Ampliación presupuestaria: más dudas que soluciones

El Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de GTQ 4166M para 2025, justificándola como necesaria tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendió cuatro artículos del presupuesto. Sin embargo, la asignación de recursos —especialmente a los CODEDES y la contratación de asesoría financiera— plantea dudas sobre transparencia, eficiencia y posibles irregularidades gubernamentales.

Por qué importa. El 11 de febrero de 2025, el Congreso aprobó, con el voto favorable de 114 legisladores, la ampliación del presupuesto 2025, por GTQ 4166M. 

• Esta iniciativa fue presentada un día antes por el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, por la supuesta necesidad de cumplir con los recursos tal como se habían aprobado en el Presupuesto 2025, los cuales fueron suspendidos [los artículos] por ser inconstitucionales.
• El 30 de enero, la CC resolvió de manera favorable, provisionalmente, la acción presentada por CACIF en tal sentido. 
• Los artículos en cuestión eran: el 118, 130, 135 y el 137 del Decreto 36-2024. 

Datos clave. De acuerdo con Menkos y como lo expone la iniciativa 6504, el 95 % de estas asignaciones se financiarían con recursos de caja, GTQ 3966M, y el resto con endeudamiento público externo, GTQ 200M. 

• Esto quiere decir que la ampliación sería posible por la baja ejecución que registró el gobierno en 2024, la cual apenas alcanzó el 89 %. 
• La distribución de los recursos establecería una asignación de GTQ 1900M para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES), GTQ 1625M para las Clases Pasivas del Estado, GTQ 56.5M para el Seguro Paramétrico y GTQ 393M para el Programa de Reducción de Emisiones (ERPA). 
• Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) aprovechó para incluir nuevas disposiciones como las asignaciones especiales para el Instituto Guatemalteco de Migración por GTQ 7M y una reforma al artículo que dispone fortalecer el recurso humano del sistema de salud. 

Visto y no visto. Unos de los elementos que más llama la atención es la asignación extraordinaria a los CODEDES. 

• En la disposición original, se establecía una ampliación pre autorizada para permitir que los Consejos ejecutaran los recursos extraordinarios asignados en 2022 por el Decreto 54-2022 para la Gran Cruzada por la Nutrición y los asignados en 2024 por el Decreto 17-2024, sin embargo, no se especificaba el monto. 
• Por lo tanto, con esta ampliación, se otorgan más de GTQ 1891M, lo cual se suma a los GTQ 12 000M que se habían asignado en el presupuesto 2025. 
• Esta asignación es un premio a la inoperancia, ya que los CODEDES tuvieron una ejecución paupérrima en el 2024 —alrededor del 30 %—, y demuestra cómo son utilizados como herramienta política. 

Entre líneas. Otra disposición que plantea dudas es el Art. 9, el cual autoriza al MINFIN a contratar una empresa que contribuya a la mejora de la calificación de riesgo país. 

• En términos normativos, esta disposición permite que la cartera de Finanzas contrate a una empresa de asesoría —o de cabildeo— sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual sugiere que será un proceso no competitivo ni transparente. 
• Asimismo, de forma extraordinaria, la entidad que sea beneficiada gozará de una exención de impuestos y se acogerá a los procedimientos de arbitraje internacional. 
• Dicha redacción sugiere cómo el ministerio llevará a cabo una contratación a dedo, que podría ser lesiva para los intereses del Estado. 

En conclusión. Debido a que el Decreto 36-2024 contemplaba varias ampliaciones “pre autorizadas”, antes de la aprobación de la iniciativa 6504, el gobierno ya había operado una ampliación de GTQ 100M, lo cual elevaba el techo presupuestario en GTQ 1485M. 

• No obstante, con la ampliación aprobada el 11 de febrero, el presupuesto 2025 se elevaría en GTQ 1527M, con la posibilidad de ampliaciones adicionales. 
• La iniciativa 6504 sí corrige las disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales; sin embargo, también premia la mediocridad y favorece las irregularidades en las contrataciones de servicios. 
• Por ende, será necesario fiscalizar la manera en la que las unidades distribuyen y ejecutan estos recursos, de manera que las asignaciones cumplan con los objetivos fijados en la norma.