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“No voy a renunciar”: Francisco Jiménez responde a críticas tras fuga en Fraijanes II

.
Isabel Ortiz
13 de octubre, 2025

“No voy a renunciar”, así lo afirmó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, al responder a los señalamientos que han surgido tras la fuga de 20 pandilleros de la Mara 18 del centro penitenciario Fraijanes II.

Voces. En declaraciones ofrecidas el lunes 13 de octubre, Jiménez fue enfático en que no dejará el cargo en medio de la crisis.

  • “Yo no estoy evaluando dejar a medias la tarea que tenemos que cumplir”, expresó. “No voy a dejar a medias esta situación. No voy a renunciar, no lo he considerado porque tengo que dejar esta situación resuelta”.
  • El ministro se refirió también a los comentarios en redes sociales que exigen su salida, especialmente los realizados por el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien lo ha responsabilizado públicamente por la evasión.
  • Jiménez indicó que está analizando presentar acciones legales contra Solórzano, debido a que, según sus palabras, aparentemente tiene contacto directo con pandilleros que le facilitan información. “Eso es grave y lo estamos evaluando jurídicamente”, dijo.

Por qué importa. Además, señaló que los ataques de Solórzano tienen motivaciones políticas y que también han sido dirigidos contra la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia.

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  • “Hay intereses detrás de estos señalamientos. No es casualidad que vengan de alguien con antecedentes penales y una agenda política clara”, afirmó Jiménez.
  • Solórzano tomó lo expresado por Jiménez como una amenaza. Dijo que seguirá denunciado los hechos porque la fuga fue una componenda entre los funcionarios y mareros para reducir los hechos criminales.
  • Añadió que la información la obtuvo de manera directa de personas que consideraron que solo él podía hacer público lo ocurrido desde agosto. 

Datos. Solórzano fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Jimmy Morales, cargo que dejó tras no cumplir con la meta de recaudación fiscal, uno de los requisitos establecidos por ley. Desde entonces, ha mantenido una postura crítica hacia Jiménez, cuestionando su idoneidad para el cargo.

  • Solórzano cuenta con tres condenas penales, principalmente por haberse acogido a la ley de aceptación de cargos. En junio de 2023, fue condenado a dos años de prisión conmutables por falsedad ideológica con agravación electoral, tras firmar actas con documentación falsa para la creación de un partido político.
  • Ese mismo mes, aceptó su culpabilidad por violencia psicológica contra la mujer y abuso de autoridad, siendo sentenciado a tres años y tres meses de prisión conmutables. También fue condenado a cuatro años de prisión por patrocinio infiel y obstaculización a la acción penal, en un caso vinculado a la defensa del periodista José Rubén Zamora.
  • Además, fue obligado a pagar GTQ 40 000 y ofrecer una disculpa pública por daños al sistema de justicia. En abril de 2023, fue capturado por el delito de obstaculización a la acción penal, según el Ministerio Público.

En conclusión. A pesar de la presión mediática y política, el ministro reafirmó que su prioridad es la recaptura de los 19 pandilleros que aún permanecen prófugos. En la madrugada del lunes, la Policía Nacional Civil logró la captura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, líder de la clica Latín Family, quien fue localizado en Santa Rosa portando un arma robada. Dos mareros que lo custodiaban también fueron detenidos.

  • Jiménez aseguró que todos los recursos del Estado están movilizados para dar con el paradero de los fugitivos. “Cada policía está activado. No vamos a descansar hasta que estén de nuevo tras las rejas”, concluyó.
  • Finalmente, el ministro pidió apoyo al Congreso de la República para impulsar una reforma profunda a la Ley del Sistema Carcelario.
  • Señaló que el marco legal actual es insuficiente para enfrentar los desafíos que representa el crimen organizado dentro de las cárceles, y que se requiere una legislación moderna que permita fortalecer la seguridad, la tecnología y la capacidad operativa del sistema penitenciario.
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“No voy a renunciar”: Francisco Jiménez responde a críticas tras fuga en Fraijanes II

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Isabel Ortiz
13 de octubre, 2025

“No voy a renunciar”, así lo afirmó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, al responder a los señalamientos que han surgido tras la fuga de 20 pandilleros de la Mara 18 del centro penitenciario Fraijanes II.

Voces. En declaraciones ofrecidas el lunes 13 de octubre, Jiménez fue enfático en que no dejará el cargo en medio de la crisis.

  • “Yo no estoy evaluando dejar a medias la tarea que tenemos que cumplir”, expresó. “No voy a dejar a medias esta situación. No voy a renunciar, no lo he considerado porque tengo que dejar esta situación resuelta”.
  • El ministro se refirió también a los comentarios en redes sociales que exigen su salida, especialmente los realizados por el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien lo ha responsabilizado públicamente por la evasión.
  • Jiménez indicó que está analizando presentar acciones legales contra Solórzano, debido a que, según sus palabras, aparentemente tiene contacto directo con pandilleros que le facilitan información. “Eso es grave y lo estamos evaluando jurídicamente”, dijo.

Por qué importa. Además, señaló que los ataques de Solórzano tienen motivaciones políticas y que también han sido dirigidos contra la viceministra de Seguridad, Claudia Palencia.

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  • “Hay intereses detrás de estos señalamientos. No es casualidad que vengan de alguien con antecedentes penales y una agenda política clara”, afirmó Jiménez.
  • Solórzano tomó lo expresado por Jiménez como una amenaza. Dijo que seguirá denunciado los hechos porque la fuga fue una componenda entre los funcionarios y mareros para reducir los hechos criminales.
  • Añadió que la información la obtuvo de manera directa de personas que consideraron que solo él podía hacer público lo ocurrido desde agosto. 

Datos. Solórzano fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Jimmy Morales, cargo que dejó tras no cumplir con la meta de recaudación fiscal, uno de los requisitos establecidos por ley. Desde entonces, ha mantenido una postura crítica hacia Jiménez, cuestionando su idoneidad para el cargo.

  • Solórzano cuenta con tres condenas penales, principalmente por haberse acogido a la ley de aceptación de cargos. En junio de 2023, fue condenado a dos años de prisión conmutables por falsedad ideológica con agravación electoral, tras firmar actas con documentación falsa para la creación de un partido político.
  • Ese mismo mes, aceptó su culpabilidad por violencia psicológica contra la mujer y abuso de autoridad, siendo sentenciado a tres años y tres meses de prisión conmutables. También fue condenado a cuatro años de prisión por patrocinio infiel y obstaculización a la acción penal, en un caso vinculado a la defensa del periodista José Rubén Zamora.
  • Además, fue obligado a pagar GTQ 40 000 y ofrecer una disculpa pública por daños al sistema de justicia. En abril de 2023, fue capturado por el delito de obstaculización a la acción penal, según el Ministerio Público.

En conclusión. A pesar de la presión mediática y política, el ministro reafirmó que su prioridad es la recaptura de los 19 pandilleros que aún permanecen prófugos. En la madrugada del lunes, la Policía Nacional Civil logró la captura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, líder de la clica Latín Family, quien fue localizado en Santa Rosa portando un arma robada. Dos mareros que lo custodiaban también fueron detenidos.

  • Jiménez aseguró que todos los recursos del Estado están movilizados para dar con el paradero de los fugitivos. “Cada policía está activado. No vamos a descansar hasta que estén de nuevo tras las rejas”, concluyó.
  • Finalmente, el ministro pidió apoyo al Congreso de la República para impulsar una reforma profunda a la Ley del Sistema Carcelario.
  • Señaló que el marco legal actual es insuficiente para enfrentar los desafíos que representa el crimen organizado dentro de las cárceles, y que se requiere una legislación moderna que permita fortalecer la seguridad, la tecnología y la capacidad operativa del sistema penitenciario.

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