EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su respaldo a la reciente aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras (Decreto 11-2025), que declara a las pandillas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas.
Qué destacar. La iniciativa, aprobada por el Congreso de la República, endurece penas y restringe medidas sustitutivas.
- Además, establece mecanismos para desarticular las estructuras delictivas que operan desde las cárceles y afectan la seguridad nacional.
- Como representante del sector privado guatemalteco, CACIF manifestó que la seguridad es una condición indispensable para el trabajo, la inversión y el bienestar de las familias.
- “Durante años, miles de empresarios, comerciantes, trabajadores y ciudadanos hemos sido víctimas de extorsión y violencia por parte de estructuras criminales que atentan contra la vida y la economía de los guatemaltecos”, señaló en un comunicado.
Cómo funciona. La ley incluye agravantes penales para delitos como extorsión, reclutamiento ilícito de menores y usura.
- Asimismo, aumenta las penas hasta en una tercera parte si el autor pertenece a una mara.
- Además, prohíbe el uso de celulares, acceso a internet y drones en cárceles, y ordena la construcción de centros de máxima seguridad.
- También autoriza al Ministerio de Gobernación a adquirir equipo táctico por GTQ 200M, bajo auditoría concurrente.
Por qué importa. CACIF valoró estas medidas como un paso importante para fortalecer el marco legal y dotar al Estado de mejores herramientas para enfrentar a las pandillas y redes de extorsión, atendiendo así una demanda urgente de toda la sociedad.
- Asimismo, expresó su confianza en que las recientes designaciones realizadas por el presidente Arévalo en el Ministerio de Gobernación marquen un cambio real en la conducción de la política de seguridad, mediante acciones decididas, coordinación eficaz y resultados verificables.
- La relevancia del tema se intensificó tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II, que cauó la renuncia de la cúpula del Ministerio de Gobernación.
- En ese contexto, CACIF instó a que se mantenga y refuerce la labor de recaptura de los integrantes de estructuras criminales y pandillas, designadas como organizaciones terroristas por los Estados Unidos.
En conclusión. El sector empresarial también exigió que se avance con las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a quienes hayan facilitado o colaborado en las fugas, así como en otros delitos perpetrados desde los centros penitenciarios.
- “Estos hechos no pueden quedar en la impunidad”, advirtió. En su pronunciamiento, CACIF hizo un llamado a todas las entidades que conforman el sistema de justicia para que actúen con determinación y en estricto apego al marco legal, garantizando el pleno imperio de la justicia.
- “Es imperativo que ningún funcionario, agente penitenciario, miembro de las fuerzas de seguridad o juez involucrado en actos de corrupción permanezca impune, y que se impida de manera efectiva que los grupos criminales continúen operando desde los centros penitenciarios”, enfatizó.
- La ley también establece la creación de una base de datos penitenciaria con información sobre afiliación a maras, sexo, edad y delitos cometidos, con el objetivo de mejorar el control institucional y aislar el liderazgo pandillero.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) expresó su respaldo a la reciente aprobación de la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras (Decreto 11-2025), que declara a las pandillas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas.
Qué destacar. La iniciativa, aprobada por el Congreso de la República, endurece penas y restringe medidas sustitutivas.
- Además, establece mecanismos para desarticular las estructuras delictivas que operan desde las cárceles y afectan la seguridad nacional.
- Como representante del sector privado guatemalteco, CACIF manifestó que la seguridad es una condición indispensable para el trabajo, la inversión y el bienestar de las familias.
- “Durante años, miles de empresarios, comerciantes, trabajadores y ciudadanos hemos sido víctimas de extorsión y violencia por parte de estructuras criminales que atentan contra la vida y la economía de los guatemaltecos”, señaló en un comunicado.
Cómo funciona. La ley incluye agravantes penales para delitos como extorsión, reclutamiento ilícito de menores y usura.
- Asimismo, aumenta las penas hasta en una tercera parte si el autor pertenece a una mara.
- Además, prohíbe el uso de celulares, acceso a internet y drones en cárceles, y ordena la construcción de centros de máxima seguridad.
- También autoriza al Ministerio de Gobernación a adquirir equipo táctico por GTQ 200M, bajo auditoría concurrente.
Por qué importa. CACIF valoró estas medidas como un paso importante para fortalecer el marco legal y dotar al Estado de mejores herramientas para enfrentar a las pandillas y redes de extorsión, atendiendo así una demanda urgente de toda la sociedad.
- Asimismo, expresó su confianza en que las recientes designaciones realizadas por el presidente Arévalo en el Ministerio de Gobernación marquen un cambio real en la conducción de la política de seguridad, mediante acciones decididas, coordinación eficaz y resultados verificables.
- La relevancia del tema se intensificó tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II, que cauó la renuncia de la cúpula del Ministerio de Gobernación.
- En ese contexto, CACIF instó a que se mantenga y refuerce la labor de recaptura de los integrantes de estructuras criminales y pandillas, designadas como organizaciones terroristas por los Estados Unidos.
En conclusión. El sector empresarial también exigió que se avance con las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a quienes hayan facilitado o colaborado en las fugas, así como en otros delitos perpetrados desde los centros penitenciarios.
- “Estos hechos no pueden quedar en la impunidad”, advirtió. En su pronunciamiento, CACIF hizo un llamado a todas las entidades que conforman el sistema de justicia para que actúen con determinación y en estricto apego al marco legal, garantizando el pleno imperio de la justicia.
- “Es imperativo que ningún funcionario, agente penitenciario, miembro de las fuerzas de seguridad o juez involucrado en actos de corrupción permanezca impune, y que se impida de manera efectiva que los grupos criminales continúen operando desde los centros penitenciarios”, enfatizó.
- La ley también establece la creación de una base de datos penitenciaria con información sobre afiliación a maras, sexo, edad y delitos cometidos, con el objetivo de mejorar el control institucional y aislar el liderazgo pandillero.
