EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Oficialismo y oposición compiten por los 107 votos clave para elegir a los magistrados del TSE
Aunque los diputados acordaron incluir en la agenda de la plenaria de hoy la elección de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún no están asegurados los 107 votos necesarios para nombrar a las nuevas autoridades del órgano electoral.
Según varios diputados consultados, hasta ayer ninguna de las fuerzas políticas contaba con los votos suficientes para garantizar la elección, por lo que las negociaciones continúan entre las distintas bancadas en busca de consensos.
En ese contexto, los nombres que se mencionan en los pasillos del Congreso todavía no son definitivos, ya que los acuerdos pueden modificarse en las horas previas a la votación. Entre los perfiles que han sido mencionados en las conversaciones figuran Juan José Bolaños, Karin Romero, Eva Recinos, Roberto Morales y José Luis Samayoa; diputados de diferentes bloques coincidieron en que el nombre de Lesther Castellanos no aparece en ninguna de las posibles listas. Castellanos fue señalado de socavar la democracia y se le retiró la visa, al igual que a Wilber Castellanos, vinculado al caso Comisiones Paralelas.
Ante la posibilidad de que este martes no se logre concretar la elección, los diputados incluyeron, nuevamente, el tema en la agenda de la sesión prevista para el próximo jueves, como una medida preventiva para evitar retrasos en el proceso.
El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Junta Directiva del Congreso, reconoció que se trata de una elección compleja, ya que se debe designar a cinco magistrados titulares y cinco suplentes del TSE. “Estos magistrados se eligen con 107 votos, entonces debe haber mucho consenso dentro del pleno. Se está trabajando en los acuerdos con las diferentes bancadas [...] esta elección debe tener mucho consenso. Casi todas las bancadas deben dar sus votos”, declaró.
Rivera añadió que, si la elección no se concreta hoy, se intentará nuevamente el jueves e incluso podría declararse sesión permanente hasta concluir el proceso, ya que recordó que el 20 de marzo deben asumir las nuevas autoridades electorales.
Lavado de dinero a primer debate
Junto a la elección de magistrados, también está previsto avanzar con el primer debate de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, iniciativa 6593, la cual busca responder a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La propuesta pretende prevenir este delito y modernizar el actual sistema antilavado del país.
Las evaluaciones del GAFI han advertido riesgos reales de que Guatemala ingrese a la llamada “lista gris”. El proyecto establece que el país necesita una legislación “especializada y técnica”, alineada con estándares internacionales, enfocada en prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí se hizo mucho énfasis en que la norma no busca perseguir la economía informal, restringir el uso de efectivo ni introducir objetivos tributarios.
Además, se prohíben las cuentas anónimas o con nombres ficticios y se obliga a las entidades incluidas en la ley a identificar plenamente al cliente y al beneficiario final de los fondos.
La propuesta también amplía y detalla el catálogo de “personas obligadas” que deberán cumplir controles ante la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El objetivo es cerrar brechas utilizadas por redes criminales sin afectar las actividades lícitas.
Oficialismo y oposición compiten por los 107 votos clave para elegir a los magistrados del TSE
Aunque los diputados acordaron incluir en la agenda de la plenaria de hoy la elección de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aún no están asegurados los 107 votos necesarios para nombrar a las nuevas autoridades del órgano electoral.
Según varios diputados consultados, hasta ayer ninguna de las fuerzas políticas contaba con los votos suficientes para garantizar la elección, por lo que las negociaciones continúan entre las distintas bancadas en busca de consensos.
En ese contexto, los nombres que se mencionan en los pasillos del Congreso todavía no son definitivos, ya que los acuerdos pueden modificarse en las horas previas a la votación. Entre los perfiles que han sido mencionados en las conversaciones figuran Juan José Bolaños, Karin Romero, Eva Recinos, Roberto Morales y José Luis Samayoa; diputados de diferentes bloques coincidieron en que el nombre de Lesther Castellanos no aparece en ninguna de las posibles listas. Castellanos fue señalado de socavar la democracia y se le retiró la visa, al igual que a Wilber Castellanos, vinculado al caso Comisiones Paralelas.
Ante la posibilidad de que este martes no se logre concretar la elección, los diputados incluyeron, nuevamente, el tema en la agenda de la sesión prevista para el próximo jueves, como una medida preventiva para evitar retrasos en el proceso.
El diputado Juan Carlos Rivera, integrante de la Junta Directiva del Congreso, reconoció que se trata de una elección compleja, ya que se debe designar a cinco magistrados titulares y cinco suplentes del TSE. “Estos magistrados se eligen con 107 votos, entonces debe haber mucho consenso dentro del pleno. Se está trabajando en los acuerdos con las diferentes bancadas [...] esta elección debe tener mucho consenso. Casi todas las bancadas deben dar sus votos”, declaró.
Rivera añadió que, si la elección no se concreta hoy, se intentará nuevamente el jueves e incluso podría declararse sesión permanente hasta concluir el proceso, ya que recordó que el 20 de marzo deben asumir las nuevas autoridades electorales.
Lavado de dinero a primer debate
Junto a la elección de magistrados, también está previsto avanzar con el primer debate de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, iniciativa 6593, la cual busca responder a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La propuesta pretende prevenir este delito y modernizar el actual sistema antilavado del país.
Las evaluaciones del GAFI han advertido riesgos reales de que Guatemala ingrese a la llamada “lista gris”. El proyecto establece que el país necesita una legislación “especializada y técnica”, alineada con estándares internacionales, enfocada en prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí se hizo mucho énfasis en que la norma no busca perseguir la economía informal, restringir el uso de efectivo ni introducir objetivos tributarios.
Además, se prohíben las cuentas anónimas o con nombres ficticios y se obliga a las entidades incluidas en la ley a identificar plenamente al cliente y al beneficiario final de los fondos.
La propuesta también amplía y detalla el catálogo de “personas obligadas” que deberán cumplir controles ante la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El objetivo es cerrar brechas utilizadas por redes criminales sin afectar las actividades lícitas.
