EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El “ADN” que dejó Orantes en el MARN: más gasto, estructura de coimas y pocos resultados
Más presupuesto y más contrataciones que nunca se tradujeron en menor contaminación, mayor preservación ni gestión eficiente. Eso dejó.
Patricia Orantes, electa diputada por el Movimiento Semilla y nombrada ministra de Ambiente por Bernardo Arévalo, dirigió el MARN entre abril de 2024 y agosto de 2026, cuando retomó su curul. Su regreso coincide con la antesala de las elecciones de 2027 y con la discusión de la Ley de Aguas, iniciativa que impulsó desde el Ejecutivo y que hoy encabeza sus prioridades legislativas. Deja un Ministerio considerablemente más grande en términos presupuestarios, sin mejoras equivalentes.
Más dinero, no más resultados
Entre 2024 y 2025, el presupuesto del MARN pasó de GTQ 186.81M a GTQ 304.98M, un aumento de un 63.26 %. El gasto creció de GTQ 159.73M a GTQ 272.06M: 70.33 % más. De ese gasto, GTQ 237.03M fueron a funcionamiento y tan solo GTQ 35.03M a inversión —87.1 % frente a un 12.9 %—.
Los servicios personales —buroracia— absorbieron GTQ 149.22M: 54.85 % del presupuesto destinado a salarios bajo contrataciones 029. La compra de propiedad, planta, equipo e intangibles aumentó un 295 %, hasta GTQ 35.0M, de los cuales la mitad corresponde a equipo de transporte y un 27 % a equipo de cómputo.
Orantes no solo mantuvo esa estructura en la planificación de 2026, sino que la consolidó. El proyecto presupuestario destina GTQ 343.94M al MARN, GTQ 327.07M de ellos a funcionamiento —38.99 % más—, frente a GTQ 16.88M de inversión física, apenas un 4.9 % del total. En 2026, GTQ 118M devengados se destinan a servicios personales, un 55 % de lo ejecutado, con un 56 % bajo renglón 029.
Ejecutar un presupuesto —gastar— no es cumplir funciones. Lo que debe demostrarse es qué resultados se obtienen y qué cambia como consecuencia.
Una fotografía de la realidad
El MARN reporta como avances más de 600 procesos por operar sin licencia ambiental, 112 denuncias penales por posibles delitos de contaminación, una tasa de resolución de un 97 % de nuevas denuncias, la creación del Sistema de Información Ambiental, un incremento de un 380 % en inspecciones y la suspensión o revocatoria de unas 25 licencias.
Son resultados administrativos y regulatorios verificables. No demuestran por sí mismos que Guatemala tenga hoy menos contaminación. La propia Memoria de Labores formula varias metas ambientales todavía en futuro: la mejora de la calidad del aire dependerá de cambios en combustibles y vehículos; la reducción del ruido, de nueva regulación y mejor aplicación normativa. En agua ocurre algo similar: el informe ambiental 2024-2025 reconoce deterioro de la calidad hídrica, problemas de gestión y una tendencia hacia menor disponibilidad efectiva del recurso.
Suspender licencias tampoco es, por sí solo, un indicador de éxito. Puede ser necesario ante incumplimientos comprobados, pero su beneficio debe sustentarse en evidencia técnica que identifique el daño, establezca causalidad y demuestre que la medida reduce el riesgo. Sin ese vínculo, el número de licencias suspendidas mide actividad regulatoria, no impacto ambiental, y puede generar costos económicos si las decisiones son discrecionales o técnicamente insuficientes.
De comunicación a pickups
El patrón del gasto plantea interrogantes sobre las prioridades. Entre el 8 y el 24 de septiembre de 2025, el MARN publicó 20 procesos de pauta radial por GTQ 1.57M; ocho aparecieron únicamente el 17 de septiembre, por GTQ 659 757.
Entre 2024 y los registros disponibles de 2026 se identificaron GTQ 2.84M expresamente destinados a publicidad. Al incorporar otros servicios de comunicación, materiales educativos y equipo relacionado, el universo asciende a GTQ 5.58M en 82 registros. Solo la campaña «Limpiemos Guatemala» representa al menos GTQ 607 351 entre producción audiovisual, medios, publicidad exterior y una encuesta de opinión.
La educación ambiental es parte de las funciones del MARN, pero la eficacia de ese gasto debería medirse en cambios observables —menos residuos mal dispuestos, mayor separación, mejoras verificables en la gestión municipal—, no en piezas producidas ni pauta contratada.
A ello se suman compras menores, como GTQ 14 062 en vasos térmicos para cumpleaños, artículos navideños y pines institucionales, y otras de mucha mayor magnitud: el NOG 27046621 registra GTQ 10.22M por 44 pickups Nissan; GTQ 1.93M por el alquiler de 115 impresoras; GTQ 1.90M para transporte de personal durante 24 meses. Entre 2024 y el 17 de septiembre de 2026, el MARN acumuló 19 661 NPG adjudicados por GTQ 348.10M.
Comprar vehículos, computadoras o servicios puede fortalecer una institución, pero solo si esa capacidad adicional produce resultados medibles.
Y detrás del gasto, los señalamientos
En julio de 2026, República publicó una investigación sustentada en testimonios de más de diez fuentes vinculadas con trámites ambientales, consultores y sector privado. Describieron un esquema en el que determinados expedientes enfrentaban retrasos o requerimientos discrecionales, mientras otros avanzaban con mayor rapidez mediante ciertos gestores. Los señalamientos alcanzaron al entorno del Viceministerio de Ambiente y al viceministro José Rodrigo Rodas. Ni Rodas ni Orantes respondieron las preguntas específicas enviadas antes de aquella publicación; después, el Ministerio anunció medidas bajo una política de «corrupción cero». Ese Viceministerio dirige la evaluación ambiental de proyectos y el seguimiento al cumplimiento de la normativa.
La transición deja una contradicción difícil de obviar: un Ministerio con más presupuesto, más personal, más bienes, más inspecciones y más ejecución, sin evidencia pública equivalente de una reducción proporcional de la contaminación del agua, el aire o los residuos.
Orantes volvió al Congreso a impulsar, entre otros temas, la Ley de Aguas. El MARN, ahora bajo Edwin Castellanos, conserva el desafío más incómodo de su gestión: demostrar que gastar más significó proteger mejor el ambiente y esclarecer señalamientos que afectan precisamente al área encargada de autorizar y fiscalizar proyectos.
Porque ejecutar presupuesto es una cifra. El resultado debería poder medirse en el ambiente.
El “ADN” que dejó Orantes en el MARN: más gasto, estructura de coimas y pocos resultados
Más presupuesto y más contrataciones que nunca se tradujeron en menor contaminación, mayor preservación ni gestión eficiente. Eso dejó.
Patricia Orantes, electa diputada por el Movimiento Semilla y nombrada ministra de Ambiente por Bernardo Arévalo, dirigió el MARN entre abril de 2024 y agosto de 2026, cuando retomó su curul. Su regreso coincide con la antesala de las elecciones de 2027 y con la discusión de la Ley de Aguas, iniciativa que impulsó desde el Ejecutivo y que hoy encabeza sus prioridades legislativas. Deja un Ministerio considerablemente más grande en términos presupuestarios, sin mejoras equivalentes.
Más dinero, no más resultados
Entre 2024 y 2025, el presupuesto del MARN pasó de GTQ 186.81M a GTQ 304.98M, un aumento de un 63.26 %. El gasto creció de GTQ 159.73M a GTQ 272.06M: 70.33 % más. De ese gasto, GTQ 237.03M fueron a funcionamiento y tan solo GTQ 35.03M a inversión —87.1 % frente a un 12.9 %—.
Los servicios personales —buroracia— absorbieron GTQ 149.22M: 54.85 % del presupuesto destinado a salarios bajo contrataciones 029. La compra de propiedad, planta, equipo e intangibles aumentó un 295 %, hasta GTQ 35.0M, de los cuales la mitad corresponde a equipo de transporte y un 27 % a equipo de cómputo.
Orantes no solo mantuvo esa estructura en la planificación de 2026, sino que la consolidó. El proyecto presupuestario destina GTQ 343.94M al MARN, GTQ 327.07M de ellos a funcionamiento —38.99 % más—, frente a GTQ 16.88M de inversión física, apenas un 4.9 % del total. En 2026, GTQ 118M devengados se destinan a servicios personales, un 55 % de lo ejecutado, con un 56 % bajo renglón 029.
Ejecutar un presupuesto —gastar— no es cumplir funciones. Lo que debe demostrarse es qué resultados se obtienen y qué cambia como consecuencia.
Una fotografía de la realidad
El MARN reporta como avances más de 600 procesos por operar sin licencia ambiental, 112 denuncias penales por posibles delitos de contaminación, una tasa de resolución de un 97 % de nuevas denuncias, la creación del Sistema de Información Ambiental, un incremento de un 380 % en inspecciones y la suspensión o revocatoria de unas 25 licencias.
Son resultados administrativos y regulatorios verificables. No demuestran por sí mismos que Guatemala tenga hoy menos contaminación. La propia Memoria de Labores formula varias metas ambientales todavía en futuro: la mejora de la calidad del aire dependerá de cambios en combustibles y vehículos; la reducción del ruido, de nueva regulación y mejor aplicación normativa. En agua ocurre algo similar: el informe ambiental 2024-2025 reconoce deterioro de la calidad hídrica, problemas de gestión y una tendencia hacia menor disponibilidad efectiva del recurso.
Suspender licencias tampoco es, por sí solo, un indicador de éxito. Puede ser necesario ante incumplimientos comprobados, pero su beneficio debe sustentarse en evidencia técnica que identifique el daño, establezca causalidad y demuestre que la medida reduce el riesgo. Sin ese vínculo, el número de licencias suspendidas mide actividad regulatoria, no impacto ambiental, y puede generar costos económicos si las decisiones son discrecionales o técnicamente insuficientes.
De comunicación a pickups
El patrón del gasto plantea interrogantes sobre las prioridades. Entre el 8 y el 24 de septiembre de 2025, el MARN publicó 20 procesos de pauta radial por GTQ 1.57M; ocho aparecieron únicamente el 17 de septiembre, por GTQ 659 757.
Entre 2024 y los registros disponibles de 2026 se identificaron GTQ 2.84M expresamente destinados a publicidad. Al incorporar otros servicios de comunicación, materiales educativos y equipo relacionado, el universo asciende a GTQ 5.58M en 82 registros. Solo la campaña «Limpiemos Guatemala» representa al menos GTQ 607 351 entre producción audiovisual, medios, publicidad exterior y una encuesta de opinión.
La educación ambiental es parte de las funciones del MARN, pero la eficacia de ese gasto debería medirse en cambios observables —menos residuos mal dispuestos, mayor separación, mejoras verificables en la gestión municipal—, no en piezas producidas ni pauta contratada.
A ello se suman compras menores, como GTQ 14 062 en vasos térmicos para cumpleaños, artículos navideños y pines institucionales, y otras de mucha mayor magnitud: el NOG 27046621 registra GTQ 10.22M por 44 pickups Nissan; GTQ 1.93M por el alquiler de 115 impresoras; GTQ 1.90M para transporte de personal durante 24 meses. Entre 2024 y el 17 de septiembre de 2026, el MARN acumuló 19 661 NPG adjudicados por GTQ 348.10M.
Comprar vehículos, computadoras o servicios puede fortalecer una institución, pero solo si esa capacidad adicional produce resultados medibles.
Y detrás del gasto, los señalamientos
En julio de 2026, República publicó una investigación sustentada en testimonios de más de diez fuentes vinculadas con trámites ambientales, consultores y sector privado. Describieron un esquema en el que determinados expedientes enfrentaban retrasos o requerimientos discrecionales, mientras otros avanzaban con mayor rapidez mediante ciertos gestores. Los señalamientos alcanzaron al entorno del Viceministerio de Ambiente y al viceministro José Rodrigo Rodas. Ni Rodas ni Orantes respondieron las preguntas específicas enviadas antes de aquella publicación; después, el Ministerio anunció medidas bajo una política de «corrupción cero». Ese Viceministerio dirige la evaluación ambiental de proyectos y el seguimiento al cumplimiento de la normativa.
La transición deja una contradicción difícil de obviar: un Ministerio con más presupuesto, más personal, más bienes, más inspecciones y más ejecución, sin evidencia pública equivalente de una reducción proporcional de la contaminación del agua, el aire o los residuos.
Orantes volvió al Congreso a impulsar, entre otros temas, la Ley de Aguas. El MARN, ahora bajo Edwin Castellanos, conserva el desafío más incómodo de su gestión: demostrar que gastar más significó proteger mejor el ambiente y esclarecer señalamientos que afectan precisamente al área encargada de autorizar y fiscalizar proyectos.
Porque ejecutar presupuesto es una cifra. El resultado debería poder medirse en el ambiente.
