EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Desde el 2 de julio, República envió preguntas puntuales a la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y al viceministro José Rodrigo Rodas, en torno a un presunto esquema de corrupción dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ninguno respondió. El silencio, sin embargo, no significó inacción: pocos días después —y antes de que el 8 de julio se publicara la primera entrega de esta investigación— el Ministerio destituyó al delegado departamental de Escuintla y lanzó una campaña bajo la consigna de “corrupción cero”, que incluyó una conferencia de prensa y una publicación en el Diario de Centro América en la que aseguró que no toleraría actos de corrupción. En ningún momento, no obstante, esa ofensiva abordó el señalamiento central.
Y el señalamiento central es este: la investigación de República expuso un mecanismo mediante el cual ciertos proyectos avanzan con inusual rapidez cuando los gestionan determinados consultores ambientales, mientras que otros quedan rezagados, son sometidos a un escrutinio excesivo y terminan rechazados. El problema no es nuevo ni exclusivo de esta administración: responde a una estructura de coimas que durante décadas ha beneficiado a unos en perjuicio de otros. Pero el resultado contradice de frente la promesa de “ser diferentes”. Lejos de desmantelar ese sistema, la actual gestión lo consolidó y lo perpetuó —bajo la fachada de un compromiso ambiental— como una auténtica mafia verde.
El alcance del mecanismo no es menor. El MARN debe aprobar prácticamente cualquier proyecto de inversión y desarrollo en el país: desde una planta industrial, un hospital o un complejo habitacional hasta un aeropuerto. Controlar el ritmo, la profundidad y el criterio con que se evalúan esos expedientes equivale a administrar una de las llaves más poderosas —y menos fiscalizadas— que operan en las sombras para decidir qué inversión avanza en Guatemala y cuál no.
No todos los consultores forman parte de esta dinámica. Hay profesionales que dan seguimiento legítimo a sus expedientes y los impulsan con la calidad técnica de su trabajo. Pero las fuentes consultadas describen a otros que se beneficiarían de conexiones privilegiadas dentro del Ministerio y de una estructura presuntamente dirigida desde el despacho del viceministro Rodas. La regla informal es tan simple como corrosiva: contratar a ciertos gestores aumenta las probabilidades de una resolución favorable. República ha documentado casos en los que un mismo proyecto fue rechazado y, tras cambiar de consultor, terminó aprobado.
El esquema tiene su raíz en el nivel departamental, pues son las delegaciones las que reciben, revisan, analizan e inspeccionan los estudios de impacto ambiental, según la categoría correspondiente. República conversó con el delegado destituido de Escuintla, Sander Vinicio Suriano Dávila, quien negó haber recibido sobornos para acelerar resoluciones. Argumentó que los expedientes son examinados primero por personal técnico y que él no podía aprobarlos de forma unilateral; de hecho, ese personal permanece dentro de la delegación departamental de Escuintla. Por eso afirmó que fue utilizado como “chivo expiatorio”: el eslabón sin una figura de poder que lo respaldara.
Su explicación no despeja los señalamientos, pero sí deja algo en claro: las autorizaciones no dependen de una sola persona. En el procedimiento intervienen, al menos, quienes reciben y evalúan los estudios, quienes recomiendan aprobarlos o rechazarlos y el delegado que finalmente los avala. Por eso su destitución —“inesperada”, según relató— se percibe como una maniobra: separar únicamente al último eslabón proyecta una imagen de depuración sin desmontar la dinámica que habría permitido agilizar expedientes de forma discrecional, conforme a intereses particulares del Viceministerio.
Aunque negó su participación en actos ilícitos, Suriano Dávila reconoció que las presiones del viceministro Rodas y de su equipo eran habituales. Según su testimonio, Rodas lo llamaba para preguntarle por el estado de determinados proyectos. No siempre mediaba una orden explícita, pero la insistencia, el origen de la llamada y el interés puntual sobre un expediente bastaban para transmitir el mensaje: ese trámite debía recibir prioridad. A ello se sumaban correos frecuentes y consultas directas sobre permisos vinculados, una y otra vez, con determinados consultores ambientales, los mismos que República identificó en su primera entrega.
Suriano relató, además, que algunas intervenciones se presentaban bajo la apariencia de simples “recomendaciones”. Ciertos consultores le ofrecían respaldo, le aseguraban que “lo iban a apoyar” y lo invitaban a comer o le entregaban regalos. Dijo que nunca interpretó esas atenciones como compromisos; sin embargo, esa misma normalización revela la frontera difusa entre la cortesía, la influencia y el condicionamiento de una decisión pública. El exfuncionario fue más lejos e identificó a dos consultoras cuyos proyectos, según afirmó, eran evaluados con un rigor prácticamente inexistente. “Solo preguntaban si había un río cerca y, si no, se aprobaba”, describió.
Entre las personas señaladas por Suriano Dávila figura Amed Bautista, quien —a raíz de la primera publicación— envió una carta a República. En ella negó formar parte de una estructura de extorsión institucional y rechazó tener vínculos con el viceministro Rodas. Aun así, Bautista admitió que los trámites del MARN son considerablemente lentos y afirmó haber sido perjudicado por esos retrasos.
La otra figura mencionada es Alejandro Cortez, gerente de proyectos de Ambiente y Desarrollo Consultores, S. A., a quien el exdelegado describió como una persona muy cercana al viceministro Rodas. Según su testimonio, la firma ha gestionado algunos de los proyectos de mayor envergadura que ha conocido el Ministerio, sobre todo expedientes de categorías A y B1. Cortez también es catedrático en la Universidad Rafael Landívar, donde coincide con Luz Cortez, coordinadora del área académica de Ingeniería Ambiental y colaboradora de su consultora. A ello se suma un dato revelador: según el exfuncionario, Alejandro Cortez “se ganó” —o “le dieron a título personal”— un contrato, por una suma considerable, para impartir un curso dentro del propio MARN, dirigido a las delegaciones y viceministerios. Esa convergencia de vínculos —académicos, empresariales y contractuales— alrededor de la tramitación y evaluación técnica de los expedientes ambientales resulta, cuando menos, difícil de explicar y abre nuevas interrogantes sobre su influencia real en el proceso.
La discrecionalidad, sin embargo, no se detiene en la agilización de expedientes: se agrava con hechos que el propio Ministerio terminó admitiendo. República consultó al MARN qué norma lo faculta, de manera específica, para exigir documentación relacionada con las normas NRD-1 y NRD-3 dentro de las evaluaciones ambientales. La institución respondió con referencias generales a principios preventivos, al reglamento y a formularios internos, pero no logró identificar una sola disposición concreta que respalde esa exigencia. En la práctica, reconoció de forma tácita que esas solicitudes carecen de asidero legal.
El mismo patrón se repite en la asignación de funciones técnicas. Recursos Humanos confirmó que Hugo Héctor Manuel Chacón González —señalado por fuentes como cercano al viceministro Rodas— fue contratado bajo el renglón 029 para apoyar al Departamento de Control y Seguimiento Ambiental. Su profesión registrada, no obstante, es Maestro de Educación Primaria Urbana. Pese a ello, entre sus tareas figuran elaborar listas de cotejo para evaluar compromisos ambientales y medidas de mitigación, además de participar en verificaciones documentales y de campo. La respuesta oficial no acreditó formación especializada compatible con esas responsabilidades.
Así, a las denuncias recibidas por República se suman dos hechos reconocidos por el propio Ministerio: requisitos cuya base legal no pudo demostrar y la asignación de tareas sensibles a personal sin idoneidad técnica acreditada. Ambos refuerzan el retrato de una estructura gobernada por la discrecionalidad, en la que se imponen obligaciones imposibles de fundamentar mientras se reparten funciones especializadas bajo criterios igualmente cuestionables.
Esas presiones sobre las delegaciones también quedaron plasmadas en documentos oficiales a los que República tuvo acceso. En uno de los expedientes, la Delegación de Zacapa advirtió que estaba recibiendo instrucciones de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) —unidad que se encuentra bajo la jerarquía del viceministro Rodas— para actuar de una forma específica dentro del trámite, lo que, según la propia delegación, podría constituir abuso de autoridad o usurpación de funciones. En concreto, la DIGARN sostenía que correspondía a Zacapa notificar a un proponente sobre una oposición, mientras que la delegación replicaba que esa atribución le pertenece exclusivamente a la DIGARN. El documento no zanja quién tiene la razón jurídica, pero deja al descubierto una institución fracturada, atravesada por instrucciones contrapuestas y por la resistencia de funcionarios departamentales a ejecutar decisiones que consideran ajenas a sus competencias. La delegada que evidenció esas presiones, Circe Cordón Franco, evitó responder a República y condicionó cualquier pronunciamiento a un trámite gestionado por el departamento de Comunicación.
Desde la primera publicación, consultores, funcionarios y personas vinculadas al MARN han buscado dar su versión a República. Y aunque cada fuente traslada la responsabilidad hacia otros, todos los relatos convergen en un mismo punto: existe una estructura capaz de influir de forma discrecional sobre el curso de los expedientes, permisos y licencias ambientales. República continuará investigando esa estructura para establecer quiénes la integran, quiénes se benefician y quiénes operan dentro del esquema señalado en el Viceministerio de Ambiente, bajo la conducción de José Rodrigo Rodas.
Desde el 2 de julio, República envió preguntas puntuales a la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, y al viceministro José Rodrigo Rodas, en torno a un presunto esquema de corrupción dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ninguno respondió. El silencio, sin embargo, no significó inacción: pocos días después —y antes de que el 8 de julio se publicara la primera entrega de esta investigación— el Ministerio destituyó al delegado departamental de Escuintla y lanzó una campaña bajo la consigna de “corrupción cero”, que incluyó una conferencia de prensa y una publicación en el Diario de Centro América en la que aseguró que no toleraría actos de corrupción. En ningún momento, no obstante, esa ofensiva abordó el señalamiento central.
Y el señalamiento central es este: la investigación de República expuso un mecanismo mediante el cual ciertos proyectos avanzan con inusual rapidez cuando los gestionan determinados consultores ambientales, mientras que otros quedan rezagados, son sometidos a un escrutinio excesivo y terminan rechazados. El problema no es nuevo ni exclusivo de esta administración: responde a una estructura de coimas que durante décadas ha beneficiado a unos en perjuicio de otros. Pero el resultado contradice de frente la promesa de “ser diferentes”. Lejos de desmantelar ese sistema, la actual gestión lo consolidó y lo perpetuó —bajo la fachada de un compromiso ambiental— como una auténtica mafia verde.
El alcance del mecanismo no es menor. El MARN debe aprobar prácticamente cualquier proyecto de inversión y desarrollo en el país: desde una planta industrial, un hospital o un complejo habitacional hasta un aeropuerto. Controlar el ritmo, la profundidad y el criterio con que se evalúan esos expedientes equivale a administrar una de las llaves más poderosas —y menos fiscalizadas— que operan en las sombras para decidir qué inversión avanza en Guatemala y cuál no.
No todos los consultores forman parte de esta dinámica. Hay profesionales que dan seguimiento legítimo a sus expedientes y los impulsan con la calidad técnica de su trabajo. Pero las fuentes consultadas describen a otros que se beneficiarían de conexiones privilegiadas dentro del Ministerio y de una estructura presuntamente dirigida desde el despacho del viceministro Rodas. La regla informal es tan simple como corrosiva: contratar a ciertos gestores aumenta las probabilidades de una resolución favorable. República ha documentado casos en los que un mismo proyecto fue rechazado y, tras cambiar de consultor, terminó aprobado.
El esquema tiene su raíz en el nivel departamental, pues son las delegaciones las que reciben, revisan, analizan e inspeccionan los estudios de impacto ambiental, según la categoría correspondiente. República conversó con el delegado destituido de Escuintla, Sander Vinicio Suriano Dávila, quien negó haber recibido sobornos para acelerar resoluciones. Argumentó que los expedientes son examinados primero por personal técnico y que él no podía aprobarlos de forma unilateral; de hecho, ese personal permanece dentro de la delegación departamental de Escuintla. Por eso afirmó que fue utilizado como “chivo expiatorio”: el eslabón sin una figura de poder que lo respaldara.
Su explicación no despeja los señalamientos, pero sí deja algo en claro: las autorizaciones no dependen de una sola persona. En el procedimiento intervienen, al menos, quienes reciben y evalúan los estudios, quienes recomiendan aprobarlos o rechazarlos y el delegado que finalmente los avala. Por eso su destitución —“inesperada”, según relató— se percibe como una maniobra: separar únicamente al último eslabón proyecta una imagen de depuración sin desmontar la dinámica que habría permitido agilizar expedientes de forma discrecional, conforme a intereses particulares del Viceministerio.
Aunque negó su participación en actos ilícitos, Suriano Dávila reconoció que las presiones del viceministro Rodas y de su equipo eran habituales. Según su testimonio, Rodas lo llamaba para preguntarle por el estado de determinados proyectos. No siempre mediaba una orden explícita, pero la insistencia, el origen de la llamada y el interés puntual sobre un expediente bastaban para transmitir el mensaje: ese trámite debía recibir prioridad. A ello se sumaban correos frecuentes y consultas directas sobre permisos vinculados, una y otra vez, con determinados consultores ambientales, los mismos que República identificó en su primera entrega.
Suriano relató, además, que algunas intervenciones se presentaban bajo la apariencia de simples “recomendaciones”. Ciertos consultores le ofrecían respaldo, le aseguraban que “lo iban a apoyar” y lo invitaban a comer o le entregaban regalos. Dijo que nunca interpretó esas atenciones como compromisos; sin embargo, esa misma normalización revela la frontera difusa entre la cortesía, la influencia y el condicionamiento de una decisión pública. El exfuncionario fue más lejos e identificó a dos consultoras cuyos proyectos, según afirmó, eran evaluados con un rigor prácticamente inexistente. “Solo preguntaban si había un río cerca y, si no, se aprobaba”, describió.
Entre las personas señaladas por Suriano Dávila figura Amed Bautista, quien —a raíz de la primera publicación— envió una carta a República. En ella negó formar parte de una estructura de extorsión institucional y rechazó tener vínculos con el viceministro Rodas. Aun así, Bautista admitió que los trámites del MARN son considerablemente lentos y afirmó haber sido perjudicado por esos retrasos.
La otra figura mencionada es Alejandro Cortez, gerente de proyectos de Ambiente y Desarrollo Consultores, S. A., a quien el exdelegado describió como una persona muy cercana al viceministro Rodas. Según su testimonio, la firma ha gestionado algunos de los proyectos de mayor envergadura que ha conocido el Ministerio, sobre todo expedientes de categorías A y B1. Cortez también es catedrático en la Universidad Rafael Landívar, donde coincide con Luz Cortez, coordinadora del área académica de Ingeniería Ambiental y colaboradora de su consultora. A ello se suma un dato revelador: según el exfuncionario, Alejandro Cortez “se ganó” —o “le dieron a título personal”— un contrato, por una suma considerable, para impartir un curso dentro del propio MARN, dirigido a las delegaciones y viceministerios. Esa convergencia de vínculos —académicos, empresariales y contractuales— alrededor de la tramitación y evaluación técnica de los expedientes ambientales resulta, cuando menos, difícil de explicar y abre nuevas interrogantes sobre su influencia real en el proceso.
La discrecionalidad, sin embargo, no se detiene en la agilización de expedientes: se agrava con hechos que el propio Ministerio terminó admitiendo. República consultó al MARN qué norma lo faculta, de manera específica, para exigir documentación relacionada con las normas NRD-1 y NRD-3 dentro de las evaluaciones ambientales. La institución respondió con referencias generales a principios preventivos, al reglamento y a formularios internos, pero no logró identificar una sola disposición concreta que respalde esa exigencia. En la práctica, reconoció de forma tácita que esas solicitudes carecen de asidero legal.
El mismo patrón se repite en la asignación de funciones técnicas. Recursos Humanos confirmó que Hugo Héctor Manuel Chacón González —señalado por fuentes como cercano al viceministro Rodas— fue contratado bajo el renglón 029 para apoyar al Departamento de Control y Seguimiento Ambiental. Su profesión registrada, no obstante, es Maestro de Educación Primaria Urbana. Pese a ello, entre sus tareas figuran elaborar listas de cotejo para evaluar compromisos ambientales y medidas de mitigación, además de participar en verificaciones documentales y de campo. La respuesta oficial no acreditó formación especializada compatible con esas responsabilidades.
Así, a las denuncias recibidas por República se suman dos hechos reconocidos por el propio Ministerio: requisitos cuya base legal no pudo demostrar y la asignación de tareas sensibles a personal sin idoneidad técnica acreditada. Ambos refuerzan el retrato de una estructura gobernada por la discrecionalidad, en la que se imponen obligaciones imposibles de fundamentar mientras se reparten funciones especializadas bajo criterios igualmente cuestionables.
Esas presiones sobre las delegaciones también quedaron plasmadas en documentos oficiales a los que República tuvo acceso. En uno de los expedientes, la Delegación de Zacapa advirtió que estaba recibiendo instrucciones de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) —unidad que se encuentra bajo la jerarquía del viceministro Rodas— para actuar de una forma específica dentro del trámite, lo que, según la propia delegación, podría constituir abuso de autoridad o usurpación de funciones. En concreto, la DIGARN sostenía que correspondía a Zacapa notificar a un proponente sobre una oposición, mientras que la delegación replicaba que esa atribución le pertenece exclusivamente a la DIGARN. El documento no zanja quién tiene la razón jurídica, pero deja al descubierto una institución fracturada, atravesada por instrucciones contrapuestas y por la resistencia de funcionarios departamentales a ejecutar decisiones que consideran ajenas a sus competencias. La delegada que evidenció esas presiones, Circe Cordón Franco, evitó responder a República y condicionó cualquier pronunciamiento a un trámite gestionado por el departamento de Comunicación.
Desde la primera publicación, consultores, funcionarios y personas vinculadas al MARN han buscado dar su versión a República. Y aunque cada fuente traslada la responsabilidad hacia otros, todos los relatos convergen en un mismo punto: existe una estructura capaz de influir de forma discrecional sobre el curso de los expedientes, permisos y licencias ambientales. República continuará investigando esa estructura para establecer quiénes la integran, quiénes se benefician y quiénes operan dentro del esquema señalado en el Viceministerio de Ambiente, bajo la conducción de José Rodrigo Rodas.
