EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Desde la promoción del desarrollo económico hasta la defensa del orden institucional y democrático, la certeza jurídica y la operatividad del Estado se constituyen como principios fundamentales para el crecimiento sostenido de cualquier sociedad. En Guatemala, no obstante, estos pilares cruciales llevan tiempo mostrando signos de debilidad, incapaces de sostener las aspiraciones de un país que, a pesar de su enorme potencial, parece estar estancado.
En contexto. El día de ayer –10 de octubre de 2024–, se celebró la décimo octava edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE).
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En esta ocasión, el evento que reúne a líderes del sector privado con altos funcionarios de Gobierno, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil, se enfocó en trazar una hoja de ruta para fortalecer la certeza jurídica en Guatemala, así como la eficiencia y transparencia del Estado.
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En la actividad, destacó la participación del presidente, Bernardo Arévalo; el ministro de finanzas, Jonathan Menkos; y la conferencia del expresidente de Estonia Toomas Hendrick Ilves.
Panorama. El acelerado avance tecnológico y la expansión de la globalización ofrecen a países como Guatemala una oportunidad invaluable para reducir las brechas de conectividad en aquellas regiones donde la presencia del Estado es prácticamente nula. El alcance y la eficiencia en la administración de justicia son fundamentales para construir un sistema verdaderamente funcional.
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En su intervención, Bernardo Arévalo se comprometió a que, al concluir el primer año de su gestión, el 100 % de los trámites gubernamentales estarán digitalizados. Un objetivo sumamente ambicioso.
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Además, el mandatario aseguró que ya existen acuerdos de colaboración con Estonia. El país báltico ha desarrollado uno de los sistemas de gobierno digital más avanzados del mundo, conocido como e-Estonia, que permite que prácticamente todos los servicios públicos estén disponibles en línea. Algunos componentes de la plataforma, que son de código abierto, han sido adoptados y replicados por países como Dinamarca, Japón y Emiratos Árabes Unidos. Se espera que Arévalo siga una dirección similar en sus intenciones.
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Estas medidas reducen significativamente la discrecionalidad de los funcionarios y los abusos de autoridad, lo que ha posicionado a Estonia como uno de los países con los índices más bajos de corrupción en el mundo.
Por qué importa. Guatemala debe tomar como referencia la experiencia de otros países que, en tiempos recientes, han enfrentado problemas similares derivados de la ineficacia de sus sistemas de justicia.
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Más allá de las políticas públicas impulsadas por el organismo ejecutivo, como la digitalización, todo apunta a que el fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala requiere de reformas al sistema de justicia y de la actualización de ciertas normativas que han quedado obsoletas ante la modernización de diversas industrias y estándares gubernamentales.
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Estas propuestas no son nuevas; han sido un tema central en el debate sobre el sistema de justicia guatemalteco durante años. No obstante, con la reciente renovación de las cortes —que estuvieron fuera del orden constitucional por más de cuatro años—, volvieron a ocupar un espacio destacado en la discusión pública impulsada por medios de comunicación, analistas y actores políticos. Incluso, el presidente se refirió al tema, asegurando que "la única vía viable para un futuro que permita la consolidación e independencia del sistema de justicia es reformarlo desde una mirada completamente nueva".
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Guatemala atraviesa un momento decisivo en el que puede avanzar significativamente o quedarse estancada. Para lograrlo, debe aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para abordar sus desafíos de forma estratégica. El camino apunta hacia la simplificación de trámites y la digitalización, con el objetivo de construir un Estado digital, funcional y transparente. Sin embargo, más allá de la tecnología, es necesario contar con la voluntad política para impulsar y concretar reformas profundas que fortalezcan el Estado de derecho.
El balance. Para que la visión de un Estado funcional se materialice, será esencial que el compromiso de los líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil trascienda el discurso y se convierta en acciones concretas y sostenibles.
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Superar las diferencias que a menudo obstaculizan la cooperación entre sectores no solo beneficia a los intereses de la nación, sino que, a mediano y largo plazo, también será favorable para los intereses particulares de cada actor involucrado.
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Si la aplicación de la ley depende del criterio de quienes tienen mayor influencia sobre el sistema, no hay estabilidad ni seguridad para nadie. No hay la ley, sino personas con poder. Y el poder, como lo ha demostrado la historia de Guatemala, es efímero.
Desde la promoción del desarrollo económico hasta la defensa del orden institucional y democrático, la certeza jurídica y la operatividad del Estado se constituyen como principios fundamentales para el crecimiento sostenido de cualquier sociedad. En Guatemala, no obstante, estos pilares cruciales llevan tiempo mostrando signos de debilidad, incapaces de sostener las aspiraciones de un país que, a pesar de su enorme potencial, parece estar estancado.
En contexto. El día de ayer –10 de octubre de 2024–, se celebró la décimo octava edición del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE).
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En esta ocasión, el evento que reúne a líderes del sector privado con altos funcionarios de Gobierno, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil, se enfocó en trazar una hoja de ruta para fortalecer la certeza jurídica en Guatemala, así como la eficiencia y transparencia del Estado.
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En la actividad, destacó la participación del presidente, Bernardo Arévalo; el ministro de finanzas, Jonathan Menkos; y la conferencia del expresidente de Estonia Toomas Hendrick Ilves.
Panorama. El acelerado avance tecnológico y la expansión de la globalización ofrecen a países como Guatemala una oportunidad invaluable para reducir las brechas de conectividad en aquellas regiones donde la presencia del Estado es prácticamente nula. El alcance y la eficiencia en la administración de justicia son fundamentales para construir un sistema verdaderamente funcional.
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En su intervención, Bernardo Arévalo se comprometió a que, al concluir el primer año de su gestión, el 100 % de los trámites gubernamentales estarán digitalizados. Un objetivo sumamente ambicioso.
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Además, el mandatario aseguró que ya existen acuerdos de colaboración con Estonia. El país báltico ha desarrollado uno de los sistemas de gobierno digital más avanzados del mundo, conocido como e-Estonia, que permite que prácticamente todos los servicios públicos estén disponibles en línea. Algunos componentes de la plataforma, que son de código abierto, han sido adoptados y replicados por países como Dinamarca, Japón y Emiratos Árabes Unidos. Se espera que Arévalo siga una dirección similar en sus intenciones.
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Estas medidas reducen significativamente la discrecionalidad de los funcionarios y los abusos de autoridad, lo que ha posicionado a Estonia como uno de los países con los índices más bajos de corrupción en el mundo.
Por qué importa. Guatemala debe tomar como referencia la experiencia de otros países que, en tiempos recientes, han enfrentado problemas similares derivados de la ineficacia de sus sistemas de justicia.
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Más allá de las políticas públicas impulsadas por el organismo ejecutivo, como la digitalización, todo apunta a que el fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala requiere de reformas al sistema de justicia y de la actualización de ciertas normativas que han quedado obsoletas ante la modernización de diversas industrias y estándares gubernamentales.
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Estas propuestas no son nuevas; han sido un tema central en el debate sobre el sistema de justicia guatemalteco durante años. No obstante, con la reciente renovación de las cortes —que estuvieron fuera del orden constitucional por más de cuatro años—, volvieron a ocupar un espacio destacado en la discusión pública impulsada por medios de comunicación, analistas y actores políticos. Incluso, el presidente se refirió al tema, asegurando que "la única vía viable para un futuro que permita la consolidación e independencia del sistema de justicia es reformarlo desde una mirada completamente nueva".
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Guatemala atraviesa un momento decisivo en el que puede avanzar significativamente o quedarse estancada. Para lograrlo, debe aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para abordar sus desafíos de forma estratégica. El camino apunta hacia la simplificación de trámites y la digitalización, con el objetivo de construir un Estado digital, funcional y transparente. Sin embargo, más allá de la tecnología, es necesario contar con la voluntad política para impulsar y concretar reformas profundas que fortalezcan el Estado de derecho.
El balance. Para que la visión de un Estado funcional se materialice, será esencial que el compromiso de los líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil trascienda el discurso y se convierta en acciones concretas y sostenibles.
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Superar las diferencias que a menudo obstaculizan la cooperación entre sectores no solo beneficia a los intereses de la nación, sino que, a mediano y largo plazo, también será favorable para los intereses particulares de cada actor involucrado.
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Si la aplicación de la ley depende del criterio de quienes tienen mayor influencia sobre el sistema, no hay estabilidad ni seguridad para nadie. No hay la ley, sino personas con poder. Y el poder, como lo ha demostrado la historia de Guatemala, es efímero.
