Annabella Morfín excluyó de reunión con la CIDH a los tres magistrados de la CC que fueron amenazados

Una nueva fisura interna surgió en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Es noticia. Tres de los cinco magistrados titulares quedaron fuera de una reunión sostenida entre la presidenta del máximo tribunal constitucional, Gladys Annabella Morfín Mansilla, la magistrada Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por la vicepresidenta del organismo, Andrea Pochak.

• Los magistrados titulares que no fueron convocados al encuentro fueron Roberto Molina Barreto, Julia Marisol Rivera Aguilar y Dina Josefina Ochoa Escribá. Precisamente los tres integrantes de la CC que recientemente habían sido objeto de amenazas, según un comunicado oficial emitido por el propio tribunal.
• La visita de la CIDH fue divulgada por la Corte de Constitucionalidad el 13 de julio. Durante el encuentro, los representantes del organismo interamericano expusieron los objetivos de su visita a Guatemala e intercambiaron información relacionada con el fortalecimiento del Estado de Derecho.
• Asimismo, se destacó el trabajo desarrollado por la CC mediante resoluciones y acciones orientadas a la defensa del orden constitucional. En ese contexto, la magistrada presidenta reiteró el compromiso del tribunal con la protección de los derechos fundamentales y la preservación del orden constitucional en el país.

Sí, pero. La reunión generó malestar dentro de la propia Corte.

• Documentos internos revelan que algunos magistrados manifestaron inconformidad por no haber sido incluidos en un espacio que consideraban relevante para exponer de forma directa las amenazas y presiones que, aseguran, han enfrentado en el ejercicio de sus funciones.
• Una de las manifestaciones más contundentes provino de la magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá, quien envió una comunicación formal a la presidenta Morfín.
• En ella expresó su “profunda preocupación e inconformidad” por la falta de apoyo institucional al no haberse facilitado su participación ni la de los otros magistrados afectados en la reunión con la representante de la CIDH.

En el radar. La magistrada indicó que la visita constituía una oportunidad para exponer de primera mano la situación que enfrentan algunos integrantes del tribunal y las repercusiones que las amenazas tienen sobre su seguridad personal, la independencia judicial y la institucionalidad de la Corte de Constitucionalidad.

• Según la togada, la falta de convocatoria impidió que la relatora para Guatemala conociera directamente los testimonios y circunstancias que afectan el desempeño de sus responsabilidades constitucionales.
• La inconformidad adquiere una dimensión especial porque la propia Corte había reconocido semanas antes la existencia de amenazas contra esos mismos magistrados.
• En un comunicado publicado el 29 de junio de 2026, la CC informó que en redes sociales circuló un video en el que un individuo “incita públicamente a atentar contra la integridad física” de Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto y Julia Marisol Rivera Aguilar.

Hemeroteca. En ese pronunciamiento institucional, la Corte “condena de manera categórica e irrestricta cualquier acto de intimidación, amenaza o incitación a la violencia dirigido contra sus integrantes”.

• Recordó que las resoluciones del tribunal son producto del ejercicio independiente de la función jurisdiccional.
• Además, informó que habían sido adoptadas medidas institucionales para reforzar la seguridad personal de los magistrados señalados.
• La CC también hizo un llamado a respetar el Estado de Derecho, la independencia judicial y la integridad física de quienes ejercen funciones jurisdiccionales, al advertir que “una democracia constitucional no se sostiene con amenazas ni con violencia”.

En conclusión. En su carta, Ochoa sostiene que, pese a ese antecedente reconocido públicamente por la Corte, no se brindó el apoyo institucional necesario para que los tres magistrados amenazados pudieran participar en la reunión con la delegación de la CIDH.

• A criterio de la magistrada, esa omisión afecta a los funcionarios involucrados, y proyecta una imagen de falta de respaldo institucional frente a hechos que comprometen la independencia judicial y los derechos humanos de los integrantes del máximo tribunal constitucional del país.
• La controversia evidencia nuevas tensiones dentro de la Corte de Constitucionalidad, en momentos en que el tribunal enfrenta asuntos de alta sensibilidad política e institucional y cuando la protección de sus magistrados se encuentra bajo escrutinio público.