EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Una semana antes de que República publicara, el 8 de julio, la primera entrega de esta investigación sobre un presunto esquema de corrupción dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), remitimos preguntas puntuales a la ministra Patricia Orantes y al viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas. Como se enfatizó en esa primera nota, las interrogantes quedaron sin respuesta, pero provocaron una reacción institucional inmediata: durante el fin de semana se anunció la destitución del delegado departamental de Escuintla y, el lunes siguiente, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa bajo la consigna de “corrupción cero”.
A esa ofensiva comunicacional se sumó el Diario de Centro América, con una publicación en la que el Ministerio aseguró que no toleraría actos de corrupción.
Sin embargo, no se abordó el tema principal de lo descubierto en las pesquisas de República, que ha expuesto un mecanismo mediante el cual algunos proyectos avanzan con inusual rapidez cuando son gestionados por ciertos consultores ambientales, mientras que otros quedan rezagados, son sometidos a escrutinio excesivo y terminan rechazados. Aunque estos mecanismos no son exclusivos de la administración actual y responden a una estructura de coimas que durante décadas ha beneficiado a unos en perjuicio de otros, el resultado contradice frontalmente la promesa de “ser diferentes”. Bajo la fachada de una gestión comprometida con el ambiente, esta administración no desmanteló el sistema: lo consolidó y perpetuó como una auténtica mafia verde.
El alcance de este mecanismo no es menor; el MARN debe aprobar, prácticamente, cualquier proyecto de inversión y desarrollo del país, desde una planta industrial, un hospital o un complejo habitacional hasta un aeropuerto. Controlar el ritmo, la profundidad y el criterio con que se evalúan esos expedientes supone administrar una de las llaves más poderosas —y menos fiscalizadas— que opera en las sombras para decidir qué inversión avanza en Guatemala y cuál no.
No todos los consultores ambientales forman parte de esta dinámica. Existen profesionales que dan seguimiento legítimo a sus expedientes y procuran impulsarlos mediante la calidad técnica de su trabajo. No obstante, las fuentes consultadas describen a otros que se beneficiarían de conexiones privilegiadas dentro del Ministerio y de una estructura presuntamente dirigida desde el despacho del viceministro Rodas. La regla informal es tan simple como corrosiva: contratar a determinados gestores incrementa las posibilidades de obtener una resolución favorable. República ha documentado casos en los que un mismo proyecto fue rechazado y, tras cambiar de consultor, terminó aprobado.
Ahora bien, el esquema de corrupción de Rodas tiene la raíz a nivel departamental, ya que esas delegaciones son las que reciben, revisan, analizan e inspeccionan los estudios de impacto ambiental, según la categoría correspondiente. El exdelegado destituido de Escuintla negó a República haber recibido dinero para acelerar resoluciones. Además, argumentó que los expedientes son examinados primero por personal técnico y que él no podía aprobarlos unilateralmente. Pese a ello, el personal encargado de estos permisos permanece dentro de la delegación departamental de Escuintla. En consecuencia, afirmó que fue escogido como “chivo expiatorio” por carecer de una figura de poder que lo respaldara.
Su explicación, sin embargo, no despeja los señalamientos que rodearon su destitución. Pero permite observar que las autorizaciones no dependen de una sola persona, ya que en el procedimiento intervienen, al menos, quienes reciben y evalúan los estudios, quienes recomiendan su aprobación o rechazo y el delegado que finalmente los avala. Por ello, su destitución —“inesperada”, según relata el exdelegado— se percibe tan solo como una maniobra: separar únicamente al último eslabón permite proyectar una imagen de depuración sin desmontar la dinámica que habría hecho posible la agilización discrecional de expedientes conforme a intereses particulares del Viceministerio.
Vale recalcar que, pese a negar su participación en actos ilícitos, el exfuncionario reconoció que las presiones por parte del viceministro Rodas o de su personal eran habituales. Según su testimonio, Rodas lo llamaba para preguntarle por el estado de determinados proyectos. Aunque no siempre existía una orden explícita, la reiteración, la procedencia de la llamada y el interés sobre un expediente específico bastaban para transmitir que debía recibir prioridad y agilización para que se autorizara. A ello se sumaban correos frecuentes y consultas directas sobre permisos vinculados, coincidentemente, con determinados consultores ambientales.
El exdelegado relató que algunas intervenciones se presentaban bajo la apariencia de simples “recomendaciones”. Determinados consultores, agregó, le ofrecían respaldo, le aseguraban que “lo iban a apoyar” y lo invitaban a comer o le entregaban regalos. Según su versión, nunca interpretó aquellas atenciones como compromisos. Sin embargo, la normalización de esas prácticas revela precisamente la frontera difusa entre la cortesía, la influencia y el condicionamiento de una decisión pública.
Entre las personas señaladas por el exdelegado figura Amed Bautista, quien envió una carta remitida a República, a raíz de nuestra primera publicación. En ella negó formar parte de una estructura de extorsión institucional y rechazó mantener vínculos con el viceministro José Rodrigo Rodas. No obstante, Bautista reconoció que los trámites del MARN son considerablemente tardados y afirmó haber sido perjudicado por esos retrasos.
La otra figura mencionada es Alejandro Cortez, gerente de proyectos de Ambiente y Desarrollo Consultores, S. A., a quien el exdelegado describió como una persona muy cercana al viceministro Rodas. Según su testimonio, la firma ha gestionado algunos de los proyectos de mayor envergadura conocidos por el Ministerio, principalmente expedientes de categorías A y B1. Cortez también ejerce como catedrático en la Universidad Rafael Landívar y coincide con Luz Cortez, coordinadora del área académica de Ingeniería Ambiental y colaboradora de su consultora. Según el exfuncionario, Alejandro Cortez también “se ganó” o “le dieron a título personal” un contrato, por una suma considerable, para impartir un curso dentro del MARN a nivel de las delegaciones y viceministerios. Dicha convergencia de vínculos resulta curiosa y abre nuevas interrogantes sobre su influencia en la tramitación y evaluación técnica de los expedientes ambientales.
La discrecionalidad señalada no se limitaría a la agilización de expedientes. República consultó al MARN qué norma lo faculta específicamente para exigir documentación relacionada con las normas NRD-1 y NRD-3 dentro de las evaluaciones ambientales. La institución respondió con referencias generales a principios preventivos, al reglamento y a formularios internos, pero no identificó una disposición concreta que respalde esa exigencia.
El mismo patrón se advierte en la asignación de funciones técnicas. Recursos Humanos confirmó que Hugo Héctor Manuel Chacón González, identificado por fuentes como una persona cercana al viceministro Rodas, fue contratado bajo el renglón 029 para apoyar al Departamento de Control y Seguimiento Ambiental. Aunque su profesión registrada es Maestro de Educación Primaria Urbana, entre sus tareas figuran elaborar listas de cotejo para evaluar compromisos ambientales y medidas de mitigación, además de participar en verificaciones documentales y de campo. La respuesta oficial no acreditó formación especializada compatible con esas responsabilidades.
A las denuncias recibidas por República se suman así dos hechos reconocidos por el propio Ministerio: requisitos cuya base legal específica no logró demostrar y la asignación de tareas sensibles a personal sin una idoneidad técnica acreditada. Ambos elementos refuerzan el retrato de una estructura gobernada por la discrecionalidad, en la que se imponen obligaciones difíciles de fundamentar mientras se distribuyen funciones especializadas bajo criterios igualmente cuestionables.
Las tensiones sobre las delegaciones también afloran en documentos oficiales. En el expediente examinado por República, la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) sostiene que correspondía a la Delegación de Zacapa notificar al proponente sobre una oposición. La Delegación responde que esa atribución pertenece exclusivamente a la DIGARN y advierte que obligarla a emitir ese acto podría constituir abuso de autoridad o usurpación de atribuciones. El documento no determina quién tiene la razón jurídica, pero deja al descubierto una institución fracturada, atravesada por instrucciones contrapuestas y por la resistencia de funcionarios departamentales a ejecutar decisiones que consideran ajenas a sus competencias. República intentó entrevistar directamente a la delegada de Zacapa. La funcionaria evitó responder y condicionó cualquier pronunciamiento a un trámite gestionado por el departamento de Comunicación.
Desde la primera publicación, consultores, funcionarios y personas vinculadas al MARN han buscado presentar su versión al medio. Aunque cada fuente desplaza la responsabilidad hacia otros, sus relatos convergen en un mismo punto: existe una estructura que permite influir discrecionalmente sobre el curso de los expedientes, permisos y licencias ambientales. República continuará investigando la estructura para establecer quiénes la integran, quiénes se benefician y quiénes operan dentro del esquema señalado en el Viceministerio de Ambiente bajo la conducción de José Rodrigo Rodas.
Alejandro Cortez envió una nota donde expone algunos puntos sobre este reporte. A continuación, lo más relevante del texto:
Derecho de Respuesta
Sobre Alejandro Cortez, de Ambiente y Desarrollo Consultores, S.A.
En relación con la publicación realizada por República el 17 de julio de 2026, se considera importante precisar algunos aspectos vinculados con Alejandro Cortez, gerente de proyectos de Ambiente y Desarrollo Consultores, S.A.
Alejandro Cortez no mantiene una relación cercana, ni vínculos con el viceministro de Ambiente José Rodrigo Rodas. Únicamente ha coincidido con él en dos reuniones técnicas en las que realizó la presentación de expedientes categoría A; dichas reuniones están establecidas en el artículo 23 del Acuerdo Gubernativo 148-2024. En estas reuniones participaron el personal técnico del MARN y personal técnico de las empresas proponentes.
Con relación al contrato mencionado en la publicación. Alejandro Cortez imparte un Diplomado en Auditorías Ambientales de la Universidad Rafael Landívar dirigido a personal técnico del MARN, con una duración de seis meses y por un monto total y único de GTQ 30,000.
A continuación se publica el derecho de respuesta enviado por el viceministro José Rodrigo Rodas.
Una semana antes de que República publicara, el 8 de julio, la primera entrega de esta investigación sobre un presunto esquema de corrupción dentro del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), remitimos preguntas puntuales a la ministra Patricia Orantes y al viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas. Como se enfatizó en esa primera nota, las interrogantes quedaron sin respuesta, pero provocaron una reacción institucional inmediata: durante el fin de semana se anunció la destitución del delegado departamental de Escuintla y, el lunes siguiente, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa bajo la consigna de “corrupción cero”.
A esa ofensiva comunicacional se sumó el Diario de Centro América, con una publicación en la que el Ministerio aseguró que no toleraría actos de corrupción.
Sin embargo, no se abordó el tema principal de lo descubierto en las pesquisas de República, que ha expuesto un mecanismo mediante el cual algunos proyectos avanzan con inusual rapidez cuando son gestionados por ciertos consultores ambientales, mientras que otros quedan rezagados, son sometidos a escrutinio excesivo y terminan rechazados. Aunque estos mecanismos no son exclusivos de la administración actual y responden a una estructura de coimas que durante décadas ha beneficiado a unos en perjuicio de otros, el resultado contradice frontalmente la promesa de “ser diferentes”. Bajo la fachada de una gestión comprometida con el ambiente, esta administración no desmanteló el sistema: lo consolidó y perpetuó como una auténtica mafia verde.
El alcance de este mecanismo no es menor; el MARN debe aprobar, prácticamente, cualquier proyecto de inversión y desarrollo del país, desde una planta industrial, un hospital o un complejo habitacional hasta un aeropuerto. Controlar el ritmo, la profundidad y el criterio con que se evalúan esos expedientes supone administrar una de las llaves más poderosas —y menos fiscalizadas— que opera en las sombras para decidir qué inversión avanza en Guatemala y cuál no.
No todos los consultores ambientales forman parte de esta dinámica. Existen profesionales que dan seguimiento legítimo a sus expedientes y procuran impulsarlos mediante la calidad técnica de su trabajo. No obstante, las fuentes consultadas describen a otros que se beneficiarían de conexiones privilegiadas dentro del Ministerio y de una estructura presuntamente dirigida desde el despacho del viceministro Rodas. La regla informal es tan simple como corrosiva: contratar a determinados gestores incrementa las posibilidades de obtener una resolución favorable. República ha documentado casos en los que un mismo proyecto fue rechazado y, tras cambiar de consultor, terminó aprobado.
Ahora bien, el esquema de corrupción de Rodas tiene la raíz a nivel departamental, ya que esas delegaciones son las que reciben, revisan, analizan e inspeccionan los estudios de impacto ambiental, según la categoría correspondiente. El exdelegado destituido de Escuintla negó a República haber recibido dinero para acelerar resoluciones. Además, argumentó que los expedientes son examinados primero por personal técnico y que él no podía aprobarlos unilateralmente. Pese a ello, el personal encargado de estos permisos permanece dentro de la delegación departamental de Escuintla. En consecuencia, afirmó que fue escogido como “chivo expiatorio” por carecer de una figura de poder que lo respaldara.
Su explicación, sin embargo, no despeja los señalamientos que rodearon su destitución. Pero permite observar que las autorizaciones no dependen de una sola persona, ya que en el procedimiento intervienen, al menos, quienes reciben y evalúan los estudios, quienes recomiendan su aprobación o rechazo y el delegado que finalmente los avala. Por ello, su destitución —“inesperada”, según relata el exdelegado— se percibe tan solo como una maniobra: separar únicamente al último eslabón permite proyectar una imagen de depuración sin desmontar la dinámica que habría hecho posible la agilización discrecional de expedientes conforme a intereses particulares del Viceministerio.
Vale recalcar que, pese a negar su participación en actos ilícitos, el exfuncionario reconoció que las presiones por parte del viceministro Rodas o de su personal eran habituales. Según su testimonio, Rodas lo llamaba para preguntarle por el estado de determinados proyectos. Aunque no siempre existía una orden explícita, la reiteración, la procedencia de la llamada y el interés sobre un expediente específico bastaban para transmitir que debía recibir prioridad y agilización para que se autorizara. A ello se sumaban correos frecuentes y consultas directas sobre permisos vinculados, coincidentemente, con determinados consultores ambientales.
El exdelegado relató que algunas intervenciones se presentaban bajo la apariencia de simples “recomendaciones”. Determinados consultores, agregó, le ofrecían respaldo, le aseguraban que “lo iban a apoyar” y lo invitaban a comer o le entregaban regalos. Según su versión, nunca interpretó aquellas atenciones como compromisos. Sin embargo, la normalización de esas prácticas revela precisamente la frontera difusa entre la cortesía, la influencia y el condicionamiento de una decisión pública.
Entre las personas señaladas por el exdelegado figura Amed Bautista, quien envió una carta remitida a República, a raíz de nuestra primera publicación. En ella negó formar parte de una estructura de extorsión institucional y rechazó mantener vínculos con el viceministro José Rodrigo Rodas. No obstante, Bautista reconoció que los trámites del MARN son considerablemente tardados y afirmó haber sido perjudicado por esos retrasos.
La otra figura mencionada es Alejandro Cortez, gerente de proyectos de Ambiente y Desarrollo Consultores, S. A., a quien el exdelegado describió como una persona muy cercana al viceministro Rodas. Según su testimonio, la firma ha gestionado algunos de los proyectos de mayor envergadura conocidos por el Ministerio, principalmente expedientes de categorías A y B1. Cortez también ejerce como catedrático en la Universidad Rafael Landívar y coincide con Luz Cortez, coordinadora del área académica de Ingeniería Ambiental y colaboradora de su consultora. Según el exfuncionario, Alejandro Cortez también “se ganó” o “le dieron a título personal” un contrato, por una suma considerable, para impartir un curso dentro del MARN a nivel de las delegaciones y viceministerios. Dicha convergencia de vínculos resulta curiosa y abre nuevas interrogantes sobre su influencia en la tramitación y evaluación técnica de los expedientes ambientales.
La discrecionalidad señalada no se limitaría a la agilización de expedientes. República consultó al MARN qué norma lo faculta específicamente para exigir documentación relacionada con las normas NRD-1 y NRD-3 dentro de las evaluaciones ambientales. La institución respondió con referencias generales a principios preventivos, al reglamento y a formularios internos, pero no identificó una disposición concreta que respalde esa exigencia.
El mismo patrón se advierte en la asignación de funciones técnicas. Recursos Humanos confirmó que Hugo Héctor Manuel Chacón González, identificado por fuentes como una persona cercana al viceministro Rodas, fue contratado bajo el renglón 029 para apoyar al Departamento de Control y Seguimiento Ambiental. Aunque su profesión registrada es Maestro de Educación Primaria Urbana, entre sus tareas figuran elaborar listas de cotejo para evaluar compromisos ambientales y medidas de mitigación, además de participar en verificaciones documentales y de campo. La respuesta oficial no acreditó formación especializada compatible con esas responsabilidades.
A las denuncias recibidas por República se suman así dos hechos reconocidos por el propio Ministerio: requisitos cuya base legal específica no logró demostrar y la asignación de tareas sensibles a personal sin una idoneidad técnica acreditada. Ambos elementos refuerzan el retrato de una estructura gobernada por la discrecionalidad, en la que se imponen obligaciones difíciles de fundamentar mientras se distribuyen funciones especializadas bajo criterios igualmente cuestionables.
Las tensiones sobre las delegaciones también afloran en documentos oficiales. En el expediente examinado por República, la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) sostiene que correspondía a la Delegación de Zacapa notificar al proponente sobre una oposición. La Delegación responde que esa atribución pertenece exclusivamente a la DIGARN y advierte que obligarla a emitir ese acto podría constituir abuso de autoridad o usurpación de atribuciones. El documento no determina quién tiene la razón jurídica, pero deja al descubierto una institución fracturada, atravesada por instrucciones contrapuestas y por la resistencia de funcionarios departamentales a ejecutar decisiones que consideran ajenas a sus competencias. República intentó entrevistar directamente a la delegada de Zacapa. La funcionaria evitó responder y condicionó cualquier pronunciamiento a un trámite gestionado por el departamento de Comunicación.
Desde la primera publicación, consultores, funcionarios y personas vinculadas al MARN han buscado presentar su versión al medio. Aunque cada fuente desplaza la responsabilidad hacia otros, sus relatos convergen en un mismo punto: existe una estructura que permite influir discrecionalmente sobre el curso de los expedientes, permisos y licencias ambientales. República continuará investigando la estructura para establecer quiénes la integran, quiénes se benefician y quiénes operan dentro del esquema señalado en el Viceministerio de Ambiente bajo la conducción de José Rodrigo Rodas.
Alejandro Cortez envió una nota donde expone algunos puntos sobre este reporte. A continuación, lo más relevante del texto:
Derecho de Respuesta
Sobre Alejandro Cortez, de Ambiente y Desarrollo Consultores, S.A.
En relación con la publicación realizada por República el 17 de julio de 2026, se considera importante precisar algunos aspectos vinculados con Alejandro Cortez, gerente de proyectos de Ambiente y Desarrollo Consultores, S.A.
Alejandro Cortez no mantiene una relación cercana, ni vínculos con el viceministro de Ambiente José Rodrigo Rodas. Únicamente ha coincidido con él en dos reuniones técnicas en las que realizó la presentación de expedientes categoría A; dichas reuniones están establecidas en el artículo 23 del Acuerdo Gubernativo 148-2024. En estas reuniones participaron el personal técnico del MARN y personal técnico de las empresas proponentes.
Con relación al contrato mencionado en la publicación. Alejandro Cortez imparte un Diplomado en Auditorías Ambientales de la Universidad Rafael Landívar dirigido a personal técnico del MARN, con una duración de seis meses y por un monto total y único de GTQ 30,000.
A continuación se publica el derecho de respuesta enviado por el viceministro José Rodrigo Rodas.
