EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A menos de dos meses de la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), programada para el 8 de abril de 2026, la ciudadanía en general observa con alarma cómo se repite el guion del 2022. Walter Mazariegos, figura indeseable tanto en el ámbito académico como en la política nacional, se perfila para perpetuarse en la rectoría mediante las mismas mañas, trampas y violaciones a la legalidad que lo instalaron de facto hace cuatro años. Su presencia en la máxima casa de estudios es un lastre.
Recordemos los vergonzosos hechos del 14 de mayo de 2022 en el Parque de la Industria. Ante la imposibilidad de llevar a cabo la elección en las instalaciones universitarias por la resistencia estudiantil y docente, el Consejo Superior Universitario (CSU) —ya entonces controlado por sus aliados— trasladó el evento fuera de la USAC. Bajo las órdenes del Mingob de Giammattei, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo donde se lanzó gas lacrimógeno contra estudiantes y manifestantes.
Con ello se impidió el ingreso de decenas de electores opositores. Hombres encapuchados y armados custodiaban las puertas. Solo 72 de los 170 electores acreditados pudieron participar; los cuerpos electorales que favorecían a otros candidatos fueron anulados arbitrariamente. Mazariegos ganó sin competencia. Fue un fraude descarado, validado por un CSU complaciente.
Cuatro años después, el panorama es igual o peor; el actual CSU está integrado de manera ilegítima e ilegal. Más del 73 % de sus 41 miembros —alrededor de 30— operan con periodos vencidos desde hace meses. La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en febrero de 2025 —y reafirmó en mayo del mismo año— que se convocaran elecciones urgentes para renovar esos cargos y se diera posesión inmediata a los electores designados. Mazariegos y su bloque se han negado sistemáticamente.
No han convocado las elecciones completas ni han acreditado a los nuevos representantes opositores. Así, el CSU sigue secuestrado por consejeros leales al rector, violando flagrantemente la Ley Orgánica de la USAC, el Estatuto y fallos constitucionales. Ese órgano, por tanto, carece de legitimidad para cualquier acto de gobierno universitario; la ilegitimidad contamina todo lo que toca.
Recientemente, el mismo CSU designó magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. El proceso está viciado de nulidad: un consejo con mayoría de miembros vencidos y desobediente de la CC no puede elegir a quienes interpretan la Constitución. Es un escándalo que debilita el sistema de justicia guatemalteco.
Peor aún, Mazariegos presidió —junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Henry Arriaga— la Comisión de Postulación de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032. El listado resultante ha sido rechazado de plano por la Embajada de EE. UU., el sector privado organizado y amplios sectores de la sociedad civil. John Barrett, encargado de negocios de la Embajada, denunció que las universidades “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”. Mazariegos es, entonces, una pieza indeseable en la política nacional.
De cara al 8 de abril, la falta de plena y legítima integración del Cuerpo Electoral Universitario (CEU) garantiza el escenario perfecto para otra imposición. Si el CEU no se conforma correctamente, el CSU ilegítimo resolverá entre los dos más votados. Así, el actual rector, mediante coacción institucional, trampas administrativas y violencia simbólica, se quedará cuatro años más en la Rectoría.
Mazariegos es un lastre académico y un actor político pernicioso que ha convertido la universidad en botín personal. El fraude del 2022 no puede ni debe repetirse.
A menos de dos meses de la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), programada para el 8 de abril de 2026, la ciudadanía en general observa con alarma cómo se repite el guion del 2022. Walter Mazariegos, figura indeseable tanto en el ámbito académico como en la política nacional, se perfila para perpetuarse en la rectoría mediante las mismas mañas, trampas y violaciones a la legalidad que lo instalaron de facto hace cuatro años. Su presencia en la máxima casa de estudios es un lastre.
Recordemos los vergonzosos hechos del 14 de mayo de 2022 en el Parque de la Industria. Ante la imposibilidad de llevar a cabo la elección en las instalaciones universitarias por la resistencia estudiantil y docente, el Consejo Superior Universitario (CSU) —ya entonces controlado por sus aliados— trasladó el evento fuera de la USAC. Bajo las órdenes del Mingob de Giammattei, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo donde se lanzó gas lacrimógeno contra estudiantes y manifestantes.
Con ello se impidió el ingreso de decenas de electores opositores. Hombres encapuchados y armados custodiaban las puertas. Solo 72 de los 170 electores acreditados pudieron participar; los cuerpos electorales que favorecían a otros candidatos fueron anulados arbitrariamente. Mazariegos ganó sin competencia. Fue un fraude descarado, validado por un CSU complaciente.
Cuatro años después, el panorama es igual o peor; el actual CSU está integrado de manera ilegítima e ilegal. Más del 73 % de sus 41 miembros —alrededor de 30— operan con periodos vencidos desde hace meses. La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó en febrero de 2025 —y reafirmó en mayo del mismo año— que se convocaran elecciones urgentes para renovar esos cargos y se diera posesión inmediata a los electores designados. Mazariegos y su bloque se han negado sistemáticamente.
No han convocado las elecciones completas ni han acreditado a los nuevos representantes opositores. Así, el CSU sigue secuestrado por consejeros leales al rector, violando flagrantemente la Ley Orgánica de la USAC, el Estatuto y fallos constitucionales. Ese órgano, por tanto, carece de legitimidad para cualquier acto de gobierno universitario; la ilegitimidad contamina todo lo que toca.
Recientemente, el mismo CSU designó magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. El proceso está viciado de nulidad: un consejo con mayoría de miembros vencidos y desobediente de la CC no puede elegir a quienes interpretan la Constitución. Es un escándalo que debilita el sistema de justicia guatemalteco.
Peor aún, Mazariegos presidió —junto al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Henry Arriaga— la Comisión de Postulación de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2026-2032. El listado resultante ha sido rechazado de plano por la Embajada de EE. UU., el sector privado organizado y amplios sectores de la sociedad civil. John Barrett, encargado de negocios de la Embajada, denunció que las universidades “abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes”. Mazariegos es, entonces, una pieza indeseable en la política nacional.
De cara al 8 de abril, la falta de plena y legítima integración del Cuerpo Electoral Universitario (CEU) garantiza el escenario perfecto para otra imposición. Si el CEU no se conforma correctamente, el CSU ilegítimo resolverá entre los dos más votados. Así, el actual rector, mediante coacción institucional, trampas administrativas y violencia simbólica, se quedará cuatro años más en la Rectoría.
Mazariegos es un lastre académico y un actor político pernicioso que ha convertido la universidad en botín personal. El fraude del 2022 no puede ni debe repetirse.
