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Sector privado destaca que la ley contra el lavado fortalece la institucionalidad, estabilidad, transparencia y competitividad

.
Luis Gonzalez
03 de junio, 2026

El sector privado organizado coincidió en que la reciente aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo representa un paso decisivo para fortalecer la institucionalidad del país y consolidar un entorno económico más transparente, estable y atractivo para la inversión.

Qué destacar. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) destacó que la normativa, aprobada por el Congreso, constituye una decisión trascendental que refuerza el marco institucional de Guatemala y protege la estabilidad del sistema financiero.

  • Según el sector empresarial, la actualización de la legislación permite al país adaptarse a estándares internacionales, fortaleciendo las capacidades estatales para prevenir, detectar y combatir estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal.
  • En esa línea, el CACIF subrayó que la aprobación envía un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la transparencia.
  • Además, valoró la actuación de los diputados que respaldaron la iniciativa, al considerar que priorizaron los intereses nacionales y contribuyeron a resguardar la reputación de Guatemala ante inversionistas, organismos financieros y socios comerciales.

Por qué importa. Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) resaltó que el Decreto 15-2026 moderniza las herramientas del Estado para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineando al país con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de GAFILAT.

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  • Este alineamiento, afirmó, no solo fortalece la capacidad de detección de recursos ilícitos, sino que también impacta positivamente en la competitividad del país.
  • La CIG enfatizó que la ley brinda mayor certeza jurídica a los sectores productivos y protege la reputación financiera de Guatemala, un elemento clave para atraer inversión y dinamizar la economía.
  • No obstante, hizo un llamado a que la implementación sea efectiva, técnica y transparente, para asegurar que los beneficios de la normativa se traduzcan en desarrollo económico y generación de oportunidades.

En el radar. En el mismo sentido, la Cámara del Agro consideró que la nueva legislación es fundamental para fortalecer la institucionalidad, la confianza internacional y las condiciones para la inversión.

  • Señaló que una aplicación adecuada contribuirá a robustecer el sistema financiero y a promover el comercio y el crecimiento económico, en un contexto en el que la credibilidad del país resulta determinante.
  • A estas valoraciones se sumó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), que calificó la aprobación como una “decisión estratégica de competitividad país”. En su pronunciamiento, la entidad destacó que esta medida fortalece la confianza de inversionistas, socios comerciales y mercados internacionales, consolidando a Guatemala como un socio comercial seguro, transparente y competitivo.
  • Asimismo, recalcó que el reto inmediato es garantizar una implementación eficaz que cumpla con los objetivos de la ley, fortaleciendo el sistema financiero y protegiendo la reputación del país.

En conclusión. En conjunto, el sector privado coincidió en que la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado es una responsabilidad compartida que exige coordinación entre autoridades y actores económicos.

  • La aprobación de la ley, sostienen, no solo refuerza la legalidad, sino que también crea un marco propicio para el crecimiento sostenible, la generación de empleo y la atracción de inversiones.
  • De esta manera, Guatemala avanza en la construcción de un entorno más confiable y competitivo, en el que la transparencia y el cumplimiento se consolidan como pilares fundamentales del desarrollo.
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Sector privado destaca que la ley contra el lavado fortalece la institucionalidad, estabilidad, transparencia y competitividad

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Luis Gonzalez
03 de junio, 2026

El sector privado organizado coincidió en que la reciente aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo representa un paso decisivo para fortalecer la institucionalidad del país y consolidar un entorno económico más transparente, estable y atractivo para la inversión.

Qué destacar. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) destacó que la normativa, aprobada por el Congreso, constituye una decisión trascendental que refuerza el marco institucional de Guatemala y protege la estabilidad del sistema financiero.

  • Según el sector empresarial, la actualización de la legislación permite al país adaptarse a estándares internacionales, fortaleciendo las capacidades estatales para prevenir, detectar y combatir estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal.
  • En esa línea, el CACIF subrayó que la aprobación envía un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la transparencia.
  • Además, valoró la actuación de los diputados que respaldaron la iniciativa, al considerar que priorizaron los intereses nacionales y contribuyeron a resguardar la reputación de Guatemala ante inversionistas, organismos financieros y socios comerciales.

Por qué importa. Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) resaltó que el Decreto 15-2026 moderniza las herramientas del Estado para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, alineando al país con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de GAFILAT.

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  • Este alineamiento, afirmó, no solo fortalece la capacidad de detección de recursos ilícitos, sino que también impacta positivamente en la competitividad del país.
  • La CIG enfatizó que la ley brinda mayor certeza jurídica a los sectores productivos y protege la reputación financiera de Guatemala, un elemento clave para atraer inversión y dinamizar la economía.
  • No obstante, hizo un llamado a que la implementación sea efectiva, técnica y transparente, para asegurar que los beneficios de la normativa se traduzcan en desarrollo económico y generación de oportunidades.

En el radar. En el mismo sentido, la Cámara del Agro consideró que la nueva legislación es fundamental para fortalecer la institucionalidad, la confianza internacional y las condiciones para la inversión.

  • Señaló que una aplicación adecuada contribuirá a robustecer el sistema financiero y a promover el comercio y el crecimiento económico, en un contexto en el que la credibilidad del país resulta determinante.
  • A estas valoraciones se sumó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), que calificó la aprobación como una “decisión estratégica de competitividad país”. En su pronunciamiento, la entidad destacó que esta medida fortalece la confianza de inversionistas, socios comerciales y mercados internacionales, consolidando a Guatemala como un socio comercial seguro, transparente y competitivo.
  • Asimismo, recalcó que el reto inmediato es garantizar una implementación eficaz que cumpla con los objetivos de la ley, fortaleciendo el sistema financiero y protegiendo la reputación del país.

En conclusión. En conjunto, el sector privado coincidió en que la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado es una responsabilidad compartida que exige coordinación entre autoridades y actores económicos.

  • La aprobación de la ley, sostienen, no solo refuerza la legalidad, sino que también crea un marco propicio para el crecimiento sostenible, la generación de empleo y la atracción de inversiones.
  • De esta manera, Guatemala avanza en la construcción de un entorno más confiable y competitivo, en el que la transparencia y el cumplimiento se consolidan como pilares fundamentales del desarrollo.

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