EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luz Adriana Camargo, mano derecha de Iván Velásquez en la defenestrada CICIG, enfrenta un vendaval jurídico que amenaza con anular su elección.
Por qué importa. Camargo, propuesta por Gustavo Petro, era clave para su agenda, liderando investigaciones sensibles, como la de Nicolás Petro por lavado de activos, o el desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Su remoción sería un golpe devastador para el presidente, sumándose a recientes crisis en su gabinete, como su desmantelamiento en febrero, por disputas internas.
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Sin una fiscal afín, Petro perdería control sobre el Ministerio Público, exponiendo su gobierno a investigaciones independientes que podrían escalar, especialmente en un contexto de polarización.
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Este fracaso evidencia, nuevamente, su debilitado su liderazgo, ante un Congreso opositor y un 2026 electoralmente crucial.
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Petro se fue a la guerra contra cualquiera que se desviara de sus caprichos y, de momento, la ha perdido contundentemente.
En perspectiva. El Consejo de Estado colombiano, tras confirmar una sentencia anticipada, está cerca de decidir si su nombramiento por la Corte Suprema violó la ley, debido a la renuncia de Amelia Pérez de la terna presidencial, que dejó solo dos candidatas, y por presuntas presiones a los magistrados para elegir a Camargo.
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La demanda, liderada por el abogado Harold Sua, señala que la terna incompleta y las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro el 8 de febrero de 2024 comprometieron la legalidad del proceso.
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Si el tribunal falla en contra, Camargo abandonaría el cargo en las próximas semanas.
Fisgón histórico. Camargo llegó a la Fiscalía con las credenciales de su trabajo en la CICIG, donde fue el alfil de Iván Velásquez, posteriormente ministro de Defensa de Petro. Sin embargo, su paso por la CICIG no marcó el camino para una carrera íntegra en el sector de justicia. El trabajo de Camargo se ha demostrado, está plagado de abusos, como complicidad en detenciones arbitrarias y manipulación de testigos, vulnerando el debido proceso.
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El precedente alimenta los temores de un intento de politización de la justicia en Colombia.
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La preferencia de Petro, en una terna sin hombres —y cuestionada por su opacidad—, sugiere que su rol fue diseñado para alinear el sistema de justicia a sus fines ideológicos; un eco de las prácticas de la CICIG.
En el radar. El Consejo de Estado está a punto de emitir un fallo definitivo, posiblemente en junio. Camargo y Petro podrían intentar contrarrestar la anulación con recursos legales —como un recurso de súplica—, o presionando políticamente a través de aliados en el sistema judicial.
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Sin embargo, la solidez documental del caso y el rechazo del tribunal a recursos previos hacen probable que la elección sea anulada.
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Petro tendría que enviar una nueva terna, enfrentando una Corte Suprema más recelosa y un desgaste político mayor.
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La salida de Camargo no solo marcaría otro traspié para Petro, sino que podría desencadenar una crisis institucional, dejando la Fiscalía en un limbo que beneficie a sus opositores.
Luz Adriana Camargo, mano derecha de Iván Velásquez en la defenestrada CICIG, enfrenta un vendaval jurídico que amenaza con anular su elección.
Por qué importa. Camargo, propuesta por Gustavo Petro, era clave para su agenda, liderando investigaciones sensibles, como la de Nicolás Petro por lavado de activos, o el desvío de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Su remoción sería un golpe devastador para el presidente, sumándose a recientes crisis en su gabinete, como su desmantelamiento en febrero, por disputas internas.
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Sin una fiscal afín, Petro perdería control sobre el Ministerio Público, exponiendo su gobierno a investigaciones independientes que podrían escalar, especialmente en un contexto de polarización.
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Este fracaso evidencia, nuevamente, su debilitado su liderazgo, ante un Congreso opositor y un 2026 electoralmente crucial.
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Petro se fue a la guerra contra cualquiera que se desviara de sus caprichos y, de momento, la ha perdido contundentemente.
En perspectiva. El Consejo de Estado colombiano, tras confirmar una sentencia anticipada, está cerca de decidir si su nombramiento por la Corte Suprema violó la ley, debido a la renuncia de Amelia Pérez de la terna presidencial, que dejó solo dos candidatas, y por presuntas presiones a los magistrados para elegir a Camargo.
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La demanda, liderada por el abogado Harold Sua, señala que la terna incompleta y las manifestaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro el 8 de febrero de 2024 comprometieron la legalidad del proceso.
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Si el tribunal falla en contra, Camargo abandonaría el cargo en las próximas semanas.
Fisgón histórico. Camargo llegó a la Fiscalía con las credenciales de su trabajo en la CICIG, donde fue el alfil de Iván Velásquez, posteriormente ministro de Defensa de Petro. Sin embargo, su paso por la CICIG no marcó el camino para una carrera íntegra en el sector de justicia. El trabajo de Camargo se ha demostrado, está plagado de abusos, como complicidad en detenciones arbitrarias y manipulación de testigos, vulnerando el debido proceso.
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El precedente alimenta los temores de un intento de politización de la justicia en Colombia.
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La preferencia de Petro, en una terna sin hombres —y cuestionada por su opacidad—, sugiere que su rol fue diseñado para alinear el sistema de justicia a sus fines ideológicos; un eco de las prácticas de la CICIG.
En el radar. El Consejo de Estado está a punto de emitir un fallo definitivo, posiblemente en junio. Camargo y Petro podrían intentar contrarrestar la anulación con recursos legales —como un recurso de súplica—, o presionando políticamente a través de aliados en el sistema judicial.
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Sin embargo, la solidez documental del caso y el rechazo del tribunal a recursos previos hacen probable que la elección sea anulada.
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Petro tendría que enviar una nueva terna, enfrentando una Corte Suprema más recelosa y un desgaste político mayor.
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La salida de Camargo no solo marcaría otro traspié para Petro, sino que podría desencadenar una crisis institucional, dejando la Fiscalía en un limbo que beneficie a sus opositores.
