Sector privado exige liberar a funcionarios secuestrados en Quiché
Las cámaras empresariales respaldan las acciones contra la defraudación y piden proteger la vida e integridad de los retenidos.
El secuestro de fiscales del Ministerio Público (MP), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y trabajadores del Ministerio de Salud en la comunidad de Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, causó una fuerte condena del sector empresarial organizado.
- Las cámaras empresariales exigieron la liberación inmediata de los funcionarios y demandaron que se garantice su vida e integridad física. Además, respaldaron las acciones de las autoridades para combatir el contrabando y la defraudación fiscal, al considerar que estos delitos afectan la salud, la seguridad, las oportunidades de empleo y la competitividad del comercio formal en Guatemala.
Qué destacar. Los hechos ocurrieron durante un operativo interinstitucional contra el contrabando y la defraudación aduanera, dos actividades que las autoridades consideran una amenaza para las finanzas públicas, el comercio formal y la competencia leal.
- Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros del Ministerio Público, con apoyo de la PNC, personal de la SAT y elementos del Ejército.
- El operativo se desarrolló entre el 27 y el 28 de octubre y tenía como propósito inspeccionar mercadería presuntamente ingresada al país de forma ilegal, así como ejecutar acciones contra estructuras vinculadas al comercio ilícito.
- El sector privado sostiene que este tipo de acciones son necesarias para hacer cumplir la ley y proteger a las empresas que operan dentro de la legalidad, así como las fuentes de empleo que dependen de la actividad económica formal.
Sí, pero. A partir de ese momento, grupos de pobladores exigieron la devolución de la mercadería incautada y la liberación de los detenidos.
- La protesta escaló rápidamente. Durante la tarde del miércoles, decenas de funcionarios públicos fueron privados de libertad e impedidos de salir de la comunidad.
- Además, se reportaron daños a vehículos policiales y bloqueos en la ruta que conecta Chichicastenango con Los Encuentros, una de las principales vías de comunicación de la región.
- Reportes difundidos por medios locales señalaron que entre las personas secuestradas figuraban tres fiscales del MP, seis trabajadores de la SAT, tres empleados del Ministerio de Salud y decenas de agentes policiales.
En el radar. Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente todas las cifras, sí reconocieron que personal fiscal y policial permanecía bajo cautiverio mientras continuaban las negociaciones para lograr su liberación.
- El caso generó preocupación debido a que los funcionarios realizaban labores relacionadas con la aplicación de la ley y el combate a delitos que afectan directamente la economía formal del país.
- La gravedad de la situación aumentó tras denuncias de supuestas agresiones físicas contra algunos fiscales. El Ministerio Público confirmó que tres de sus trabajadores permanecían privados de libertad y realizaba gestiones para garantizar su seguridad.
- Incluso circuló un audio en el que uno de los fiscales solicitaba ayuda para recuperar su libertad. Mientras tanto, las negociaciones avanzaban lentamente y los pobladores mantenían sus exigencias, en un escenario que el sector privado considera una amenaza al Estado de derecho.
En conclusión. Ante estos hechos, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) condenó el secuestro y las amenazas contra funcionarios públicos. También exigió su liberación inmediata. La organización afirmó que ningún reclamo justifica la violencia, la intimidación o la coacción contra servidores públicos que cumplen con su trabajo. Además, recordó que el contrabando y la defraudación aduanera afectan el empleo formal.
- Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó el secuestro de funcionarios en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, y advirtió que estos hechos ponen en riesgo su integridad y su vida.
- La entidad señaló que las acciones de las autoridades buscan hacer cumplir la ley y combatir el contrabando y la defraudación fiscal, contribuyendo a proteger la salud, la seguridad y las oportunidades de empleo de los guatemaltecos.
- Asimismo, exigió a las autoridades competentes actuar de inmediato para garantizar la seguridad y pronta liberación de las personas retenidas, hacer prevalecer el Estado de derecho y evitar que estos hechos queden en la impunidad.
Fotografía: Redes sociales.
Sector privado exige liberar a funcionarios secuestrados en Quiché
Las cámaras empresariales respaldan las acciones contra la defraudación y piden proteger la vida e integridad de los retenidos.
El secuestro de fiscales del Ministerio Público (MP), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y trabajadores del Ministerio de Salud en la comunidad de Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, causó una fuerte condena del sector empresarial organizado.
- Las cámaras empresariales exigieron la liberación inmediata de los funcionarios y demandaron que se garantice su vida e integridad física. Además, respaldaron las acciones de las autoridades para combatir el contrabando y la defraudación fiscal, al considerar que estos delitos afectan la salud, la seguridad, las oportunidades de empleo y la competitividad del comercio formal en Guatemala.
Qué destacar. Los hechos ocurrieron durante un operativo interinstitucional contra el contrabando y la defraudación aduanera, dos actividades que las autoridades consideran una amenaza para las finanzas públicas, el comercio formal y la competencia leal.
- Las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros del Ministerio Público, con apoyo de la PNC, personal de la SAT y elementos del Ejército.
- El operativo se desarrolló entre el 27 y el 28 de octubre y tenía como propósito inspeccionar mercadería presuntamente ingresada al país de forma ilegal, así como ejecutar acciones contra estructuras vinculadas al comercio ilícito.
- El sector privado sostiene que este tipo de acciones son necesarias para hacer cumplir la ley y proteger a las empresas que operan dentro de la legalidad, así como las fuentes de empleo que dependen de la actividad económica formal.
Sí, pero. A partir de ese momento, grupos de pobladores exigieron la devolución de la mercadería incautada y la liberación de los detenidos.
- La protesta escaló rápidamente. Durante la tarde del miércoles, decenas de funcionarios públicos fueron privados de libertad e impedidos de salir de la comunidad.
- Además, se reportaron daños a vehículos policiales y bloqueos en la ruta que conecta Chichicastenango con Los Encuentros, una de las principales vías de comunicación de la región.
- Reportes difundidos por medios locales señalaron que entre las personas secuestradas figuraban tres fiscales del MP, seis trabajadores de la SAT, tres empleados del Ministerio de Salud y decenas de agentes policiales.
En el radar. Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente todas las cifras, sí reconocieron que personal fiscal y policial permanecía bajo cautiverio mientras continuaban las negociaciones para lograr su liberación.
- El caso generó preocupación debido a que los funcionarios realizaban labores relacionadas con la aplicación de la ley y el combate a delitos que afectan directamente la economía formal del país.
- La gravedad de la situación aumentó tras denuncias de supuestas agresiones físicas contra algunos fiscales. El Ministerio Público confirmó que tres de sus trabajadores permanecían privados de libertad y realizaba gestiones para garantizar su seguridad.
- Incluso circuló un audio en el que uno de los fiscales solicitaba ayuda para recuperar su libertad. Mientras tanto, las negociaciones avanzaban lentamente y los pobladores mantenían sus exigencias, en un escenario que el sector privado considera una amenaza al Estado de derecho.
En conclusión. Ante estos hechos, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) condenó el secuestro y las amenazas contra funcionarios públicos. También exigió su liberación inmediata. La organización afirmó que ningún reclamo justifica la violencia, la intimidación o la coacción contra servidores públicos que cumplen con su trabajo. Además, recordó que el contrabando y la defraudación aduanera afectan el empleo formal.
- Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rechazó el secuestro de funcionarios en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, y advirtió que estos hechos ponen en riesgo su integridad y su vida.
- La entidad señaló que las acciones de las autoridades buscan hacer cumplir la ley y combatir el contrabando y la defraudación fiscal, contribuyendo a proteger la salud, la seguridad y las oportunidades de empleo de los guatemaltecos.
- Asimismo, exigió a las autoridades competentes actuar de inmediato para garantizar la seguridad y pronta liberación de las personas retenidas, hacer prevalecer el Estado de derecho y evitar que estos hechos queden en la impunidad.
Fotografía: Redes sociales.
