Secuestro de funcionarios en Quiché expone la debilidad del Estado

La liberación de fiscales del Ministerio Público (MP), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y trabajadores del Ministerio de Salud retenidos durante más de un día en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, puso fin a una crisis que volvió a evidenciar una realidad incómoda para Guatemala: existen territorios donde el Estado tiene serias dificultades para ejercer autoridad y hacer cumplir la ley.

• Según el Ministerio Público, los funcionarios no sufrieron lesiones graves. Sin embargo, sí presentan afectación emocional por las amenazas que recibieron durante el tiempo que permanecieron privados de libertad. De acuerdo con sus testimonios, fueron obligados a hincarse y amenazados con ser quemados vivos, aunque las agresiones no pasaron de ese punto.

Qué destacar. Los hechos ocurrieron durante un operativo interinstitucional contra el contrabando y la defraudación aduanera.

• Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, con apoyo de la SAT, la PNC y otras instituciones del Estado.
• El objetivo era inspeccionar mercadería presuntamente ingresada de forma ilegal al país y ejecutar acciones contra estructuras vinculadas al comercio ilícito.
• Lo que comenzó como una operación para hacer cumplir la ley terminó convirtiéndose en una demostración de fuerza por parte de grupos de pobladores. Estos exigieron la devolución de la mercadería incautada y la liberación de personas detenidas durante el operativo.

Entre líneas. La presión aumentó rápidamente. Funcionarios públicos fueron retenidos durante horas, hubo bloqueos en carreteras y se reportaron daños a vehículos policiales.

• Mientras las negociaciones avanzaban, la aplicación de la ley quedó subordinada a las exigencias de quienes mantenían cautivos a los representantes del Estado.
• Finalmente, las autoridades acordaron devolver la mercadería incautada.
• Además, según informó el MP, se mostró el expediente a los comunitarios para que verificaran que el operativo contaba con orden judicial y formaba parte de un proceso legal en curso. Solo entonces se logró la liberación de los retenidos.

Sí, pero. La SAT confirmó que participó en las acciones desarrolladas bajo el marco del Consejo Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduaneros (COINCON). También informó que todo el personal involucrado fue liberado y se encuentra a salvo.

• No obstante, el desenlace no elimina las interrogantes que dejó el caso. La principal es cómo un grupo de pobladores pudo retener durante horas a fiscales, policías y otros funcionarios que ejecutaban una orden judicial sin que las fuerzas de seguridad pudieran restablecer de inmediato el control de la situación.
• El episodio también vuelve a poner bajo la lupa la presencia de estructuras vinculadas al contrabando y otras economías ilegales que operan en distintos puntos del país.
• En varias comunidades, estas actividades tienen capacidad de movilización e incluso de confrontación frente a las autoridades.

En conclusión. La reacción del sector privado fue inmediata. El CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) condenaron el secuestro de funcionarios y respaldaron las acciones contra el contrabando y la defraudación fiscal.

• Las organizaciones advirtieron que estos delitos afectan la competitividad, el empleo formal y la recaudación tributaria.
• Más allá de la liberación de los retenidos, lo ocurrido en Chichicastenango plantea una discusión de fondo.
• Si el Estado no puede ejecutar plenamente una orden judicial ni garantizar la seguridad de sus funcionarios en determinados territorios, el problema ya no es únicamente el contrabando. También es una cuestión de autoridad, gobernabilidad y vigencia del Estado de derecho.