Panorama Político Semanal: Las cortes no descansan, Walter Mazariegos tampoco

Mientras la mayoría de los guatemaltecos hacen una pausa en su rutina laboral durante esta semana, algunas instituciones y actores no descansan. 

Qué destacar. Uno de los focos centrales es la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde esta semana resulta clave para la estrategia del rector Walter Mazariegos y su círculo. 

• El objetivo es claro: impedir que los electores opositores participen en la elección prevista para el 8 de abril. El rector y la mayoría del Consejo Superior Universitario han sido señalados de abusar de su poder para cerrar el proceso a cualquier disidencia. 

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• Bajo este esquema, solo se busca que participen electores afines, aun recurriendo a maniobras legales o abiertamente irregulares. Cualquier decisión, por improvisada que sea, parece válida si sirve para no reconocer la elección de los cuerpos electorales. 

• Mazariegos ha demostrado estar dispuesto a mantenerse en el cargo a cualquier costo, como ya ocurrió anteriormente. Sin embargo, en las cortes del país se analizan diversos recursos legales contra estas acciones. Esa vía judicial es hoy la principal apuesta de la oposición universitaria. La salida legal aparece como la última barrera antes del 8 de abril frente a una estrategia que muchos califican de tramposa. 

En el radar. La Comisión de Postulación (CP) para fiscal general tendrá esta semana un breve respiro antes de entrar en jornadas intensas tras Semana Santa. A partir del 6 de abril iniciarán cuatro días de audiencias públicas, exceptuando el miércoles, para entrevistar a los 49 aspirantes. 

• Las sesiones comenzarán a las 9 h y cada candidato contará con 30 minutos de participación. Cinco minutos serán para exponer su plan de trabajo y el resto para responder preguntas de los comisionados. 

• En promedio, cada jornada permitirá escuchar a 12 profesionales que superaron las fases previas. Concluidas las entrevistas, la CP avanzará en las evaluaciones y calificaciones finales. 

• La nómina de seis candidatos se publicará el 20 de abril en el Diario Oficial; las impugnaciones podrán hacerse del 21 al 23. La lista final será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá elegir al nuevo fiscal general antes de su toma de posesión el 17 de mayo de 2026. 

Lo que sigue. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) llevará a cabo una reunión extraordinaria el 31 de marzo, a partir de las 10 h, en el Palacio Nacional de la Cultura. 

• La convocatoria establece como punto único de agenda la discusión de un punto resolutivo sobre la distribución de la ampliación presupuestaria 2026. En la misma sesión también se abordará el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027. 

• Este encuentro será la segunda sesión del CONADUR en 2026, luego de la realizada el 2 de marzo. La entidad reúne a representantes de sectores de la población y consejos regionales de desarrollo.  

• El objetivo es agilizar la inversión pública, priorizando los territorios con mayores necesidades. Las decisiones que se adopten tendrán impacto directo en la planificación y ejecución del gasto público en el país. 

Ecos regionales. Honduras vive un cambio relevante en el Poder Judicial con la designación de Wagner Vallecillo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. El relevo genera expectativa por un posible giro en independencia, transparencia y eficiencia judicial. 

• De Vallecillo se espera liderazgo institucional y avances en la despolitización de la justicia. Su perfil lo coloca como una figura clave en la reconfiguración del sistema judicial hondureño. El cambio ocurre tras años de cuestionamientos sobre politización, corrupción e independencia judicial. 

• Varios comercios administrados por ciudadanos chinos están cerrando en Nicaragua debido a la saturación del mercado. La competencia entre negocios similares, la sobreoferta y los bajos márgenes han vuelto insostenible la operación de muchos de ellos. 

• Costa Rica firmó un acuerdo con EE. UU. para responder de inmediato a avisos sobre deportaciones a terceros países, con potestad de aceptar o rechazar cada caso. El plan contempla hasta 25 personas por semana, estatus temporal y costos cubiertos por EE. UU. con apoyo de la OIM, bajo garantías de derechos humanos.