

Visto y no visto. El “negocio” surgió después de la ruptura entre la Municipalidad y Fundantigua por el control del sistema de videovigilancia existente. La disputa llegó a los tribunales y derivó en la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). 

• En marzo de 2026, la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció una apelación relacionada con el conflicto por el sistema existente y resolvió en contra de la pretensión de Asturias. 

• La Municipalidad optó entonces por impulsar su propio sistema de monitoreo. En abril se reportaba un proyecto municipal valorado en GTQ 20M; posteriormente, el costo llegó a GTQ 45.65M. 

• Antes del nuevo concurso también existieron otras contrataciones municipales vinculadas con infraestructura, conectividad y tecnología para monitoreo. 

Punto de fricción. Previo a la adjudicación ya existían advertencias internas sobre el proceso, que evidenció República. Irene del Rosario Quiroa, entonces directora de la Policía Municipal, señaló riesgos legales, patrimoniales y tecnológicos. Además, se negó a respaldar el proceso sin que el Concejo conociera sus observaciones. Sin embargo, fue removida del cargo. 

• El 16 de septiembre, el Organismo Judicial (OJ) notificó a la Municipalidad una resolución que decretó una medida cautelar de urgencia. La orden alcanza todo el proceso relacionado con el concurso. 

• La Municipalidad debe abstenerse de suscribir el contrato. Si ya hubiera sido firmado, su eficacia, ejecución, cumplimiento y cualquier pago quedan suspendidos mientras continúa el proceso. 

• A la vez quedó prohibida la instalación de cámaras, equipos de videovigilancia, sistemas de control o monitoreo provenientes del contrato.  

En conclusión. La contratación expone problemas en la gestión municipal que van más allá del monto. La Municipalidad impulsó un sistema propio después del conflicto con Fundantigua, elevó el costo previsto y avanzó pese a cuestionamientos internos. La suspensión judicial obliga a revisar si el proceso respondió a una necesidad de la comuna o a un abuso de poder. 

• El expediente coloca bajo revisión las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal y la forma en que se diseñaron y evaluaron las bases del concurso. 

• La medida cautelar no determina responsabilidad penal. Sí establece un límite inmediato a la Municipalidad mientras el caso avanza: no puede contratar, ejecutar, instalar equipos ni realizar pagos relacionados con el proyecto. 

• La Municipalidad pasó de un proyecto reportado en GTQ 20M a una contratación por más del doble, sin que el concurso exponga una justificación pública suficiente para explicar ese incremento.