EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El destructor estadounidense USS Gravely atracó en Puerto España a finales de octubre, desatando una tormenta diplomática entre Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Venezuela. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de los acuerdos energéticos con Trinidad, denunciando una maniobra hostil que amenaza a la soberanía venezolana.
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El dilema gira en torno al campo gasífero Dragón, pieza clave del Caribe y símbolo de la pugna entre seguridad regional y control de recursos estratégicos.
En perspectiva. La controversia se da dentro de un cruce de seguridad y energía en el Caribe, donde licencias de EE. UU. y necesidades de gas de Trinidad y Tobago habían reactivado un proyecto anteriormente condicionado por sanciones.
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En enero del 2023, EE. UU. otorgó una licencia específica al país antillano para avanzar en el gasífero Dragón bajo sanciones, permitiendo el proyecto con restricciones.
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A finales del 2023 y principios del 2024, retiró el permiso y regresó los controles financieros estrictos a través de la OFAC, con un breve período para cerrar contratos vigentes.
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El 9 de octubre del 2025, Washington concedió una licencia nueva para que Shell y Trinidad y Tobago retomen la negociación sobre Dragón, con el compromiso de limitar beneficios al gobierno de Maduro.
Cómo funciona. El esquema combina sanciones financieras, licencias condicionadas y control logístico para subordinar la producción venezolana a los intereses estratégicos de Washington, manteniendo activo el flujo energético caribeño sin otorgar liquidez real al régimen de Maduro.
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Las regalías y dividendos se pagan en barriles de crudo o gas, de nuevo. PDVSA debe venderlos por su cuenta, asumiendo descuentos y sanciones.
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Debido a que el crudo venezolano está sancionado, Caracas requiere triangulaciones costosas que reducen sus márgenes, especialmente con la poca cantidad de demandantes dispuestos a comprar so pena de ser sancionados.
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Con Rosneft y Lukoil sancionadas, PDVSA pierde sus principales canales alternativos y queda más aislada del sistema financiero internacional, dependiendo casi por completo de licencias reguladas por Washington.
Entre líneas. EE. UU. está friend-shoring con Trinidad y Tobago, alineando seguridad energética regional y cumplimiento OFAC para proyectar poder geoeconómico en el Caribe con socios confiables.
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La estrategia estadounidense no solo busca contener a Venezuela, sino reconfigurar el mapa energético del Caribe bajo sus estándares y consolidar la infraestructura regional como vector de influencia política y financiera.
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Con Shell y NGC —como operadores bajo licencias—, EE. UU. modula el grifo del segundo mayor gasífero venezolano, Dragón, desde un punto logístico clave del Caribe, ganando control sobre volúmenes y ritmos de producción.
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Venezuela necesita producción y divisas para sostener su aparato interno y, simultáneamente, apaciguar a Washington en medio de la operación psicológica más grande en décadas.
En conclusión. La maniobra en torno al gasífero Dragón revela cómo la administración Trump intentará trasladar la dependencia energética del Caribe hacia un modelo regulado por su aparato financiero y logístico. De esa manera, EE. UU. consolidaría una arquitectura de control geoeconómico que debilita la autonomía venezolana y limita sus márgenes de maniobra.
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En este tablero, Caracas participaría por necesidad, mientras el verdadero poder de decisión sobre la energía regional se reconfigura allende sus fronteras.
El destructor estadounidense USS Gravely atracó en Puerto España a finales de octubre, desatando una tormenta diplomática entre Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Venezuela. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, anunció la suspensión de los acuerdos energéticos con Trinidad, denunciando una maniobra hostil que amenaza a la soberanía venezolana.
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El dilema gira en torno al campo gasífero Dragón, pieza clave del Caribe y símbolo de la pugna entre seguridad regional y control de recursos estratégicos.
En perspectiva. La controversia se da dentro de un cruce de seguridad y energía en el Caribe, donde licencias de EE. UU. y necesidades de gas de Trinidad y Tobago habían reactivado un proyecto anteriormente condicionado por sanciones.
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En enero del 2023, EE. UU. otorgó una licencia específica al país antillano para avanzar en el gasífero Dragón bajo sanciones, permitiendo el proyecto con restricciones.
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A finales del 2023 y principios del 2024, retiró el permiso y regresó los controles financieros estrictos a través de la OFAC, con un breve período para cerrar contratos vigentes.
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El 9 de octubre del 2025, Washington concedió una licencia nueva para que Shell y Trinidad y Tobago retomen la negociación sobre Dragón, con el compromiso de limitar beneficios al gobierno de Maduro.
Cómo funciona. El esquema combina sanciones financieras, licencias condicionadas y control logístico para subordinar la producción venezolana a los intereses estratégicos de Washington, manteniendo activo el flujo energético caribeño sin otorgar liquidez real al régimen de Maduro.
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Las regalías y dividendos se pagan en barriles de crudo o gas, de nuevo. PDVSA debe venderlos por su cuenta, asumiendo descuentos y sanciones.
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Debido a que el crudo venezolano está sancionado, Caracas requiere triangulaciones costosas que reducen sus márgenes, especialmente con la poca cantidad de demandantes dispuestos a comprar so pena de ser sancionados.
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Con Rosneft y Lukoil sancionadas, PDVSA pierde sus principales canales alternativos y queda más aislada del sistema financiero internacional, dependiendo casi por completo de licencias reguladas por Washington.
Entre líneas. EE. UU. está friend-shoring con Trinidad y Tobago, alineando seguridad energética regional y cumplimiento OFAC para proyectar poder geoeconómico en el Caribe con socios confiables.
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La estrategia estadounidense no solo busca contener a Venezuela, sino reconfigurar el mapa energético del Caribe bajo sus estándares y consolidar la infraestructura regional como vector de influencia política y financiera.
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Con Shell y NGC —como operadores bajo licencias—, EE. UU. modula el grifo del segundo mayor gasífero venezolano, Dragón, desde un punto logístico clave del Caribe, ganando control sobre volúmenes y ritmos de producción.
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Venezuela necesita producción y divisas para sostener su aparato interno y, simultáneamente, apaciguar a Washington en medio de la operación psicológica más grande en décadas.
En conclusión. La maniobra en torno al gasífero Dragón revela cómo la administración Trump intentará trasladar la dependencia energética del Caribe hacia un modelo regulado por su aparato financiero y logístico. De esa manera, EE. UU. consolidaría una arquitectura de control geoeconómico que debilita la autonomía venezolana y limita sus márgenes de maniobra.
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En este tablero, Caracas participaría por necesidad, mientras el verdadero poder de decisión sobre la energía regional se reconfigura allende sus fronteras.
