EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El sector empresarial organizado, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), representado de manera presencial por 52 entidades, lanzó este lunes un contundente pronunciamiento para exigir al Congreso de la República la aprobación urgente de la ley integral contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Es noticia. Los empresarios advierten que el país enfrenta una amenaza inminente para su estabilidad económica, su reputación internacional y el bienestar de millones de familias.
- La declaración se produjo durante una comparecencia poco común, en la que decenas de representantes del sector privado se reunieron y expusieron de forma conjunta su preocupación.
- En el acto, que reflejó la amplitud del respaldo institucional, los dirigentes coincidieron en que el momento actual exige decisiones inmediatas y responsables.
- “El país ya no tiene tiempo que perder”, subrayaron, al remarcar que la discusión no es ideológica ni política, sino estrictamente económica y técnica.
Por qué importa. A su juicio, se trata de preservar la confianza internacional en Guatemala y proteger a millones de ciudadanos que sostienen la economía mediante su trabajo y emprendimiento.
- El CACIF advirtió que no aprobar la normativa, alineada con las directrices del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), podría derivar en la inclusión de Guatemala en la denominada “lista gris”.
- Esta condición, señalaron, no sería únicamente un golpe reputacional para el Estado, sino una etiqueta que afectaría a toda la economía nacional.
- “Ingresar a esa lista envía un mensaje negativo al mundo, de que el país no está comprometido con las reglas que garantizan la transparencia financiera”, indicaron.
En el radar. Las consecuencias, agregaron, serían directas y profundas: operaciones internacionales más lentas, más costosas y complejas, con impactos que alcanzarían tanto a grandes empresas como a pequeños negocios.
- Uno de los aspectos más sensibles señalados por el sector privado es el efecto sobre las remesas, fuente clave de ingresos para millones de hogares guatemaltecos.
- Según advirtieron, el costo de envío podría incrementarse hasta en un 40 %, además de imponer mayores controles y restricciones en los montos que reciben las familias.
- Asimismo, alertaron sobre el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen del acceso al crédito y del sistema financiero para operar.
Qué destacar. “Si el país es catalogado de mayor riesgo, aumentarán los requisitos, se encarecerá el financiamiento y se reducirá la liquidez, limitando la capacidad de generar empleo”, enfatizaron.
- El pronunciamiento también puso énfasis en el riesgo para las corresponsalías bancarias, consideradas esenciales para las transacciones internacionales, incluyendo importaciones, exportaciones, pagos y transferencias.
- Una eventual degradación del país podría encarecer o incluso restringir estos servicios, reduciendo la competitividad de Guatemala.
- Además, recordaron que organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido que los países en lista gris enfrentan caídas en los flujos de capital y en la inversión extranjera directa. “Cuando cae la inversión, cae el crecimiento, y eso termina afectando a todos los ciudadanos”, señalaron.
En conclusión. El CACIF fue enfático en destacar que el lavado de dinero no es un problema abstracto, sino un fenómeno que distorsiona los mercados, debilita la competencia y erosiona la institucionalidad.
- Por ello, insistieron en que combatirlo es indispensable para proteger la economía formal y garantizar la prosperidad.
- Finalmente, hicieron un llamado directo a los diputados: “Aprobar esta ley no es opcional, es un acto de responsabilidad con el presente y un compromiso con el futuro del país”. Subrayaron que Guatemala no puede darse el lujo de retroceder y que la decisión del Congreso será determinante para evitar consecuencias económicas severas.
- “El país necesita una legislación moderna, robusta y alineada con estándares internacionales. Es momento de dar un paso al frente por Guatemala”, concluyeron.
El sector empresarial organizado, representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), representado de manera presencial por 52 entidades, lanzó este lunes un contundente pronunciamiento para exigir al Congreso de la República la aprobación urgente de la ley integral contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Es noticia. Los empresarios advierten que el país enfrenta una amenaza inminente para su estabilidad económica, su reputación internacional y el bienestar de millones de familias.
- La declaración se produjo durante una comparecencia poco común, en la que decenas de representantes del sector privado se reunieron y expusieron de forma conjunta su preocupación.
- En el acto, que reflejó la amplitud del respaldo institucional, los dirigentes coincidieron en que el momento actual exige decisiones inmediatas y responsables.
- “El país ya no tiene tiempo que perder”, subrayaron, al remarcar que la discusión no es ideológica ni política, sino estrictamente económica y técnica.
Por qué importa. A su juicio, se trata de preservar la confianza internacional en Guatemala y proteger a millones de ciudadanos que sostienen la economía mediante su trabajo y emprendimiento.
- El CACIF advirtió que no aprobar la normativa, alineada con las directrices del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), podría derivar en la inclusión de Guatemala en la denominada “lista gris”.
- Esta condición, señalaron, no sería únicamente un golpe reputacional para el Estado, sino una etiqueta que afectaría a toda la economía nacional.
- “Ingresar a esa lista envía un mensaje negativo al mundo, de que el país no está comprometido con las reglas que garantizan la transparencia financiera”, indicaron.
En el radar. Las consecuencias, agregaron, serían directas y profundas: operaciones internacionales más lentas, más costosas y complejas, con impactos que alcanzarían tanto a grandes empresas como a pequeños negocios.
- Uno de los aspectos más sensibles señalados por el sector privado es el efecto sobre las remesas, fuente clave de ingresos para millones de hogares guatemaltecos.
- Según advirtieron, el costo de envío podría incrementarse hasta en un 40 %, además de imponer mayores controles y restricciones en los montos que reciben las familias.
- Asimismo, alertaron sobre el impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen del acceso al crédito y del sistema financiero para operar.
Qué destacar. “Si el país es catalogado de mayor riesgo, aumentarán los requisitos, se encarecerá el financiamiento y se reducirá la liquidez, limitando la capacidad de generar empleo”, enfatizaron.
- El pronunciamiento también puso énfasis en el riesgo para las corresponsalías bancarias, consideradas esenciales para las transacciones internacionales, incluyendo importaciones, exportaciones, pagos y transferencias.
- Una eventual degradación del país podría encarecer o incluso restringir estos servicios, reduciendo la competitividad de Guatemala.
- Además, recordaron que organismos como el Fondo Monetario Internacional han advertido que los países en lista gris enfrentan caídas en los flujos de capital y en la inversión extranjera directa. “Cuando cae la inversión, cae el crecimiento, y eso termina afectando a todos los ciudadanos”, señalaron.
En conclusión. El CACIF fue enfático en destacar que el lavado de dinero no es un problema abstracto, sino un fenómeno que distorsiona los mercados, debilita la competencia y erosiona la institucionalidad.
- Por ello, insistieron en que combatirlo es indispensable para proteger la economía formal y garantizar la prosperidad.
- Finalmente, hicieron un llamado directo a los diputados: “Aprobar esta ley no es opcional, es un acto de responsabilidad con el presente y un compromiso con el futuro del país”. Subrayaron que Guatemala no puede darse el lujo de retroceder y que la decisión del Congreso será determinante para evitar consecuencias económicas severas.
- “El país necesita una legislación moderna, robusta y alineada con estándares internacionales. Es momento de dar un paso al frente por Guatemala”, concluyeron.
