Caso Itzapa: expolicías reciben penas de hasta 60 años
La investigación acreditó agresiones contra un canadiense y un guatemalteco cuando permanecían bajo custodia policial.
El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
- Se probó su participación en hechos ocurridos el 18 de abril de 2024 en la subestación policial de San Andrés Iztapa, Chimaltenango, donde murieron el ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.
Qué destacar. La resolución se produjo tras una investigación dirigida por el Ministerio Público (MP), que logró demostrar distintas responsabilidades penales entre los acusados.
- La jueza María Eugenia Castellanos señaló durante la lectura de la sentencia que las pruebas permitieron establecer que ambas víctimas fueron sometidas a agresiones mientras permanecían bajo custodia policial.
- El tribunal calificó los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y concluyó que existió participación diferenciada de los exagentes procesados.
- Entre las condenas más severas figuran las impuestas a Edy Leonel Vásquez Rabanales, exjefe de la subestación policial, y Fredy Santiago Velásquez Pérez, quienes recibieron 60 años de prisión inconmutables cada uno por el delito de ejecución extrajudicial. Según la resolución, la pena corresponde a 30 años por cada una de las dos víctimas.
En el radar. El tribunal también condenó a Mauricio Abraham Contreras Salán a 30 años de prisión por ejecución extrajudicial, al considerar acreditada su responsabilidad en la muerte de una de las víctimas.
- Por otra parte, las exagentes Yulisa Nabely Ayala Yol y Yorleni Lisbeth Macario Ramos fueron absueltas del delito de ejecución extrajudicial, pero encontradas culpables de incumplimiento de deberes y discriminación. Como resultado, recibieron penas de prisión por esos delitos.
- Asimismo, Jeremías Jacobo Rojas Rojas fue condenado por abuso de autoridad y detenciones ilegales. El tribunal determinó que incurrió en acciones contrarias a la ley durante la retención de las víctimas, por lo que le impuso una pena de ocho años de prisión.
- En tanto, Ángel Mario Roquel Sajbochol fue sentenciado a 10 años de prisión por abuso de autoridad y obstaculización a la acción penal. Además, deberá pagar una multa de Q1 mil por omisión de denuncia.
En conclusión. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios, peritajes y otras evidencias que respaldaron la acusación. Entre ellas figuraron declaraciones de testigos y elementos técnicos que permitieron reconstruir lo ocurrido dentro de la subestación policial.
- La fiscalía sostuvo que las víctimas fueron agredidas cuando se encontraban bajo custodia de agentes de la PNC.
- Además de las condenas, el Tribunal de Mayor Riesgo B revocó las medidas sustitutivas otorgadas a tres de los exagentes procesados y ordenó su inmediata aprehensión. La decisión busca garantizar el cumplimiento de las penas impuestas y evitar riesgos de fuga.
- Con esta sentencia, el caso llega a una de sus etapas más relevantes luego de más de dos años de investigación y proceso judicial, considerado uno de los expedientes más sensibles relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.
Caso Itzapa: expolicías reciben penas de hasta 60 años
La investigación acreditó agresiones contra un canadiense y un guatemalteco cuando permanecían bajo custodia policial.
El Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
- Se probó su participación en hechos ocurridos el 18 de abril de 2024 en la subestación policial de San Andrés Iztapa, Chimaltenango, donde murieron el ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.
Qué destacar. La resolución se produjo tras una investigación dirigida por el Ministerio Público (MP), que logró demostrar distintas responsabilidades penales entre los acusados.
- La jueza María Eugenia Castellanos señaló durante la lectura de la sentencia que las pruebas permitieron establecer que ambas víctimas fueron sometidas a agresiones mientras permanecían bajo custodia policial.
- El tribunal calificó los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y concluyó que existió participación diferenciada de los exagentes procesados.
- Entre las condenas más severas figuran las impuestas a Edy Leonel Vásquez Rabanales, exjefe de la subestación policial, y Fredy Santiago Velásquez Pérez, quienes recibieron 60 años de prisión inconmutables cada uno por el delito de ejecución extrajudicial. Según la resolución, la pena corresponde a 30 años por cada una de las dos víctimas.
En el radar. El tribunal también condenó a Mauricio Abraham Contreras Salán a 30 años de prisión por ejecución extrajudicial, al considerar acreditada su responsabilidad en la muerte de una de las víctimas.
- Por otra parte, las exagentes Yulisa Nabely Ayala Yol y Yorleni Lisbeth Macario Ramos fueron absueltas del delito de ejecución extrajudicial, pero encontradas culpables de incumplimiento de deberes y discriminación. Como resultado, recibieron penas de prisión por esos delitos.
- Asimismo, Jeremías Jacobo Rojas Rojas fue condenado por abuso de autoridad y detenciones ilegales. El tribunal determinó que incurrió en acciones contrarias a la ley durante la retención de las víctimas, por lo que le impuso una pena de ocho años de prisión.
- En tanto, Ángel Mario Roquel Sajbochol fue sentenciado a 10 años de prisión por abuso de autoridad y obstaculización a la acción penal. Además, deberá pagar una multa de Q1 mil por omisión de denuncia.
En conclusión. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios, peritajes y otras evidencias que respaldaron la acusación. Entre ellas figuraron declaraciones de testigos y elementos técnicos que permitieron reconstruir lo ocurrido dentro de la subestación policial.
- La fiscalía sostuvo que las víctimas fueron agredidas cuando se encontraban bajo custodia de agentes de la PNC.
- Además de las condenas, el Tribunal de Mayor Riesgo B revocó las medidas sustitutivas otorgadas a tres de los exagentes procesados y ordenó su inmediata aprehensión. La decisión busca garantizar el cumplimiento de las penas impuestas y evitar riesgos de fuga.
- Con esta sentencia, el caso llega a una de sus etapas más relevantes luego de más de dos años de investigación y proceso judicial, considerado uno de los expedientes más sensibles relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad.
