EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: José Rodrigo Rodas, el viceministro que, presuntamente, lidera una red de corrupción en el MARN
Desde el inicio de la administración de Bernardo Arévalo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha enfrentado una creciente presión por el rezago en la emisión de licencias ambientales, estudios de impacto ambiental y permisos vinculados a proyectos productivos. Sin embargo, detrás de ese escenario parece existir una problemática mucho más profunda.
Aunque públicamente la situación ha sido presentada por el MARN y Arévalo como el resultado de una revisión técnica más estricta y de un proceso de depuración institucional, en realidad esconde una red de corrupción articulada alrededor de la tramitología ambiental.
República tuvo acceso a testimonios de más de diez fuentes vinculadas a procesos ambientales, gestores, consultores y actores del sector privado que describen un patrón similar: expedientes que se detienen sin explicación, requisitos que aparecen de forma discrecional y fuera de lo estipulado por la ley, trámites que avanzan con lentitud por la vía ordinaria y casos que, al pasar por determinados gestores, parecen encontrar una ruta expedita dentro del ministerio.
En un inicio, varias versiones apuntaban hacia Amílcar Ordóñez, exasesor en el Viceministerio de Ambiente del MARN y gestor ambiental vinculado a la firma Green Development, como posible pieza central de una estructura que habría sido favorecida con la agilización de licencias, permisos y estudios ambientales.
No obstante, al ser cuestionado por República, Ordóñez negó participar en esa operación y señaló directamente a José Rodrigo Rodas, viceministro de Ambiente, como la persona que lidera y tiene el control del esquema interno del MARN.
La acusación no es menor. Ordóñez no habló como un observador externo, sino como alguien que conoció desde adentro el funcionamiento del Viceministerio de Ambiente. Según lo que se argumenta y que fue expuesto por Ordóñez, Rodas ha construido una estructura de poder interno basada en nombramientos discrecionales, ascensos dirigidos, aumentos salariales selectivos y operadores colocados estratégicamente para controlar el flujo de los expedientes ambientales.
Por consiguiente, lo que está en juego no son simples retrasos en permisos; se trata de una maquinaria de extorsión institucionalizada y encabezada por el viceministro Rodas, en la que subordinados reciben instrucciones para retardar maliciosamente el otorgamiento de determinadas licencias ambientales o imponer exigencias irregulares, con un objetivo concreto: presionar a empresas, gestores y solicitantes a pagar coimas o vinculación directa con las empresas ambientales afines a Rodas. Ese retraso se convierte en el instrumento de presión: quien no paga, espera; quien paga, avanza.
El señalamiento coincide con información recabada por República sobre una estructura integrada por funcionarios y operadores con incidencia directa en el trámite de licencias ambientales. Entre los nombres que resaltan como ejecutores figuran Mishel Estrada, la abogada Lilian Caal y Axel Solórzano, además de otros perfiles que habrían tenido injerencia en la ruta interna de los expedientes, pero a un nivel operativo. Lo que hace especialmente opaca esta red no es solo su capacidad para aprobar licencias, sino para detenerlas.
Un estudio de impacto ambiental, un permiso, una consulta o una licencia pueden contar con resolución formal y aun así permanecer congelados durante meses —o años— dentro de los plazos de análisis o dictámenes que emiten precisamente los asesores y colaboradores cercanos a Rodas.
Lo que hace posible ese ecosistema es, en parte, la inestabilidad crónica en la cúpula de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN). Entre 2020 y 2026, al menos siete personas ocuparon la dirección —varios de ellos en carácter interino y por períodos de meses— sin que ninguno lograra consolidar criterios técnicos ni continuidad institucional.
En ese vacío, quienes sí permanecieron encontraron el espacio ideal para afianzar su influencia. La rotación, en varios casos, no parece haber sido una falla del sistema, sino una condición conveniente para quienes operan dentro de él.
Además, el colmo es que algunos de los funcionarios colocados en posiciones clave dentro de la DIGARN habrían sido nominados directamente por empresas de gestión ambiental o que operaban dentro de las mismas, con el propósito de contar con interlocutores favorables una vez instalados en el cargo.
Ese punto es clave. En el MARN, la discrecionalidad no necesariamente se expresa como una firma favorable o desfavorable, sino como la capacidad de retardar un expediente, bloquear una licencia, imponer nuevos requisitos o volver incierto un proceso que para empresas, municipalidades y proyectos de inversión, puede significar meses de espera y costos millonarios. Bajo esa lógica, el atraso se convierte en una herramienta de presión.
Dicho entramado no opera en el vacío: necesita intermediarios. Según las fuentes consultadas, un grupo de gestores ambientales externos habría funcionado como la bisagra entre los solicitantes y quienes controlan el ritmo de los expedientes dentro del MARN.
Entre los nombres mencionados figuran Esteban Piedrasanta, Amed Bautista, Sergio Ruano y Amílcar Ordóñez; este último se desliga de toda responsabilidad dentro de la estructura que describe y señala directamente a Rodas. Curiosamente, los expedientes vinculados a determinados consultores avanzan; los que no, se hunden en una tramitología deliberadamente opaca.
El caso expone también una fractura en el interior del propio ministerio. La ministra Patricia Orantes ha sostenido públicamente una agenda de control ambiental, inspecciones y combate a la corrupción. Pero el Viceministerio de Ambiente ha operado con una lógica completamente distinta: no la del rigor técnico ni los estándares objetivos que deberían regir los estudios ambientales, sino la de la discrecionalidad política y el cobro de favores. Las licencias no se otorgan o se detienen en función del mérito ambiental; se mueven según quién esté detrás del expediente.
Como se ha establecido, según Ordóñez, el eje de esa lógica es Rodas, y su llegada al viceministerio no fue casual. Ordóñez señala que fue la exministra María José Iturbide quien lo posicionó en el cargo, debido a que ambos compartieron años de estudios universitarios en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
Consultada por República, Iturbide confirmó que recomendó a Rodas —por su trayectoria en el INAB y su experiencia dentro del Gobierno— y que también recomendó al propio Ordóñez, a quien conocía desde hacía años por temas vinculados a carbono. Dos perfiles colocados por la misma mano, hoy enfrentados en una acusación que apunta al corazón del viceministerio.
Rodas, por su parte, optó por la táctica del desconocimiento. Ante República, reconoció haber tenido con Ordóñez una relación “sumamente corta” —de aproximadamente dos meses, bajo un contrato de asesoría— y aseguró no haberlo conocido previamente ni mantener contacto con él desde entonces.
La respuesta es calculada, pero elude lo esencial: Ordóñez no lo acusa de una amistad prolongada, sino de encabezar una estructura de extorsión institucional. Sobre eso —y sobre sus posibles vínculos con gestores externos como Esteban Piedrasanta, Amed Bautista y Sergio Ruano— Rodas no respondió. Pese a ello, y por una aparente “coincidencia”, se llevó a cabo una destitución en la delegación del Ministerio de Ambiente en Escuintla este fin de semana por una denuncia anónima por actos anómalos.
Por su parte, la ministra Orantes tampoco respondió. Consultada por República sobre los señalamientos contra su viceministro y sobre la existencia de una red de cobro de coimas dentro del MARN, no dio respuesta al cierre de esta publicación. Su silencio deja abiertas las preguntas más incómodas: ¿qué sabía, qué controles activó? —Si alguno—. ¿Y por qué Rodas sigue al frente del Viceministerio Ambiente pese a los señalamientos?
Vale recalcar que República trasladó una serie de preguntas a la ministra Patricia Orantes y al viceministro José Rodrigo Rodas el jueves 2 de julio para contrastar los señalamientos. Ninguno respondió los cuestionamientos respecto a la red de corrupción. Tres días después, ambos participaron de forma inusual junto al presidente Bernardo Arévalo en una conferencia de prensa dedicada precisamente al sistema de licencias ambientales.
Durante su intervención, el Gobierno aseguró que heredó un ministerio marcado por la discrecionalidad y la corrupción. Sin embargo, mantiene a José Rodrigo Rodas, de la administración anterior, al frente de un viceministerio que controla una de las áreas más sensibles para la economía del país: los estudios, permisos, licencias y supervisión ambiental de proyectos industriales, agrícolas e inmobiliarios.
La contradicción es difícil de sostener. ¿Por qué el presidente Arévalo —que ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera— tolera en un cargo clave a un funcionario señalado por nueve fuentes y por su propio exasesor? ¿Conoce realmente lo que ocurre dentro de su propio Ministerio o la narrativa de la transparencia se detiene en la puerta del MARN? Y la pregunta que recae directamente sobre Patricia Orantes es igual de incómoda: ¿por qué la ministra permite que una red de extorsión opere bajo su propia firma?
Ahora bien, los números que presentó el MARN en conferencia de prensa merecen leerse con más cuidado del que la ministra quisiera. Orantes defendió una reducción en los tiempos de aprobación de licencias de alto impacto —de 180 a 84 días—, un incremento del 380 % en inspecciones y el traslado de 208 denuncias al Ministerio Público.
Lo que no dijo es que esas cifras esconden una asimetría difícil de explicar sin apelar a la discrecionalidad: hay empresas que obtienen sus permisos en plazos muy por debajo de los 84 días anunciados, mientras otras esperan 121 días o más, sin que medie una justificación técnica documentada. Tampoco precisó que la mayoría de las licencias categoría C —el grueso de los expedientes que cita como logro— corresponden a mejoras de infraestructura existente, tiendas pequeñas o parqueos, no a los grandes proyectos industriales o de inversión que el país necesita destrabar, que son categoría A o B.
Más revelador aún es lo que indica la información obtenida mediante consulta pública: aunque el ministerio presume tiempos menores de aprobación, la tasa de licencias efectivamente aprobadas ha caído de forma sostenida, pasando del 82 % en 2022 al 60 % en 2025.
Donde menos aprobaciones, no es sinónimo de mayor rigor ambiental, es una señal de obstrucción sistemática. Rechazar licencias no protege el ambiente si ese rechazo no está sustentado en criterios técnicos objetivos e internacionalmente reconocibles; lo que produce, en cambio, es inseguridad jurídica, desinversión y el fortalecimiento de quienes ofrecen, por otras vías, lo que la institucionalidad niega por las oficiales. Una política ambiental que se rige por ideología en lugar de por ciencia no es política ambiental: es un instrumento de poder.
Pero el esfuerzo más notable de la conferencia no fue lo que se dijo, sino lo que se evitó decir. Ni la ministra Orantes ni el viceministro Rodas respondieron al señalamiento central que República trasladó con antelación: la existencia de una estructura de influencias operando desde el interior del Viceministerio de Ambiente, con Rodas como figura central y con la aparente cobertura —o al menos la tolerancia— de la propia ministra. Ese silencio, en el contexto de una conferencia convocada precisamente para hablar de transparencia, no es un detalle menor. Es la respuesta directa a nuestros cuestionamientos.
La omisión adquiere una dimensión casi irónica cuando se contrasta con lo que ocurrió durante la misma conferencia: fue el propio Rodas quien llamó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción dentro del ministerio.
El presidente Arévalo respaldó el mensaje y reconoció que vigilar todas las oficinas del Estado es una tarea compleja, razón por la cual, dijo, las denuncias ciudadanas son indispensables. Ese discurso abre una interrogante inevitable: si el Gobierno afirma que toda denuncia será investigada, ¿qué acciones adoptará frente a los señalamientos concretos que República trasladó formalmente al viceministro y a la ministra días antes de la conferencia? ¿O el compromiso con la transparencia aplica únicamente para las denuncias que no incomodan a quienes están en el cargo?
Lo que está en juego excede el debate sobre tiempos de aprobación o métricas de inspección. La pregunta de fondo es si el instrumento más determinante para autorizar inversión en Guatemala —la licencia ambiental— terminó convirtiéndose en una palanca de poder cuya lógica real no reside en criterios técnicos ni ambientales, sino en la voluntad de quienes controlan el Viceministerio de Ambiente y un sistema de coimas. Ordóñez niega ser el cabecilla y señala a Rodas. Las fuentes describen un patrón. Los expedientes muestran rezagos. Y el ministerio, hasta ahora, no ha dado una respuesta directa a los señalamientos.
La pregunta que queda abierta es inevitable: si las licencias ambientales se convirtieron en un instrumento para premiar, castigar o condicionar expedientes, ¿quién controla realmente el MARN?
José Rodrigo Rodas, el viceministro que, presuntamente, lidera una red de corrupción en el MARN
Desde el inicio de la administración de Bernardo Arévalo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha enfrentado una creciente presión por el rezago en la emisión de licencias ambientales, estudios de impacto ambiental y permisos vinculados a proyectos productivos. Sin embargo, detrás de ese escenario parece existir una problemática mucho más profunda.
Aunque públicamente la situación ha sido presentada por el MARN y Arévalo como el resultado de una revisión técnica más estricta y de un proceso de depuración institucional, en realidad esconde una red de corrupción articulada alrededor de la tramitología ambiental.
República tuvo acceso a testimonios de más de diez fuentes vinculadas a procesos ambientales, gestores, consultores y actores del sector privado que describen un patrón similar: expedientes que se detienen sin explicación, requisitos que aparecen de forma discrecional y fuera de lo estipulado por la ley, trámites que avanzan con lentitud por la vía ordinaria y casos que, al pasar por determinados gestores, parecen encontrar una ruta expedita dentro del ministerio.
En un inicio, varias versiones apuntaban hacia Amílcar Ordóñez, exasesor en el Viceministerio de Ambiente del MARN y gestor ambiental vinculado a la firma Green Development, como posible pieza central de una estructura que habría sido favorecida con la agilización de licencias, permisos y estudios ambientales.
No obstante, al ser cuestionado por República, Ordóñez negó participar en esa operación y señaló directamente a José Rodrigo Rodas, viceministro de Ambiente, como la persona que lidera y tiene el control del esquema interno del MARN.
La acusación no es menor. Ordóñez no habló como un observador externo, sino como alguien que conoció desde adentro el funcionamiento del Viceministerio de Ambiente. Según lo que se argumenta y que fue expuesto por Ordóñez, Rodas ha construido una estructura de poder interno basada en nombramientos discrecionales, ascensos dirigidos, aumentos salariales selectivos y operadores colocados estratégicamente para controlar el flujo de los expedientes ambientales.
Por consiguiente, lo que está en juego no son simples retrasos en permisos; se trata de una maquinaria de extorsión institucionalizada y encabezada por el viceministro Rodas, en la que subordinados reciben instrucciones para retardar maliciosamente el otorgamiento de determinadas licencias ambientales o imponer exigencias irregulares, con un objetivo concreto: presionar a empresas, gestores y solicitantes a pagar coimas o vinculación directa con las empresas ambientales afines a Rodas. Ese retraso se convierte en el instrumento de presión: quien no paga, espera; quien paga, avanza.
El señalamiento coincide con información recabada por República sobre una estructura integrada por funcionarios y operadores con incidencia directa en el trámite de licencias ambientales. Entre los nombres que resaltan como ejecutores figuran Mishel Estrada, la abogada Lilian Caal y Axel Solórzano, además de otros perfiles que habrían tenido injerencia en la ruta interna de los expedientes, pero a un nivel operativo. Lo que hace especialmente opaca esta red no es solo su capacidad para aprobar licencias, sino para detenerlas.
Un estudio de impacto ambiental, un permiso, una consulta o una licencia pueden contar con resolución formal y aun así permanecer congelados durante meses —o años— dentro de los plazos de análisis o dictámenes que emiten precisamente los asesores y colaboradores cercanos a Rodas.
Lo que hace posible ese ecosistema es, en parte, la inestabilidad crónica en la cúpula de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN). Entre 2020 y 2026, al menos siete personas ocuparon la dirección —varios de ellos en carácter interino y por períodos de meses— sin que ninguno lograra consolidar criterios técnicos ni continuidad institucional.
En ese vacío, quienes sí permanecieron encontraron el espacio ideal para afianzar su influencia. La rotación, en varios casos, no parece haber sido una falla del sistema, sino una condición conveniente para quienes operan dentro de él.
Además, el colmo es que algunos de los funcionarios colocados en posiciones clave dentro de la DIGARN habrían sido nominados directamente por empresas de gestión ambiental o que operaban dentro de las mismas, con el propósito de contar con interlocutores favorables una vez instalados en el cargo.
Ese punto es clave. En el MARN, la discrecionalidad no necesariamente se expresa como una firma favorable o desfavorable, sino como la capacidad de retardar un expediente, bloquear una licencia, imponer nuevos requisitos o volver incierto un proceso que para empresas, municipalidades y proyectos de inversión, puede significar meses de espera y costos millonarios. Bajo esa lógica, el atraso se convierte en una herramienta de presión.
Dicho entramado no opera en el vacío: necesita intermediarios. Según las fuentes consultadas, un grupo de gestores ambientales externos habría funcionado como la bisagra entre los solicitantes y quienes controlan el ritmo de los expedientes dentro del MARN.
Entre los nombres mencionados figuran Esteban Piedrasanta, Amed Bautista, Sergio Ruano y Amílcar Ordóñez; este último se desliga de toda responsabilidad dentro de la estructura que describe y señala directamente a Rodas. Curiosamente, los expedientes vinculados a determinados consultores avanzan; los que no, se hunden en una tramitología deliberadamente opaca.
El caso expone también una fractura en el interior del propio ministerio. La ministra Patricia Orantes ha sostenido públicamente una agenda de control ambiental, inspecciones y combate a la corrupción. Pero el Viceministerio de Ambiente ha operado con una lógica completamente distinta: no la del rigor técnico ni los estándares objetivos que deberían regir los estudios ambientales, sino la de la discrecionalidad política y el cobro de favores. Las licencias no se otorgan o se detienen en función del mérito ambiental; se mueven según quién esté detrás del expediente.
Como se ha establecido, según Ordóñez, el eje de esa lógica es Rodas, y su llegada al viceministerio no fue casual. Ordóñez señala que fue la exministra María José Iturbide quien lo posicionó en el cargo, debido a que ambos compartieron años de estudios universitarios en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).
Consultada por República, Iturbide confirmó que recomendó a Rodas —por su trayectoria en el INAB y su experiencia dentro del Gobierno— y que también recomendó al propio Ordóñez, a quien conocía desde hacía años por temas vinculados a carbono. Dos perfiles colocados por la misma mano, hoy enfrentados en una acusación que apunta al corazón del viceministerio.
Rodas, por su parte, optó por la táctica del desconocimiento. Ante República, reconoció haber tenido con Ordóñez una relación “sumamente corta” —de aproximadamente dos meses, bajo un contrato de asesoría— y aseguró no haberlo conocido previamente ni mantener contacto con él desde entonces.
La respuesta es calculada, pero elude lo esencial: Ordóñez no lo acusa de una amistad prolongada, sino de encabezar una estructura de extorsión institucional. Sobre eso —y sobre sus posibles vínculos con gestores externos como Esteban Piedrasanta, Amed Bautista y Sergio Ruano— Rodas no respondió. Pese a ello, y por una aparente “coincidencia”, se llevó a cabo una destitución en la delegación del Ministerio de Ambiente en Escuintla este fin de semana por una denuncia anónima por actos anómalos.
Por su parte, la ministra Orantes tampoco respondió. Consultada por República sobre los señalamientos contra su viceministro y sobre la existencia de una red de cobro de coimas dentro del MARN, no dio respuesta al cierre de esta publicación. Su silencio deja abiertas las preguntas más incómodas: ¿qué sabía, qué controles activó? —Si alguno—. ¿Y por qué Rodas sigue al frente del Viceministerio Ambiente pese a los señalamientos?
Vale recalcar que República trasladó una serie de preguntas a la ministra Patricia Orantes y al viceministro José Rodrigo Rodas el jueves 2 de julio para contrastar los señalamientos. Ninguno respondió los cuestionamientos respecto a la red de corrupción. Tres días después, ambos participaron de forma inusual junto al presidente Bernardo Arévalo en una conferencia de prensa dedicada precisamente al sistema de licencias ambientales.
Durante su intervención, el Gobierno aseguró que heredó un ministerio marcado por la discrecionalidad y la corrupción. Sin embargo, mantiene a José Rodrigo Rodas, de la administración anterior, al frente de un viceministerio que controla una de las áreas más sensibles para la economía del país: los estudios, permisos, licencias y supervisión ambiental de proyectos industriales, agrícolas e inmobiliarios.
La contradicción es difícil de sostener. ¿Por qué el presidente Arévalo —que ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera— tolera en un cargo clave a un funcionario señalado por nueve fuentes y por su propio exasesor? ¿Conoce realmente lo que ocurre dentro de su propio Ministerio o la narrativa de la transparencia se detiene en la puerta del MARN? Y la pregunta que recae directamente sobre Patricia Orantes es igual de incómoda: ¿por qué la ministra permite que una red de extorsión opere bajo su propia firma?
Ahora bien, los números que presentó el MARN en conferencia de prensa merecen leerse con más cuidado del que la ministra quisiera. Orantes defendió una reducción en los tiempos de aprobación de licencias de alto impacto —de 180 a 84 días—, un incremento del 380 % en inspecciones y el traslado de 208 denuncias al Ministerio Público.
Lo que no dijo es que esas cifras esconden una asimetría difícil de explicar sin apelar a la discrecionalidad: hay empresas que obtienen sus permisos en plazos muy por debajo de los 84 días anunciados, mientras otras esperan 121 días o más, sin que medie una justificación técnica documentada. Tampoco precisó que la mayoría de las licencias categoría C —el grueso de los expedientes que cita como logro— corresponden a mejoras de infraestructura existente, tiendas pequeñas o parqueos, no a los grandes proyectos industriales o de inversión que el país necesita destrabar, que son categoría A o B.
Más revelador aún es lo que indica la información obtenida mediante consulta pública: aunque el ministerio presume tiempos menores de aprobación, la tasa de licencias efectivamente aprobadas ha caído de forma sostenida, pasando del 82 % en 2022 al 60 % en 2025.
Donde menos aprobaciones, no es sinónimo de mayor rigor ambiental, es una señal de obstrucción sistemática. Rechazar licencias no protege el ambiente si ese rechazo no está sustentado en criterios técnicos objetivos e internacionalmente reconocibles; lo que produce, en cambio, es inseguridad jurídica, desinversión y el fortalecimiento de quienes ofrecen, por otras vías, lo que la institucionalidad niega por las oficiales. Una política ambiental que se rige por ideología en lugar de por ciencia no es política ambiental: es un instrumento de poder.
Pero el esfuerzo más notable de la conferencia no fue lo que se dijo, sino lo que se evitó decir. Ni la ministra Orantes ni el viceministro Rodas respondieron al señalamiento central que República trasladó con antelación: la existencia de una estructura de influencias operando desde el interior del Viceministerio de Ambiente, con Rodas como figura central y con la aparente cobertura —o al menos la tolerancia— de la propia ministra. Ese silencio, en el contexto de una conferencia convocada precisamente para hablar de transparencia, no es un detalle menor. Es la respuesta directa a nuestros cuestionamientos.
La omisión adquiere una dimensión casi irónica cuando se contrasta con lo que ocurrió durante la misma conferencia: fue el propio Rodas quien llamó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción dentro del ministerio.
El presidente Arévalo respaldó el mensaje y reconoció que vigilar todas las oficinas del Estado es una tarea compleja, razón por la cual, dijo, las denuncias ciudadanas son indispensables. Ese discurso abre una interrogante inevitable: si el Gobierno afirma que toda denuncia será investigada, ¿qué acciones adoptará frente a los señalamientos concretos que República trasladó formalmente al viceministro y a la ministra días antes de la conferencia? ¿O el compromiso con la transparencia aplica únicamente para las denuncias que no incomodan a quienes están en el cargo?
Lo que está en juego excede el debate sobre tiempos de aprobación o métricas de inspección. La pregunta de fondo es si el instrumento más determinante para autorizar inversión en Guatemala —la licencia ambiental— terminó convirtiéndose en una palanca de poder cuya lógica real no reside en criterios técnicos ni ambientales, sino en la voluntad de quienes controlan el Viceministerio de Ambiente y un sistema de coimas. Ordóñez niega ser el cabecilla y señala a Rodas. Las fuentes describen un patrón. Los expedientes muestran rezagos. Y el ministerio, hasta ahora, no ha dado una respuesta directa a los señalamientos.
La pregunta que queda abierta es inevitable: si las licencias ambientales se convirtieron en un instrumento para premiar, castigar o condicionar expedientes, ¿quién controla realmente el MARN?
