EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El sistema eléctrico guatemalteco es un pilar de estabilidad y desarrollo, sustentado por un marco legal robusto desde la promulgación de la Ley General de Electricidad en 1996. Este marco, caracterizado por su certeza jurídica y transparencia, ha permitido la libre competencia en generación y comercialización, mientras regula transmisión y distribución para garantizar un servicio eficiente.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) han consolidado un mercado mayorista maduro, con casi un centenar de centrales generadoras y 3500 MW de capacidad instalada, donde la diversificación tecnológica reduce la dependencia de una sola fuente energética.
Las próximas licitaciones del Plan de Expansión de Generación (PEG-5) y del Sistema de Transporte (PET-3) representan una oportunidad histórica. Con una inversión estimada de más de USD 5000M, la PEG-5 busca contratar hasta 1400 MW de potencia garantizada para 2030-2045, mezclando energías renovables como solar; eólica, e hidroeléctrica, pero también generación con fuentes fósiles —pero limpias—, como gas natural, alineándose con la meta nacional de alcanzar un 80 % de generación renovable para 2030. Por su parte, PET-3 ampliará la red de transmisión en 508 km, fortaleciendo la infraestructura para llevar electricidad a zonas rurales.
Estas licitaciones no solo atraerán inversión extranjera, sino que fomentarán precios competitivos, como se vio en PEG-4, donde la energía solar alcanzó ofertas muy favorables. Además, la interconexión con México y Centroamérica abre oportunidades para transacciones regionales, consolidando a Guatemala como líder energético.
Sin embargo, persisten retos significativos. La cobertura eléctrica, aunque ha alcanzado un 90.55 %, aún deja a comunidades rurales sin acceso. Lograr el 99.9 % proyectado en la próxima década requiere superar barreras logísticas y financieras, así como garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
La calidad del servicio enfrenta desafíos técnicos, como la modernización de líneas de transmisión obsoletas, que limitan la capacidad de soportar nueva generación. Además, la integración de tecnologías renovables variables, como solar y eólica, exige avances en almacenamiento energético para garantizar energía firme.
Finalmente, reducir precios para los consumidores demanda mayor competencia y eficiencia, combatiendo ineficiencias operativas y asegurando que los beneficios de las licitaciones se trasladen al usuario final.
Guatemala está en un momento clave. Aprovechar el marco legal y las PEG-5 y PET-3 puede potenciar al sector eléctrico, impulsando el desarrollo económico y social. El concurso y apoyo de la banca multilateral, por ejemplo, son claves.
No obstante, el éxito depende de una ejecución transparente, inversión en innovación y un compromiso firme para superar los rezagos, asegurando un servicio eléctrico accesible, confiable y asequible para todos los guatemaltecos.
El sistema eléctrico guatemalteco es un pilar de estabilidad y desarrollo, sustentado por un marco legal robusto desde la promulgación de la Ley General de Electricidad en 1996. Este marco, caracterizado por su certeza jurídica y transparencia, ha permitido la libre competencia en generación y comercialización, mientras regula transmisión y distribución para garantizar un servicio eficiente.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) han consolidado un mercado mayorista maduro, con casi un centenar de centrales generadoras y 3500 MW de capacidad instalada, donde la diversificación tecnológica reduce la dependencia de una sola fuente energética.
Las próximas licitaciones del Plan de Expansión de Generación (PEG-5) y del Sistema de Transporte (PET-3) representan una oportunidad histórica. Con una inversión estimada de más de USD 5000M, la PEG-5 busca contratar hasta 1400 MW de potencia garantizada para 2030-2045, mezclando energías renovables como solar; eólica, e hidroeléctrica, pero también generación con fuentes fósiles —pero limpias—, como gas natural, alineándose con la meta nacional de alcanzar un 80 % de generación renovable para 2030. Por su parte, PET-3 ampliará la red de transmisión en 508 km, fortaleciendo la infraestructura para llevar electricidad a zonas rurales.
Estas licitaciones no solo atraerán inversión extranjera, sino que fomentarán precios competitivos, como se vio en PEG-4, donde la energía solar alcanzó ofertas muy favorables. Además, la interconexión con México y Centroamérica abre oportunidades para transacciones regionales, consolidando a Guatemala como líder energético.
Sin embargo, persisten retos significativos. La cobertura eléctrica, aunque ha alcanzado un 90.55 %, aún deja a comunidades rurales sin acceso. Lograr el 99.9 % proyectado en la próxima década requiere superar barreras logísticas y financieras, así como garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
La calidad del servicio enfrenta desafíos técnicos, como la modernización de líneas de transmisión obsoletas, que limitan la capacidad de soportar nueva generación. Además, la integración de tecnologías renovables variables, como solar y eólica, exige avances en almacenamiento energético para garantizar energía firme.
Finalmente, reducir precios para los consumidores demanda mayor competencia y eficiencia, combatiendo ineficiencias operativas y asegurando que los beneficios de las licitaciones se trasladen al usuario final.
Guatemala está en un momento clave. Aprovechar el marco legal y las PEG-5 y PET-3 puede potenciar al sector eléctrico, impulsando el desarrollo económico y social. El concurso y apoyo de la banca multilateral, por ejemplo, son claves.
No obstante, el éxito depende de una ejecución transparente, inversión en innovación y un compromiso firme para superar los rezagos, asegurando un servicio eléctrico accesible, confiable y asequible para todos los guatemaltecos.
